El trabajo de las instituciones de los diferentes niveles de gobierno y de los tres Poderes de la Unión fue meticulosamente revisado y calificado por la organización México Unido contra la Delincuencia y Consulta Mitofsky, con relación al tema del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que ya cumplió un año.
Casi todos reprobaron, pero a los gobiernos locales y a los estatales les fue peor que a nadie. Su calificación fue de 0.9 y 3, respectivamente, en una escala del 0 al 10, con base en los puntos del Acuerdo que les correspondía cumplir.
A estas autoridades les corresponde prevenir e investigar los delitos del fuero común, que son los que afectan a nuestra integridad y a nuestro patrimonio, como el robo, el homicidio y el secuestro. Por cierto, en el combate a este último delito –y por el que surgió este gran Acuerdo- tenían ya que presentar avances en el arranque de sus unidades antiplagio.
Lo peor es que los resultados ya se veían venir considerando que en las revisiones a 100 y 200 días no había todavía resultados optimistas.
Tras este panorama y frente a los escandalosos tropiezos que algunas instituciones siguen teniendo en el tema de la seguridad, fundamentalmente el secuestro (léase la Procuraduría de Justicia capitalina con el Caso Coppel y el “fuego amigo”), los ciudadanos tenemos la posibilidad de hacer evaluaciones y servir como observatorio de lo que hacen nuestros policías, nuestros ministerios públicos y algunas otras autoridades.
El Acuerdo Nacional nos incluye como vecinos y habitantes del territorio mexicano y también contempla el trabajo de los medios de comunicación en la difusión de noticias de seguridad y de justicia.
Como parte de este gran documento, podemos ser la parte que sí sirva, que sí impulse y que orille a nuestras autoridades, desde las del más bajo nivel en las estructuras, a irnos dando resultados.
Por eso, no olvidemos incluir este tema y revisar lo que podemos hacer como parte que somos de ese Acuerdo en nuestra próxima reunión de vecinos. Leamos el documento, tomemos en serio que podemos ejercer una gran presión y actuemos.
Quizá para los próximos 100 días logremos impulsar algún buen cambio.
miércoles, 26 de agosto de 2009
miércoles, 19 de agosto de 2009
Partiendo de Cero
Esta semana los municipios del Estado de México estrenaron ediles y hoy es la mejor oportunidad para que los vecinos, desde el primer momento, exijan que se cumplan las promesas de campaña, principalmente las relativas al tema de seguridad pública, el más sensible y prioritario en muchas de nuestras comunidades.
A través de organizaciones civiles, con cartas o e-mails o utilizando los canales que tienen disponibles los ayuntamientos, tenemos el derecho de hacerles esos recordatorios.
Por ejemplo, a la priista Azucena Olivares, de Naucalpan, le debemos recordar su compromiso de fortalecer a su Policía Municipal y a modernizar las paupérrimas instalaciones de su cuerpo de bomberos.
Arturo Ugalde, de Tlalnepantla, se aventó a formular 11 estrategias contra la inseguridad y que hoy está obligado a cumplir, entre las que destacan la creación de un nuevo modelo para el registro de policías y un plan de cero tolerancia contra la corrupción.
En Huixquilucan, Alfredo del Mazo también utilizó el tema de seguridad pública para ganar varios de los votos que lo llevaron al triunfo y hoy debe cumplir con la creación del Consejo Municipal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y en colocar una red de videovigilancia en su municipio, plan que le saldría demasiado caro sobre todo si se considera la crisis económica que le está comenzando a pegar a los ayuntamientos de todo el país.
Si bien el apoyo y la unión vecinal han sido fundamentales para que se avance en temas como este y si el trabajo en nuestras comunidades deberá seguir, no dejemos de exigir a los presidentes municipales, además de esas promesas que hicieron, que también cumplan con los requerimientos básicos para por lo menos sentirnos más seguros en las calles, en la casa y en las escuelas.
Es decir, los municipos por default tienen que contar con policías adecuadamente equipados con patrullas nuevas y en buen estado, con armamento a la altura para enfrentar a los delincuentes y, sobre todo, con sueldos que los alejen de la corrupción y que les permitan amar su trabajo.
lunes, 17 de agosto de 2009
Balas perdidas
Las ejecuciones, los enfrentamientos policías-narcos y en general la violencia generada por el crimen organizado pueden ser todavía más graves cuando se convierten, además, en un problema de inseguridad pública. Es decir, cuando el ciudadano común es más vulnerable por el riesgo que estos hechos generan en el entorno.
