Balas perdidas

Las ejecuciones, los enfrentamientos policías-narcos y en general la violencia generada por el crimen organizado pueden ser todavía más graves cuando se convierten, además, en un problema de inseguridad pública. Es decir, cuando el ciudadano común es más vulnerable por el riesgo que estos hechos generan en el entorno.

En términos llanos, este tipo de violencia crece en dimensiones si a cualquiera de nosotros le toca presenciarlo, escucharlo o peor aún, si se sufre alguna agresión –por bala perdida, puede ser- tras encontrarnos cerca de donde ocurre.

El tema viene al caso por las imágenes posteriores a la ejecución, el domingo pasado, de la abogada Silvia Raquenel Villanueva en Monterrey. La ya de por sí terrible escena del cuerpo sin vida de la litigante, nos acerca más a nuestra realidad cuando se añaden datos de contexto. Uno de ellos, el rápido cierre de negocios aledaños observados en un segundo plano, y otro más, la joven testigo que en medio de un aparatoso ataque de histeria es trasladada en camilla hacia una ambulancia.

Situaciones como esta, para desgracia de todos nosotros, se han presentado en nuestras diferentes comunidades de la Zona Metropolitana. O sea, no se trata de episodios de una película policiaca o no necesariamente de una ciudad lejana. Son hechos peligrosamente cercanos a nuestras comunidades.

Tecamachalco padeció uno de estos ejemplos en junio de 2008, cuando un hombre de aproximadamente 30 años apareció decapitado y en el asiento trasero de una camioneta Mitsubishi, modelo Montero. La cabeza se encontraba a un lado, envuelta en una cartulina blanca en la que se podía leer “a todos los que se metan al Estado, así quedarán”, como dedicatoria escrita. Los vecinos pudieron presenciar el hallazgo.

En el DF, la delegación Miguel Hidalgo fue territorio para otro caso, muy sonado, de ejecución a un mando policiaco y otros dos subalternos en el interior de un negocio con varios clientes como testigos y frente la mirada atónita de habitantes de la colonia Argentina que iban pasando. Se trata del caso registrado el 26 de junio del año pasado, del comandante de la entonces Policía Federal Preventiva, Igor Labastida, muerto por una ráfaga de balas.

Y en Polanco, zona concurrida por sus negocios, oficinas y viviendas, no es la excepción. Los clientes que comían en el restaurante “El rincón argentino”, de Presidente Masaryk, el 28 de agosto de 2007, ya tienen una desagradable historia que contar. Resulta que les tocó atestiguar el “levantón” de por lo menos cuatro personas efectuado por 15 sujetos que llegaron en dos camionetas de lujo.

Los ejemplos se pueden ir enumerando y de persistir estos ajustes de cuentas y política del garrote para supuestamente abatir al narco, cada vez más de nosotros estaremos cerca, de manera circunstancial, a estos actos extremos.

Los delitos olvidados

Las autoridades que tenemos, según podemos interpretar a partir de lo que transmiten los medios de comunicación, son altamente eficaces porque detienen a peligrosos secuestradores, arman aparatosos operativos para capturar a narcotraficantes e invierten en tecnología para impulsar rimbombantes proyectos que nos harán sentir más seguros como la gran base de datos que se llama Plataforma México.

Sí, esas son noticias que nos recetan a diario y quizá tras apagar el televisor nos quedamos con un peso menos encima.

Sabemos que ya hasta encontraron y desarticularon a dos bandas que secuestraron al joven Fernando Martí o que varios policías se metieron a una iglesia a atrapar a dos integrantes más de La Familia Michoacana. ¿Y eso qué significa? ¿Nosotros nos sentimos mejor, más protegidos?
Horas después de conocer estas noticias, al salir a trabajar, a hacer compras o simplemente a enfrentarnos a nuestra vida diaria, ¿realmente nos sentimos ligeramente más seguros?
Frente al combate feroz a los delitos de alto impacto –así les dicen las autoridades- nos siguen robando el coche con pistola en mano, se siguen metiendo violentamente a nuestra casa, nos continúan quitando la quincena en el microbús, a nuestros hijos les ofrecen droga en la escuela.

