Mujeres, ¿un respiro?

En medio de las historias de policías corruptos, de la vinculación de servidores públicos con el narco y de los cada vez más frecuentes ajustes de cuentas contra elementos del orden, la noticia de que las mujeres hoy estén más involucradas en asuntos de seguridad pública, justicia y Fuerzas Armadas puede resultar un respiro.

De entrada, hoy tienen más responsabilidades, algunas inéditas, lo que permitirá que empiecen a trabajar desde cero y que traten de ser un ejemplo para cada día ganar más espacios o por lo menos afianzar los ya conseguidos.

Si detectamos entonces que una comandante de vialidad no recibe dinero de un infractor, que una jefa antisecuestros logra coordinar bien un operativo y que una mujer de la Policía Federal se mantiene lejos de las tentaciones del narcotráfico, los ciudadanos comprobaremos que más que avanzar en cuestiones de cuota de género, contaremos con una pequeña esperanza de que sí se puede trabajar contra todos esos males de las corporaciones y las instituciones.

Dejando a un lado el vergonzoso caso de la comandante de la Policía Federal, Lorena González –aparentemente más atribuible a la podredumbre generalizada que existe en la dependencia federal-, acusada de coordinar el secuestro del joven Fernando Martí, podemos revisar los más recientes anuncios de la participación femenina, que con bombo y platillo se han realizado en recientes fechas.

Tomando esos ejemplos puede ser el momento de empezar a evaluar el trabajo de estas mujeres mexicanas en las distintas áreas. Pongamos la lupa en dos de estos sectores de gobierno donde se dieron las últimas noticias.

En las Fuerzas Armadas. El hecho simbólico es que por primera vez en la historia, el desfile militar del 16 de Septiembre fue abierto por mujeres, pero la acción real es que ellas ya pueden presentar exámenes para ingresar a algunos cuerpos como la Infantería de Marina o la Escuela Naval de Aviación.

En la conmemoración de ayer en el Zócalo se pudo ya observar a las primeras militares enroladas, quienes deberán mostrar resultados en estas corporaciones que a partir del gobierno de Felipe Calderón fueron revaloradas en el combate al crimen organizado.

Paralelamente, la cadete Andrea Cruz se convirtió en la primera mujer piloto aviador del Ejército en nuestro país.

Y en la Policía Judicial del DF. María del Carmen Núñez Pérez será quien encabece el proceso de depuración de la Judicial capitalina, en plena transformación a Policía Investigadora, al ser designada directora del Estado Mayor de esta corporación.

Tomado estos importantes ejemplos, vayamos tomando nota y comentemos, será interesante.

Balas perdidas

Las ejecuciones, los enfrentamientos policías-narcos y en general la violencia generada por el crimen organizado pueden ser todavía más graves cuando se convierten, además, en un problema de inseguridad pública. Es decir, cuando el ciudadano común es más vulnerable por el riesgo que estos hechos generan en el entorno.

En términos llanos, este tipo de violencia crece en dimensiones si a cualquiera de nosotros le toca presenciarlo, escucharlo o peor aún, si se sufre alguna agresión –por bala perdida, puede ser- tras encontrarnos cerca de donde ocurre.

El tema viene al caso por las imágenes posteriores a la ejecución, el domingo pasado, de la abogada Silvia Raquenel Villanueva en Monterrey. La ya de por sí terrible escena del cuerpo sin vida de la litigante, nos acerca más a nuestra realidad cuando se añaden datos de contexto. Uno de ellos, el rápido cierre de negocios aledaños observados en un segundo plano, y otro más, la joven testigo que en medio de un aparatoso ataque de histeria es trasladada en camilla hacia una ambulancia.

Situaciones como esta, para desgracia de todos nosotros, se han presentado en nuestras diferentes comunidades de la Zona Metropolitana. O sea, no se trata de episodios de una película policiaca o no necesariamente de una ciudad lejana. Son hechos peligrosamente cercanos a nuestras comunidades.