En términos llanos, este tipo de violencia crece en dimensiones si a cualquiera de nosotros le toca presenciarlo, escucharlo o peor aún, si se sufre alguna agresión –por bala perdida, puede ser- tras encontrarnos cerca de donde ocurre.
El tema viene al caso por las imágenes posteriores a la ejecución, el domingo pasado, de la abogada Silvia Raquenel Villanueva en Monterrey. La ya de por sí terrible escena del cuerpo sin vida de la litigante, nos acerca más a nuestra realidad cuando se añaden datos de contexto. Uno de ellos, el rápido cierre de negocios aledaños observados en un segundo plano, y otro más, la joven testigo que en medio de un aparatoso ataque de histeria es trasladada en camilla hacia una ambulancia.
Situaciones como esta, para desgracia de todos nosotros, se han presentado en nuestras diferentes comunidades de la Zona Metropolitana. O sea, no se trata de episodios de una película policiaca o no necesariamente de una ciudad lejana. Son hechos peligrosamente cercanos a nuestras comunidades.
Tecamachalco padeció uno de estos ejemplos en junio de 2008, cuando un hombre de aproximadamente 30 años apareció decapitado y en el asiento trasero de una camioneta Mitsubishi, modelo Montero. La cabeza se encontraba a un lado, envuelta en una cartulina blanca en la que se podía leer “a todos los que se metan al Estado, así quedarán”, como dedicatoria escrita. Los vecinos pudieron presenciar el hallazgo.
En el DF, la delegación Miguel Hidalgo fue territorio para otro caso, muy sonado, de ejecución a un mando policiaco y otros dos subalternos en el interior de un negocio con varios clientes como testigos y frente la mirada atónita de habitantes de la colonia Argentina que iban pasando. Se trata del caso registrado el 26 de junio del año pasado, del comandante de la entonces Policía Federal Preventiva, Igor Labastida, muerto por una ráfaga de balas.
Y en Polanco, zona concurrida por sus negocios, oficinas y viviendas, no es la excepción. Los clientes que comían en el restaurante “El rincón argentino”, de Presidente Masaryk, el 28 de agosto de 2007, ya tienen una desagradable historia que contar. Resulta que les tocó atestiguar el “levantón” de por lo menos cuatro personas efectuado por 15 sujetos que llegaron en dos camionetas de lujo.
Los ejemplos se pueden ir enumerando y de persistir estos ajustes de cuentas y política del garrote para supuestamente abatir al narco, cada vez más de nosotros estaremos cerca, de manera circunstancial, a estos actos extremos.
Los delitos olvidados
Las autoridades que tenemos, según podemos interpretar a partir de lo que transmiten los medios de comunicación, son altamente eficaces porque detienen a peligrosos secuestradores, arman aparatosos operativos para capturar a narcotraficantes e invierten en tecnología para impulsar rimbombantes proyectos que nos harán sentir más seguros como la gran base de datos que se llama Plataforma México.
Sí, esas son noticias que nos recetan a diario y quizá tras apagar el televisor nos quedamos con un peso menos encima.
Sabemos que ya hasta encontraron y desarticularon a dos bandas que secuestraron al joven Fernando Martí o que varios policías se metieron a una iglesia a atrapar a dos integrantes más de La Familia Michoacana. ¿Y eso qué significa? ¿Nosotros nos sentimos mejor, más protegidos?
Horas después de conocer estas noticias, al salir a trabajar, a hacer compras o simplemente a enfrentarnos a nuestra vida diaria, ¿realmente nos sentimos ligeramente más seguros?
Frente al combate feroz a los delitos de alto impacto –así les dicen las autoridades- nos siguen robando el coche con pistola en mano, se siguen metiendo violentamente a nuestra casa, nos continúan quitando la quincena en el microbús, a nuestros hijos les ofrecen droga en la escuela.
¿De esos aparentemente pequeños delitos quién nos protege?
El gobierno federal contestará que no son de su competencia, sino de la de las autoridades del fuero común. Y las autoridades del fuero común responderán que el gobierno federal no ha apoyado con recursos y que además aquellos la tienen bien fácil porque combaten sólo el 7 por ciento de las conductas ilícitas, cifra correspondiente a las del orden federal.
