El sabotaje desatendido

Autoridades de una decena de municipios del Estado de México, entre ellos Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Toluca, insistieron ayer en que existe sabotaje detrás de los “apagones” que no cesan en sus colonias. Hace unos días el propio gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, hizo esta denuncia públicamente.

Mientras tanto, en el Distrito Federal, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se han reunido ya en varias ocasiones con el titular de la Secretaría de Protección Civil, Elías Moreno Brizuela, para verificar el estado del cableado eléctrico. Por supuesto, también van a revisar por qué se va la luz.

Es decir, 17 días después de que la Policía Federal tomó las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro tras decretarse su extinción, los ciudadanos somos hoy los más afectados por las fallas en la energía eléctrica.

Si revisamos legalmente a quién corresponde investigar el delito de sabotaje, podemos confirmar que es a la Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Arturo Chávez Chávez, por tratarse de un delito del orden federal.

No obstante, al solicitar informes a esta dependencia, sus funcionarios aseguran que no existe una denuncia formal y que este supuesto delito imputado a integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, no es motivo de indagatoria hasta este momento.

Con mucho trabajo –y eso, se vieron obligados a emitir un comunicado el lunes por la noche-, los de la PGR iniciaron una averiguación previa a petición de la CFE, porque los ex trabajadores no entregaron más de 40 vehículos que tenían en resguardo.

Esta averiguación previa ni nos va ni nos viene a los ciudadanos comunes. Nosotros queremos un mejor servicio de energía eléctrica y que terminen los extraños “apagones” posteriores a la extinción de LFC.

El chiste es difundir nuestras quejas a través de todos los medios posibles, por Internet, poniendo quejas en la CFE o ante autoridades delegacionales, estatales o municipales, para que el Ministerio Público Federal (es decir, la PGR), tome cartas en el asunto y se investigue para que el problema quede resuelto.

Muchos de nosotros estamos enterados de que los ex trabajadores que conocen los transformadores y parte del sistema operativo de Luz y Fuerza, “bajaron las cuchillas” de estos armatostes que vemos en las calles y simplemente han dejado sin luz a colonias completas.

Por cierto, la Policía Federal, que sigue custodiando instalaciones y cuidando que no haya violencia en los centros de liquidación de los ex empleados, no se han movido hacia esos transformadores.

¿Será lentitud de la autoridad federal o quizá esté actuando con cautela para evitar confrontaciones con el SME?

No lo sabemos, pero sí queremos luz en casa y un mejor sistema de cobro de quien nos cobra la energía eléctrica que consumimos.

Una Comisión fortalecida

El respeto a los derechos humanos y en especial por parte de los cuerpos militares y de seguridad, es una de las grandes tareas en el país que para vergüenza nuestra, está en la lupa de organismos internacionales de manera negativa.

Este tema cobra mayor importancia en momentos en los que el Senado debe definir, de entre 27 candidatos, quién será el nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el organismo que fue creado para ser vigilante de que no se cometan abusos de la autoridad.

Para muestra sobre cómo ve el mundo el respeto a las garantías individuales en México basta conocer algunos pronunciamientos públicos de organismos como Amnistía Internacional, quien por ejemplo, el pasado mes de febrero, reveló que el gobierno de Felipe Calderón ha entregado a la Organización de las Naciones Unidas valoraciones incompletas sobre la situación de los derechos humanos en México.

Según Kerrie Howard, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para América, estos reportes para nada reflejan la realidad que se vive en el país.

“No hay información sobre el progreso en la prevención a las continuas violaciones a los derechos humanos y en el combate a la impunidad”, señaló la representante del organismo.

En los reportes de AI se incluye información como que los defensores de derechos humanos, principalmente los que trabajan en pequeñas comunidades mexicanas, sufren persecución, acoso y detenciones ilegales.

Otros documentos del mismo organismo detallan que durante varios años han existido múltiples muestras de que el Estado mexicano no ha cumplido a cabalidad sus obligaciones internacionales, contraídas a través de la firma de diversos tratados sobre el tema de los derechos humanos.

AI ejemplifica con el incumplimiento del Acuerdo Nacional por ola Seguridad, la Justicia y la Legalidad por parte de distintas autoridades mexicanas que no asumieron el compromiso de obedecer este documento.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció a México el pasado mes de abril ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la muerte, tortura, amenazas y privación de la libertad de 107 indígenas de Guerrero por parte de militares y policías.

En ese pronunciamiento se exige al gobierno mexicano adoptar medidas complementarias para proteger a las víctimas.

Como cereza en el pastel, el organismo no gubernamental Reporteros sin Fronteras califica en un reciente informe a México como el país de América más peligroso para los periodistas, pues no se respetan sus garantías y sufren agresiones de todo tipo, desde encarcelamientos y amenazas hasta homicidios con violencia extrema.

Según RSF, nuestro país padeció desde el año 2000 la muerte de 55 periodistas, de los cuales nueve han ocurrido en lo que va del presente año.

Este panorama, entonces, hace indispensable y urgente contar con una CNDH fuerte, eficaz y respetable. Nuestros senadores tienen la obligación de ser nuestra voz pensando concienzudamente y con toda responsabilidad en cuál de los candidatos a encabezar al organismo tiene la capacidad de fortalecer a la institución para que logre, con sus pronunciamientos y recomendaciones, que el gobierno mexicano corrija y combata toda la serie de violaciones que por hoy deben ser ventiladas por organismos internacionales.