Tecamachalco padeció uno de estos ejemplos en junio de 2008, cuando un hombre de aproximadamente 30 años apareció decapitado y en el asiento trasero de una camioneta Mitsubishi, modelo Montero. La cabeza se encontraba a un lado, envuelta en una cartulina blanca en la que se podía leer “a todos los que se metan al Estado, así quedarán”, como dedicatoria escrita. Los vecinos pudieron presenciar el hallazgo.

En el DF, la delegación Miguel Hidalgo fue territorio para otro caso, muy sonado, de ejecución a un mando policiaco y otros dos subalternos en el interior de un negocio con varios clientes como testigos y frente la mirada atónita de habitantes de la colonia Argentina que iban pasando. Se trata del caso registrado el 26 de junio del año pasado, del comandante de la entonces Policía Federal Preventiva, Igor Labastida, muerto por una ráfaga de balas.

Y en Polanco, zona concurrida por sus negocios, oficinas y viviendas, no es la excepción. Los clientes que comían en el restaurante “El rincón argentino”, de Presidente Masaryk, el 28 de agosto de 2007, ya tienen una desagradable historia que contar. Resulta que les tocó atestiguar el “levantón” de por lo menos cuatro personas efectuado por 15 sujetos que llegaron en dos camionetas de lujo.

Los ejemplos se pueden ir enumerando y de persistir estos ajustes de cuentas y política del garrote para supuestamente abatir al narco, cada vez más de nosotros estaremos cerca, de manera circunstancial, a estos actos extremos.

¿Y ahora?

La sociedad civil organizada recibió un infame golpe, uno de los peores que se recuerden, con el crimen de Benjamín Le Barón, el joven mormón que impulsó la medida de dejar de pagar rescate a los secuestradores, mucho más valiente y definitiva que cualquiera que hayan tomado las autoridades.

En el municipio de Galeana, Chihuahua, a LeBarón, de 31 años de edad, lo “levantó” un grupo armado, junto con su cuñado Luis Whitman. Los desconocidos, unos 20 vestidos de soldados, llegaron hasta su casa y se lo llevaron; Luis se asomó a ver qué ocurría y repitieron con él la operación.

Los dos cuerpos sin vida aparecerían horas después en un paraje con múltiples huellas de bala y con un mensaje firmado por quien se identificó como “El General”.

La primera pregunta, la fundamental, la básica es... ¿Quién nos podrá proteger hasta en nuestra propia casa?

Otra más será: ¿por qué tenemos que ser los ciudadanos los que tengamos que aplicar medidas desesperadas contra delitos que no terminan, que siguen vigentes a lo largo de los años sólo con algunas modalidades, como es el secuestro?

Ante un ejemplo como el anterior, ¿qué podremos proponer o hasta dónde podemos llegar los ciudadanos que no tenemos placa, armas ni recursos para utilizar tecnología contra el crimen?

Tú y yo, con esas limitaciones, quizá no tengamos la respuesta, pero por lo menos cada autoridad encargada de la seguridad y la justicia en las colonias, los municipios, pequeñas o grandes localidades, calles, estados y zonas del país nos debe una respuesta o al menos algún dato esperanzador que nos haga sentir tranquilidad.

Hoy por la mañana será importante escuchar el mensaje conjunto que darán esas organizaciones que trabajan en contra del delito. México Unido contra la Delincuencia, Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, México SOS, el ICESI, Convivencia sin Violencia, Iluminemos México y otras más harán su pronunciamiento.

Horas antes, Isabel Miranda de Wallace, una conocida madre de familia que realizó su propia investigación para dar con los secuestradores de su hijo, adelantó su postura ante el caso de Chihuahua.

“Yo creo que las denuncias públicas tienen mucho riesgo, la gente que nos atrevemos a hacerlo de alguna manera estamos expuestos a esto que vivió este hombre, yo misma lo he vivido; hacer denuncias entraña un grave riesgo”, enfatizó.

Después de estos pronunciamientos, lo que esperamos con mucho interés es aunque sea una respuesta oficial confortante, alentadora, inteligente. Aunque sea una sola.