Lo cierto es que a los ciudadanos como tú o como yo, las competencias nos importan muy poco. Nosotros queremos salir a las calles y permanecer en nuestra casa con tranquilidad.
Hay un muy buen ejemplo que ilustra que la inseguridad se sigue incrementando: el robo a casa habitación. Tomemos dos municipios del Estado de México que lo padecen de manera alarmante: Tlalnepantla y Hixquilucan.
En el primero de los casos, la comunidad de Valle Dorado se encuentra alarmadísima porque el fin de semana pasado hubo por lo menos tres asaltos de este tipo, con lo que calculan que van alrededor de 20 durante los últimos tres meses.
Por ello, ayer mismo los vecinos colocaron una manta de dos metros de largo y uno de ancho en Boulevard de las Naciones y Río de Janeiro, en donde piden al presidente municipal Marco Antonio Rodríguez que atienda este problema.
En varios fraccionamientos de Huixquilucan, en tanto, los vecinos gastan miles de pesos contratando patrullas de seguridad privada, colocando alarmas con sensores o cerrando cada vez más calles con plumas y casetas de vigilancia.
Reacciones ciudadanas similares siguen surgiendo en nuestras comunidades por otros delitos como la extorsión telefónica, el robo de infantes, el robo de vehículos, la violación y desaparición de jovencitas y hasta los sobornos que cometen los policías.
Del combate a esos delitos que según las corporaciones policiacas no son de alto impacto, que son los más cercanos a la mayoría de nosotros, que son los más frecuentes y que nos vulneran más, queremos una explicación.
Sí, esas son noticias que nos recetan a diario y quizá tras apagar el televisor nos quedamos con un peso menos encima.
Sabemos que ya hasta encontraron y desarticularon a dos bandas que secuestraron al joven Fernando Martí o que varios policías se metieron a una iglesia a atrapar a dos integrantes más de La Familia Michoacana. ¿Y eso qué significa? ¿Nosotros nos sentimos mejor, más protegidos?
Horas después de conocer estas noticias, al salir a trabajar, a hacer compras o simplemente a enfrentarnos a nuestra vida diaria, ¿realmente nos sentimos ligeramente más seguros?
Frente al combate feroz a los delitos de alto impacto –así les dicen las autoridades- nos siguen robando el coche con pistola en mano, se siguen metiendo violentamente a nuestra casa, nos continúan quitando la quincena en el microbús, a nuestros hijos les ofrecen droga en la escuela.
¿De esos aparentemente pequeños delitos quién nos protege?
El gobierno federal contestará que no son de su competencia, sino de la de las autoridades del fuero común. Y las autoridades del fuero común responderán que el gobierno federal no ha apoyado con recursos y que además aquellos la tienen bien fácil porque combaten sólo el 7 por ciento de las conductas ilícitas, cifra correspondiente a las del orden federal.
Lo cierto es que a los ciudadanos como tú o como yo, las competencias nos importan muy poco. Nosotros queremos salir a las calles y permanecer en nuestra casa con tranquilidad.
Hay un muy buen ejemplo que ilustra que la inseguridad se sigue incrementando: el robo a casa habitación. Tomemos dos municipios del Estado de México que lo padecen de manera alarmante: Tlalnepantla y Hixquilucan.
En el primero de los casos, la comunidad de Valle Dorado se encuentra alarmadísima porque el fin de semana pasado hubo por lo menos tres asaltos de este tipo, con lo que calculan que van alrededor de 20 durante los últimos tres meses.
Por ello, ayer mismo los vecinos colocaron una manta de dos metros de largo y uno de ancho en Boulevard de las Naciones y Río de Janeiro, en donde piden al presidente municipal Marco Antonio Rodríguez que atienda este problema.
En varios fraccionamientos de Huixquilucan, en tanto, los vecinos gastan miles de pesos contratando patrullas de seguridad privada, colocando alarmas con sensores o cerrando cada vez más calles con plumas y casetas de vigilancia.
Reacciones ciudadanas similares siguen surgiendo en nuestras comunidades por otros delitos como la extorsión telefónica, el robo de infantes, el robo de vehículos, la violación y desaparición de jovencitas y hasta los sobornos que cometen los policías.
Del combate a esos delitos que según las corporaciones policiacas no son de alto impacto, que son los más cercanos a la mayoría de nosotros, que son los más frecuentes y que nos vulneran más, queremos una explicación.