Y entre los nombres que se tienen hay gente reconocida, con amplias y exitosas experiencias como defensores de derechos humanos, con valiosos respaldos de académicos y estudiosos del tema y algunos realmente comprometidos en hacer cumplir con las garantías individuales utilizando las armas que ofrece la propia comisión nacional.

Desafortunadamente, también están los que pretenden dar continuidad al débil y cuestionado trabajo de José Luis Soberanes frente a la CNDH y que formaron parte de su equipo, los que representan a la autoridad porque incluso renunciaron a cargos en el gobierno federal para contender a este cargo, o simplemente los que significan para los senadores el debilitamiento del organismo defensor de los derechos humanos. ¿Y por qué les interesaría esto? Quizá se ven en un futuro cercano en importantes cargos públicos y requieren de una comisión que no haga mucho ruido.

Este es el momento, pues, de tomar una decisión fundamental que si se mira como un beneficio personal o partidista, forzosamente tendrá costos muy altos.

Hogares seguros

Los vecinos de Valle Dorado poco a poco han regresado a la cotidianeidad después de los insuficientes pagos por indemnización que les otorgó el gobierno, la crisis de miedo por probables infecciones provocadas por las aguas negras y la difícil recuperación de pertenencias.

Para muchos, la parte de esta recuperación más complicada ha sido tener las viviendas en buen estado, así como realizar gastos en reparaciones, pintura y trabajos de mantenimiento.

Y justo cuando hace poco más de un mes hablábamos en este espacio del tema, hoy hay cifras oficiales que refuerzan la realidad a la que se enfrentaron las familias de Valle Dorado y que muestran que el problema de la falta de seguridad en las viviendas es un problema generalizado.

Según los números de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), poco más del 2 por ciento de casas habitación que hay en la capital del país carecen de un seguro de protección contra fenómenos naturales o siniestros.

Una de las causas, señalan los representantes de esta organización, es la falta de cultura de previsión de la población, situación que fue reconocida por los vecinos damnificados en Tlalnepantla los días posteriores a la ruptura y desbordamiento del Emisor Poniente.

Asimismo, en general la gente ignora que con sólo pagar de 3 mil a 10 mil pesos al año, dependiendo de la zona donde se ubique su vivienda, puede contar con una póliza para casa habitación cuyo costo sea de alrededor de un millón de pesos.

La AMIS informa también que la cobertura de las pólizas “de hogar y familia” tienen diversas coberturas y no solamente la de fenómenos hidrometereológicos, que es aplicable para protegerse de incidentes como el de Valle Dorado.

Por ejemplo, existe la cobertura de responsabilidad civil familiar, que se refiere a cualquier daño involuntario que algún miembro de la familia o su servidumbre le cause a terceros o la de robo con violencia o asalto de contenidos del hogar.

Con esta información podemos reflexionar un poco sobre qué tan seguros nos sentimos de que nuestro patrimonio realmente esté protegido ante contingencias de distintos tipos, no sólo los estragos de una fuerte lluvia.

La realidad que no cuadra

El informe que presentó el procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, ante la Asamblea Legislativa, y los datos que proporcionó ayer en una mesa de trabajo a senadores, son harto optimistas.

Ahí van unos ejemplos: Las cifras del funcionario hablan de que en esta ciudad los delitos cayeron 2.3 por ciento entre 2000 y 2008, pese a que a nivel nacional las conductas ilícitas se incrementaron 9.3 por ciento.

También dijo que en cuestión delictiva, el Distrito Federal ocupa el lugar número siete, en homicidios el 22 y en violación el casillero número 13.

No explicó qué lugar ocupa la capital en robo de autos pero dejó bien claro que este delito “ha disminuido” a pesar de la realidad económica y a que se ha incrementado el parque vehicular.

Con otras cifras que no son muy claras, trató de explicar también que la eficiencia en consignaciones y procesos de presuntos delincuentes ante juzgados penales, hay una eficiencia de 86.74 por ciento.

Estos datos son alentadores pero contrastan o pueden ser mirados de manera diferente con otra información de contexto o con cifras interpretadas desde puntos de vista distintos.

Revisemos ahora las cifras que el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) dio en agosto pasado como parte de su Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad, referente al DF y el Estado de México.

El organismo civil señala que la mayor prevalencia delictiva en zonas urbanas, se encuentra justo en el Distrito Federal y en Chihuahua, donde la violencia por narcotráfico se desbordó desde hace ya varios meses.

En la entidad mexiquense, mientras tanto, 44 por ciento de los delitos se cometen a mano armada, por lo que ha desplazado del primer lugar a Guerrero.

Aquí podemos cruzar datos y quedarnos con las cifras que se acerquen más a nuestra realidad y a nuestra percepción.

Como dato para añadir a estos reportes, el especialista en temas penitenciarios, Alejandro Carmona Prantl, quien hoy es subprocurador de Toluca, reconoció a El Universal que los delitos cometidos por jóvenes no se ha incrementado en los últimos años; no obstante, hoy los adolescentes cometen actos “más agresivos y sanguinarios”, al punto de que “pueden rayar en la crueldad”.

Entonces a estos muchachos que roban a mano armada las situaciones se les salen de control y llegan hasta a matar.

Como parte de nuestro contexto para agregar a ese baile de de números, consideremos también que delitos aislados pero de muy alto impacto social como las ejecuciones –muy frecuentes a últimas fechas sobre todo en el Estado de México- o casos como el del asesino del metro Balderas, no pueden percibirse en las estadísticas.