¿De esos aparentemente pequeños delitos quién nos protege?

El gobierno federal contestará que no son de su competencia, sino de la de las autoridades del fuero común. Y las autoridades del fuero común responderán que el gobierno federal no ha apoyado con recursos y que además aquellos la tienen bien fácil porque combaten sólo el 7 por ciento de las conductas ilícitas, cifra correspondiente a las del orden federal.

Lo cierto es que a los ciudadanos como tú o como yo, las competencias nos importan muy poco. Nosotros queremos salir a las calles y permanecer en nuestra casa con tranquilidad.

Hay un muy buen ejemplo que ilustra que la inseguridad se sigue incrementando: el robo a casa habitación. Tomemos dos municipios del Estado de México que lo padecen de manera alarmante: Tlalnepantla y Hixquilucan.

En el primero de los casos, la comunidad de Valle Dorado se encuentra alarmadísima porque el fin de semana pasado hubo por lo menos tres asaltos de este tipo, con lo que calculan que van alrededor de 20 durante los últimos tres meses.

Por ello, ayer mismo los vecinos colocaron una manta de dos metros de largo y uno de ancho en Boulevard de las Naciones y Río de Janeiro, en donde piden al presidente municipal Marco Antonio Rodríguez que atienda este problema.

En varios fraccionamientos de Huixquilucan, en tanto, los vecinos gastan miles de pesos contratando patrullas de seguridad privada, colocando alarmas con sensores o cerrando cada vez más calles con plumas y casetas de vigilancia.

Reacciones ciudadanas similares siguen surgiendo en nuestras comunidades por otros delitos como la extorsión telefónica, el robo de infantes, el robo de vehículos, la violación y desaparición de jovencitas y hasta los sobornos que cometen los policías.

Del combate a esos delitos que según las corporaciones policiacas no son de alto impacto, que son los más cercanos a la mayoría de nosotros, que son los más frecuentes y que nos vulneran más, queremos una explicación.

La super policía

Nuestro gobierno federal podrá vivir uno de sus peores momentos al tener que enfrentar lo que es ya una fuerte crisis económica, al permanecer a la expectativa ante un siguiente brote de influenza A H1N1, al no poder contener la violencia del narcotráfico traducida en ejecuciones violentas y con la mayor saña, e incluso al tener que trabajar en todos los temas para ganar la confianza de un electorado que amenaza con tirar al partido político en el poder.

Pero hay algo que salva a nuestro gobierno federal o más bien que nuestras autoridades federales están presumiendo en los medios de comunicación como un respiro en medio del desierto: su flamante, eficaz, certera y salvadora Policía Federal.

¿Es cierto este mensaje mediático? ¿Verdaderamente es el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a cargo de esa corporación, el super policía que resuelve los secuestros que más han conmovido a la población y el que dio ya con la estructura y modus operandi del violento grupo de narcos de La Familia Michoacana para desarticularlo?

Esa respuesta no la tenemos ahora pero sí podemos, como ciudadanos, hacer un listado de dudas relacionadas con la rendición de cuentas que por lo menos el gobierno de Felipe Calderón debe contestar para que no nos quede duda de la transparencia y buen trabajo de sus dependencias, entre ellas la Policía Federal. Vaya, para que estemos convencidos por lo menos de la eficacia y sobresaliente trabajo de este cuerpo policiaco frente al resto de instituciones. Entre nuestro listado, podemos sugerir lo siguiente:

1. ¿Cuáles son las pruebas contundentes que nos demuestren que efectivamente quedaron resueltos los secuestros y homicidios de Fernando Martí y Silvia Vargas? Claro, estas pruebas deben dejar claro que entre los detenidos están los que deben de estar.

2. ¿Qué evidencias tiene la Policía Federal (o la Secretaría de Seguridad Pública, que es la dependencia a la que pertenece) para asegurar que la indagatoria que hizo la Procuraduría de Justicia del DF –esta sí, institución dedicada por ley y por tradición a la investigación- contra la banda de “La Flor”, quien se presumía había plagiado y matado a Martí, llevaron a la detención de una organización equivocada?