La super policía
Nuestro gobierno federal podrá vivir uno de sus peores momentos al tener que enfrentar lo que es ya una fuerte crisis económica, al permanecer a la expectativa ante un siguiente brote de influenza A H1N1, al no poder contener la violencia del narcotráfico traducida en ejecuciones violentas y con la mayor saña, e incluso al tener que trabajar en todos los temas para ganar la confianza de un electorado que amenaza con tirar al partido político en el poder.
Pero hay algo que salva a nuestro gobierno federal o más bien que nuestras autoridades federales están presumiendo en los medios de comunicación como un respiro en medio del desierto: su flamante, eficaz, certera y salvadora Policía Federal.
¿Es cierto este mensaje mediático? ¿Verdaderamente es el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a cargo de esa corporación, el super policía que resuelve los secuestros que más han conmovido a la población y el que dio ya con la estructura y modus operandi del violento grupo de narcos de La Familia Michoacana para desarticularlo?
Esa respuesta no la tenemos ahora pero sí podemos, como ciudadanos, hacer un listado de dudas relacionadas con la rendición de cuentas que por lo menos el gobierno de Felipe Calderón debe contestar para que no nos quede duda de la transparencia y buen trabajo de sus dependencias, entre ellas la Policía Federal. Vaya, para que estemos convencidos por lo menos de la eficacia y sobresaliente trabajo de este cuerpo policiaco frente al resto de instituciones. Entre nuestro listado, podemos sugerir lo siguiente:
1. ¿Cuáles son las pruebas contundentes que nos demuestren que efectivamente quedaron resueltos los secuestros y homicidios de Fernando Martí y Silvia Vargas? Claro, estas pruebas deben dejar claro que entre los detenidos están los que deben de estar.
2. ¿Qué evidencias tiene la Policía Federal (o la Secretaría de Seguridad Pública, que es la dependencia a la que pertenece) para asegurar que la indagatoria que hizo la Procuraduría de Justicia del DF –esta sí, institución dedicada por ley y por tradición a la investigación- contra la banda de “La Flor”, quien se presumía había plagiado y matado a Martí, llevaron a la detención de una organización equivocada?
3. ¿Dónde está la intervención de la PGR, que es la autoridad investigadora federal, en los casos Martí y Vargas? ¿Por qué no salió para la foto en las diversas conferencias de prensa de la Policía Federal?
4. ¿Por qué las nuevas modificaciones legales impulsadas por el gobierno federal se empeñan en darle cada vez más facultades para investigar a la Policía Federal, que con esos cambios perdió su nombre de “Preventiva”?
5. ¿Por qué están dando tanto apoyo, legal, monetario y mediático, a la corporación a cargo de García Luna, quien entre otras cosas ha sido amenazado por el narcotráfico a través de mantas colocadas en puentes peatonales y en voz de un supuesto capo que hizo una llamada telefónica a un canal local de televisión en Michoacán?
6. ¿Por qué de pronto le dan tanto juego a este funcionario a quien en la actual administración de gobierno le mataron a por lo menos tres mandos claves –entre ellos Édgar Millán, en algún momento comisionado de la Policía Federal antes Preventiva- y a quien meses después también le asesinaron en varios ataques a uniformados de tropa que hacían labores de inteligencia en Michoacán?
7. ¿Por qué el principal tema de la agenda nacional el martes 28 de julio fue la detención ce cuatro secuestradores de una banda bautizada como “Los Rojos”? Paralelamente, por cierto, están los temas del dinero que cada vez alcanza menos en México, la espera de una gripe enorme que puede provocar más muertos de los que ya hubo y el incendio en una guardería en Sonora por el que nadie, ni mandatarios, ni autoridades del Seguro, ni los ministros de la Corte, han dicho “esta boca es mía”.
8. ¿Por qué el principal tema de la agenda nacional el miércoles 29 de julio también se encargará de marcarlo justo esa fecha a primera hora (para entonces ya estarás leyendo este blog) la Policía Federal?
9. ¿Y de verdad es esta corporación la super policía? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Por decisión de quién?
Pero hay algo que salva a nuestro gobierno federal o más bien que nuestras autoridades federales están presumiendo en los medios de comunicación como un respiro en medio del desierto: su flamante, eficaz, certera y salvadora Policía Federal.
¿Es cierto este mensaje mediático? ¿Verdaderamente es el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a cargo de esa corporación, el super policía que resuelve los secuestros que más han conmovido a la población y el que dio ya con la estructura y modus operandi del violento grupo de narcos de La Familia Michoacana para desarticularlo?
