El sabotaje desatendido

Autoridades de una decena de municipios del Estado de México, entre ellos Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Toluca, insistieron ayer en que existe sabotaje detrás de los “apagones” que no cesan en sus colonias. Hace unos días el propio gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, hizo esta denuncia públicamente.

Mientras tanto, en el Distrito Federal, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se han reunido ya en varias ocasiones con el titular de la Secretaría de Protección Civil, Elías Moreno Brizuela, para verificar el estado del cableado eléctrico. Por supuesto, también van a revisar por qué se va la luz.

Es decir, 17 días después de que la Policía Federal tomó las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro tras decretarse su extinción, los ciudadanos somos hoy los más afectados por las fallas en la energía eléctrica.

Si revisamos legalmente a quién corresponde investigar el delito de sabotaje, podemos confirmar que es a la Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Arturo Chávez Chávez, por tratarse de un delito del orden federal.

No obstante, al solicitar informes a esta dependencia, sus funcionarios aseguran que no existe una denuncia formal y que este supuesto delito imputado a integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, no es motivo de indagatoria hasta este momento.

Con mucho trabajo –y eso, se vieron obligados a emitir un comunicado el lunes por la noche-, los de la PGR iniciaron una averiguación previa a petición de la CFE, porque los ex trabajadores no entregaron más de 40 vehículos que tenían en resguardo.

Esta averiguación previa ni nos va ni nos viene a los ciudadanos comunes. Nosotros queremos un mejor servicio de energía eléctrica y que terminen los extraños “apagones” posteriores a la extinción de LFC.

El chiste es difundir nuestras quejas a través de todos los medios posibles, por Internet, poniendo quejas en la CFE o ante autoridades delegacionales, estatales o municipales, para que el Ministerio Público Federal (es decir, la PGR), tome cartas en el asunto y se investigue para que el problema quede resuelto.

Muchos de nosotros estamos enterados de que los ex trabajadores que conocen los transformadores y parte del sistema operativo de Luz y Fuerza, “bajaron las cuchillas” de estos armatostes que vemos en las calles y simplemente han dejado sin luz a colonias completas.

Por cierto, la Policía Federal, que sigue custodiando instalaciones y cuidando que no haya violencia en los centros de liquidación de los ex empleados, no se han movido hacia esos transformadores.

¿Será lentitud de la autoridad federal o quizá esté actuando con cautela para evitar confrontaciones con el SME?

No lo sabemos, pero sí queremos luz en casa y un mejor sistema de cobro de quien nos cobra la energía eléctrica que consumimos.

Partiendo de Cero

Esta semana los municipios del Estado de México estrenaron ediles y hoy es la mejor oportunidad para que los vecinos, desde el primer momento, exijan que se cumplan las promesas de campaña, principalmente las relativas al tema de seguridad pública, el más sensible y prioritario en muchas de nuestras comunidades.

A través de organizaciones civiles, con cartas o e-mails o utilizando los canales que tienen disponibles los ayuntamientos, tenemos el derecho de hacerles esos recordatorios.

Por ejemplo, a la priista Azucena Olivares, de Naucalpan, le debemos recordar su compromiso de fortalecer a su Policía Municipal y a modernizar las paupérrimas instalaciones de su cuerpo de bomberos.

Arturo Ugalde, de Tlalnepantla, se aventó a formular 11 estrategias contra la inseguridad y que hoy está obligado a cumplir, entre las que destacan la creación de un nuevo modelo para el registro de policías y un plan de cero tolerancia contra la corrupción.

En Huixquilucan, Alfredo del Mazo también utilizó el tema de seguridad pública para ganar varios de los votos que lo llevaron al triunfo y hoy debe cumplir con la creación del Consejo Municipal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y en colocar una red de videovigilancia en su municipio, plan que le saldría demasiado caro sobre todo si se considera la crisis económica que le está comenzando a pegar a los ayuntamientos de todo el país.

Si bien el apoyo y la unión vecinal han sido fundamentales para que se avance en temas como este y si el trabajo en nuestras comunidades deberá seguir, no dejemos de exigir a los presidentes municipales, además de esas promesas que hicieron, que también cumplan con los requerimientos básicos para por lo menos sentirnos más seguros en las calles, en la casa y en las escuelas.

Es decir, los municipos por default tienen que contar con policías adecuadamente equipados con patrullas nuevas y en buen estado, con armamento a la altura para enfrentar a los delincuentes y, sobre todo, con sueldos que los alejen de la corrupción y que les permitan amar su trabajo.

En el tema de justicia, y esto es muy importante, los ediles deben poner la lupa en las agencias del Ministerio Público, donde históricamente existe lentitud, corrupción y maltrato a las víctimas del delito. Ahí hay que hacer mucho trabajo de supervisión para que los diferentes gobiernos municipales, no importa del partido que sean, garanticen cambios fundamentales.

Porque ya se vio que la gente sí castiga con el voto y que la rendición de cuentas cada vez es más palpable. Quizá en el Estado de México ha tardado más, pero las exigencias, la crítica y la conciencia política de la población de esta entidad se han modificado de manera extraordinaria.