3. ¿Dónde está la intervención de la PGR, que es la autoridad investigadora federal, en los casos Martí y Vargas? ¿Por qué no salió para la foto en las diversas conferencias de prensa de la Policía Federal?

4. ¿Por qué las nuevas modificaciones legales impulsadas por el gobierno federal se empeñan en darle cada vez más facultades para investigar a la Policía Federal, que con esos cambios perdió su nombre de “Preventiva”?

5. ¿Por qué están dando tanto apoyo, legal, monetario y mediático, a la corporación a cargo de García Luna, quien entre otras cosas ha sido amenazado por el narcotráfico a través de mantas colocadas en puentes peatonales y en voz de un supuesto capo que hizo una llamada telefónica a un canal local de televisión en Michoacán?

6. ¿Por qué de pronto le dan tanto juego a este funcionario a quien en la actual administración de gobierno le mataron a por lo menos tres mandos claves –entre ellos Édgar Millán, en algún momento comisionado de la Policía Federal antes Preventiva- y a quien meses después también le asesinaron en varios ataques a uniformados de tropa que hacían labores de inteligencia en Michoacán?

7. ¿Por qué el principal tema de la agenda nacional el martes 28 de julio fue la detención ce cuatro secuestradores de una banda bautizada como “Los Rojos”? Paralelamente, por cierto, están los temas del dinero que cada vez alcanza menos en México, la espera de una gripe enorme que puede provocar más muertos de los que ya hubo y el incendio en una guardería en Sonora por el que nadie, ni mandatarios, ni autoridades del Seguro, ni los ministros de la Corte, han dicho “esta boca es mía”.

8. ¿Por qué el principal tema de la agenda nacional el miércoles 29 de julio también se encargará de marcarlo justo esa fecha a primera hora (para entonces ya estarás leyendo este blog) la Policía Federal?

9. ¿Y de verdad es esta corporación la super policía? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Por decisión de quién?

¿Quién está mintiendo?

A la una de la mañana del viernes 17 de julio, los empleados de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública federal hicieron contacto con los reporteros de la fuente para informarles que seis horas después les harían un anuncio importante.

La dependencia, urgida por dar un buen golpe después de tantas bajas de policías provocadas por el cártel de La Familia apenas unas horas antes, entre ellas 12 muertos de un jalón, tenía que mostrar algo espectacular. Así lo hizo, presentó a los ahora sí verdaderos secuestradores del joven Fernando Martí.

Es decir, el mensaje fue hacer borrón y cuenta nueva con ese caso.¿Y entonces qué pasó con el camino supuestamente andado de la investigación primera que se hizo? ¿Qué pasó con la banda de “La Flor”? ¿Y “El Apá”? ¿Y “La Lore”, que por cierto trabajaba en Seguridad Pública federal? ¿Y lo que ya avalaron los jueces de la presunta responsabilidad de todos esos detenidos en el crimen de Martí?

Miguel Ángel Mancera, el procurador capitalino, responsable de esa primera investigación, se quedó mudo y tardó varias horas en reaccionar y salir a dar una respuesta mientras que su jefe Marcelo Ebrard estaba de gira por Bolivia.

Es decir, la coordinación que días después recalcaran las autoridades federales y del Distrito Federal que existía, en los hechos brilló por su ausencia en las indagatorias del caso Martí. Los del DF fueron reaccionando como pudieron y empezaron a declarar cosas como que tomarían las declaraciones de “Los Petriciolet” –los ahora verdaderos responsables-, que las dos organizaciones delictivas tenían sus nexos –o sea que todos, los nuevos y los viejos, estaban involucrados en el crimen- y que para nada hay discordancias entre autoridades.

Los federales insistieron en un primer momento en que “sus” detenidos estaban ya confesos del crimen de Martí y que no parecía existir culpabilidad de la banda de “La Flor” en el secuestro y asesinato cometidos hace más de un año.

Es decir, se fueron con todo a descalificar un primer trabajo de investigación ya de por sí cuestionado al principio.

La SSP aparentemente logró un primer objetivo y para este fin de semana ya nadie se acordaba de las agresiones de La Familia Michoacana, con granadas y balas de por medio, a sus policías federales. El tema de conversación era la torpeza y el ridículo de la Procuraduría capitalina y su tal vez inventada banda de “La Flor”.