Esa respuesta no la tenemos ahora pero sí podemos, como ciudadanos, hacer un listado de dudas relacionadas con la rendición de cuentas que por lo menos el gobierno de Felipe Calderón debe contestar para que no nos quede duda de la transparencia y buen trabajo de sus dependencias, entre ellas la Policía Federal. Vaya, para que estemos convencidos por lo menos de la eficacia y sobresaliente trabajo de este cuerpo policiaco frente al resto de instituciones. Entre nuestro listado, podemos sugerir lo siguiente:
1. ¿Cuáles son las pruebas contundentes que nos demuestren que efectivamente quedaron resueltos los secuestros y homicidios de Fernando Martí y Silvia Vargas? Claro, estas pruebas deben dejar claro que entre los detenidos están los que deben de estar.
2. ¿Qué evidencias tiene la Policía Federal (o la Secretaría de Seguridad Pública, que es la dependencia a la que pertenece) para asegurar que la indagatoria que hizo la Procuraduría de Justicia del DF –esta sí, institución dedicada por ley y por tradición a la investigación- contra la banda de “La Flor”, quien se presumía había plagiado y matado a Martí, llevaron a la detención de una organización equivocada?
3. ¿Dónde está la intervención de la PGR, que es la autoridad investigadora federal, en los casos Martí y Vargas? ¿Por qué no salió para la foto en las diversas conferencias de prensa de la Policía Federal?
4. ¿Por qué las nuevas modificaciones legales impulsadas por el gobierno federal se empeñan en darle cada vez más facultades para investigar a la Policía Federal, que con esos cambios perdió su nombre de “Preventiva”?
5. ¿Por qué están dando tanto apoyo, legal, monetario y mediático, a la corporación a cargo de García Luna, quien entre otras cosas ha sido amenazado por el narcotráfico a través de mantas colocadas en puentes peatonales y en voz de un supuesto capo que hizo una llamada telefónica a un canal local de televisión en Michoacán?
6. ¿Por qué de pronto le dan tanto juego a este funcionario a quien en la actual administración de gobierno le mataron a por lo menos tres mandos claves –entre ellos Édgar Millán, en algún momento comisionado de la Policía Federal antes Preventiva- y a quien meses después también le asesinaron en varios ataques a uniformados de tropa que hacían labores de inteligencia en Michoacán?
7. ¿Por qué el principal tema de la agenda nacional el martes 28 de julio fue la detención ce cuatro secuestradores de una banda bautizada como “Los Rojos”? Paralelamente, por cierto, están los temas del dinero que cada vez alcanza menos en México, la espera de una gripe enorme que puede provocar más muertos de los que ya hubo y el incendio en una guardería en Sonora por el que nadie, ni mandatarios, ni autoridades del Seguro, ni los ministros de la Corte, han dicho “esta boca es mía”.
8. ¿Por qué el principal tema de la agenda nacional el miércoles 29 de julio también se encargará de marcarlo justo esa fecha a primera hora (para entonces ya estarás leyendo este blog) la Policía Federal?
9. ¿Y de verdad es esta corporación la super policía? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Por decisión de quién?
¿Quién está mintiendo?
A la una de la mañana del viernes 17 de julio, los empleados de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública federal hicieron contacto con los reporteros de la fuente para informarles que seis horas después les harían un anuncio importante.
La dependencia, urgida por dar un buen golpe después de tantas bajas de policías provocadas por el cártel de La Familia apenas unas horas antes, entre ellas 12 muertos de un jalón, tenía que mostrar algo espectacular. Así lo hizo, presentó a los ahora sí verdaderos secuestradores del joven Fernando Martí.
Es decir, el mensaje fue hacer borrón y cuenta nueva con ese caso.¿Y entonces qué pasó con el camino supuestamente andado de la investigación primera que se hizo? ¿Qué pasó con la banda de “La Flor”? ¿Y “El Apá”? ¿Y “La Lore”, que por cierto trabajaba en Seguridad Pública federal? ¿Y lo que ya avalaron los jueces de la presunta responsabilidad de todos esos detenidos en el crimen de Martí?
Miguel Ángel Mancera, el procurador capitalino, responsable de esa primera investigación, se quedó mudo y tardó varias horas en reaccionar y salir a dar una respuesta mientras que su jefe Marcelo Ebrard estaba de gira por Bolivia.
Es decir, la coordinación que días después recalcaran las autoridades federales y del Distrito Federal que existía, en los hechos brilló por su ausencia en las indagatorias del caso Martí. Los del DF fueron reaccionando como pudieron y empezaron a declarar cosas como que tomarían las declaraciones de “Los Petriciolet” –los ahora verdaderos responsables-, que las dos organizaciones delictivas tenían sus nexos –o sea que todos, los nuevos y los viejos, estaban involucrados en el crimen- y que para nada hay discordancias entre autoridades.
Los federales insistieron en un primer momento en que “sus” detenidos estaban ya confesos del crimen de Martí y que no parecía existir culpabilidad de la banda de “La Flor” en el secuestro y asesinato cometidos hace más de un año.
Es decir, se fueron con todo a descalificar un primer trabajo de investigación ya de por sí cuestionado al principio.
La SSP aparentemente logró un primer objetivo y para este fin de semana ya nadie se acordaba de las agresiones de La Familia Michoacana, con granadas y balas de por medio, a sus policías federales. El tema de conversación era la torpeza y el ridículo de la Procuraduría capitalina y su tal vez inventada banda de “La Flor”.
Una vez cambiado el tema de prioridad nacional, la autoridad federal fue paulatinamente matizando su anuncio y hasta el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, y otros funcionarios federales, salieron a suavizar el asunto al decir que existe una amplia coordinación de las autoridades de diferentes niveles de gobierno y que sí, tal como lo asegurara Mancera, se juntarían ambas investigaciones pues había puntos de coincidencia.
Nosotros, como ciudadanos comunes, tratamos de entender este juego pero no nos quedan claras muchas cosas. La primera pregunta que tenemos muchos de nosotros, por supuesto, es quién nos está mintiendo.
A través de nuevos anuncios y datos que se han ido revelando, podremos ir conociendo el rompecabezas que seguramente ninguna autoridad ha terminado de armar.
Entre otras cosas, aún falta esperar que el Tribunal Superior de Justicia del DF regrese de vacaciones y dé a conocer su postura. Porque también está en entredicho el trabajo de los jueces locales en el caso.
La dependencia, urgida por dar un buen golpe después de tantas bajas de policías provocadas por el cártel de La Familia apenas unas horas antes, entre ellas 12 muertos de un jalón, tenía que mostrar algo espectacular. Así lo hizo, presentó a los ahora sí verdaderos secuestradores del joven Fernando Martí.
Es decir, el mensaje fue hacer borrón y cuenta nueva con ese caso.¿Y entonces qué pasó con el camino supuestamente andado de la investigación primera que se hizo? ¿Qué pasó con la banda de “La Flor”? ¿Y “El Apá”? ¿Y “La Lore”, que por cierto trabajaba en Seguridad Pública federal? ¿Y lo que ya avalaron los jueces de la presunta responsabilidad de todos esos detenidos en el crimen de Martí?
Miguel Ángel Mancera, el procurador capitalino, responsable de esa primera investigación, se quedó mudo y tardó varias horas en reaccionar y salir a dar una respuesta mientras que su jefe Marcelo Ebrard estaba de gira por Bolivia.
Es decir, la coordinación que días después recalcaran las autoridades federales y del Distrito Federal que existía, en los hechos brilló por su ausencia en las indagatorias del caso Martí. Los del DF fueron reaccionando como pudieron y empezaron a declarar cosas como que tomarían las declaraciones de “Los Petriciolet” –los ahora verdaderos responsables-, que las dos organizaciones delictivas tenían sus nexos –o sea que todos, los nuevos y los viejos, estaban involucrados en el crimen- y que para nada hay discordancias entre autoridades.
Los federales insistieron en un primer momento en que “sus” detenidos estaban ya confesos del crimen de Martí y que no parecía existir culpabilidad de la banda de “La Flor” en el secuestro y asesinato cometidos hace más de un año.
Es decir, se fueron con todo a descalificar un primer trabajo de investigación ya de por sí cuestionado al principio.
La SSP aparentemente logró un primer objetivo y para este fin de semana ya nadie se acordaba de las agresiones de La Familia Michoacana, con granadas y balas de por medio, a sus policías federales. El tema de conversación era la torpeza y el ridículo de la Procuraduría capitalina y su tal vez inventada banda de “La Flor”.