Una vez cambiado el tema de prioridad nacional, la autoridad federal fue paulatinamente matizando su anuncio y hasta el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, y otros funcionarios federales, salieron a suavizar el asunto al decir que existe una amplia coordinación de las autoridades de diferentes niveles de gobierno y que sí, tal como lo asegurara Mancera, se juntarían ambas investigaciones pues había puntos de coincidencia.

Nosotros, como ciudadanos comunes, tratamos de entender este juego pero no nos quedan claras muchas cosas. La primera pregunta que tenemos muchos de nosotros, por supuesto, es quién nos está mintiendo.

A través de nuevos anuncios y datos que se han ido revelando, podremos ir conociendo el rompecabezas que seguramente ninguna autoridad ha terminado de armar.

Entre otras cosas, aún falta esperar que el Tribunal Superior de Justicia del DF regrese de vacaciones y dé a conocer su postura. Porque también está en entredicho el trabajo de los jueces locales en el caso.

Soldados a escena

¿Qué pensaría usted si al abrir la puerta de su casa descubre que las calles de su colonia están sitiadas por elementos del Ejército mexicano?

¿Y si al ir al súper las entradas y los pasillos tienen presencia de soldados haciendo guardia?

¿O qué tal si de camino a la escuela de sus hijos aparecen, a medio camino, varios retenes militares cuyos elementos le marcan el alto para revisar su vehículo, pedirle identificación y hacer anotaciones de lo que encuentren?

Hoy es cada vez más frecuente que las distintas ciudades, poblados y comunidades vivan en carne propia escenas, no siempre afortunadas, en las que el Ejército es protagonista, siempre en pos de la seguridad, si nos vamos con las explicaciones oficiales.

El más reciente ejemplo le tocó al turístico puerto de Acapulco cuando en la tradicional zona de Caleta, elementos del Ejército llegaron a hacer detenciones y se enfrentaron por varias horas a presuntos narcotraficantes.

Los vecinos vivieron el terror durante varias horas. Balazos aislados, luego ráfagas de fuego provocadas con lo que presumen fueron cuernos de chivo y después granadas, según supieron después por la prensa, unas 20.

Entre el reguero de muertos había dos civiles; es decir, ciudadanos comunes como usted o como yo que ni están del lado de las fuerzas de seguridad ni del de los delincuentes.

La noche del sábado pasado, cuando ocurrieron esos hechos, no terminó la pesadilla. Todo el día siguiente los soldados sitiaron calles e hicieron cateos de manera indiscriminada. Revisaron hoteles con todo y turistas, desvistieron a trabajadores de un taller mecánico, entraron a casas a punta de pistola.

La gente optó por esconderse en sus viviendas y cerrar sus negocios. Aseguran que nunca antes había ocurrido algo así en el corazón de este centro turístico.

Otro de los más recientes golpes de nuestro Ejército ocurrió hace unos días cuando sus integrantes tomaron el palacio de gobierno de Morelia, oficinas públicas, domicilios y calles de Michoacán, para dar el mayor golpe contra el narcotráfico ligado con alcaldes y comandantes que se recuerde.

El gobierno federal presume resultados positivos; el estatal lamenta la ilegal irrupción y decenas de ciudadanos hasta hicieron concentraciones y manifestaciones para condenar este operativo.

El caso extremo de estas intervenciones militares en la vida cotidiana se registró justo hace dos años, el 1 de junio de 2007, en una ranchería de la sierra de Sinaloa.

Fue un aparentemente inofensivo retén el que, tras una cuestionable revisión, provocó la muerte de toda una familia, incluyendo a tres niños de 2, 4 y 7 años.

Ni los hechos se han esclarecido ni hay castigo para los culpables. Sólo se dijo en su momento que las víctimas eran narcos.

Ante estas y otras situaciones habrá que pensar si el Ejército está logrando contener al crimen –a decir del constante agradecimiento presidencial a sus fuerzas castrenses- o si los resultados de esta contención más bien están contribuyendo a desquiciar la tranquilidad de la población.