Una vez cambiado el tema de prioridad nacional, la autoridad federal fue paulatinamente matizando su anuncio y hasta el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, y otros funcionarios federales, salieron a suavizar el asunto al decir que existe una amplia coordinación de las autoridades de diferentes niveles de gobierno y que sí, tal como lo asegurara Mancera, se juntarían ambas investigaciones pues había puntos de coincidencia.
Nosotros, como ciudadanos comunes, tratamos de entender este juego pero no nos quedan claras muchas cosas. La primera pregunta que tenemos muchos de nosotros, por supuesto, es quién nos está mintiendo.
A través de nuevos anuncios y datos que se han ido revelando, podremos ir conociendo el rompecabezas que seguramente ninguna autoridad ha terminado de armar.
Entre otras cosas, aún falta esperar que el Tribunal Superior de Justicia del DF regrese de vacaciones y dé a conocer su postura. Porque también está en entredicho el trabajo de los jueces locales en el caso.
Indefensión
Balas, granadas, ráfagas y fuego de todo tipo son utilizados indiscriminadamente por el crimen organizado contra un objetivo muy claro: la Policía Federal.
Frente a este escenario de guerra que ha vivido nuestro país en los últimos días hay dos visiones totalmente distintas. La del gobierno de Felipe Calderón, que asegura que los narcos están desesperados y que continuará la respuesta oficial –también con balas, claro- hasta sus últimas consecuencias, y la de los ciudadanos, quienes entrevistados en las calles se dicen preocupados y seguros de que las cosas no están bien.
¿Podrá tener razón un gobierno al que le matan a sus agentes mejor preparados, incluso amparados por una ley nuevecita que les da mayores facultades de acción, a través de ataques perfectamente sincronizados en Michoacán, Guerrero y Guanajuato?
¿Podrá tener razón un gobierno al que después le emboscan a 12 de sus agentes, entre ellos una mujer, y los ejecutan con todo lujo de la violencia a la que nos ha acostumbrado el narcotráfico?
¿Podrá tener razón un gobierno al que, encima de todo eso, le descubren a otro grupo de policías camuflado en un autobús turístico y le avientan una serie de explosivos?
¿Podrá tener razón un gobierno que utilizó semanas antes su batalla sin cuartel contra la delincuencia organizada como campaña electoral a favor del partido que representa, logrando con ello un escandalosos fracaso traducido en la pérdida de muchísimos votos?
Ahora analicemos la perspectiva del ciudadano, como tú y como yo. ¿Tendremos razón con nuestra postura si paulatinamente evitamos salir a las calles con nuestros hijos por el puro miedo de que nos toque una granada perdida?
No, quienes tenemos acceso a este espacio seguramente no vivimos en Michoacán.
Pero la organización criminal de La Familia, con quien ahora está en guerra el gobierno federal, se ha demostrado que opera también permanece en otras entidades, como el Estado de México, donde habitamos personas como tú y como yo, que salimos a trabajar, a divertirnos y a hacer nuestra vida, hasta ahora normal.
¿Tú con cuál de las dos visiones te quedas?Un dato. Hay especialistas como Edgardo Buscaglia, profesor en Derecho del ITAM, a quienes les queda claro que la administración de Calderón está jugándole al policía y al ladrón en lugar de solucionar el problema de fondo como podría ser atacar las estructuras financieras de estos grupos delictivos, quienes prácticamente sostienen la economía de poblaciones enteras.
Otro más. Servando Gómez Martínez, “El Tuta”, como llaman al líder de La Familia Michoacana, habló a un programa de televisión para ofrecer un pacto con el gobierno. Ahí dijo también que sí están en guerra con la Policía Federal pero no con el Ejército a quien respetan.
Al Ejército que efectivamente no ha sido blanco de las agresiones y que, por cierto, tampoco ha ayudado a la Policía Federal a aplicar los operativos, a patrullar o simplemente a hacer presencia en esta etapa de indefensión.
Frente a este escenario de guerra que ha vivido nuestro país en los últimos días hay dos visiones totalmente distintas. La del gobierno de Felipe Calderón, que asegura que los narcos están desesperados y que continuará la respuesta oficial –también con balas, claro- hasta sus últimas consecuencias, y la de los ciudadanos, quienes entrevistados en las calles se dicen preocupados y seguros de que las cosas no están bien.
¿Podrá tener razón un gobierno al que le matan a sus agentes mejor preparados, incluso amparados por una ley nuevecita que les da mayores facultades de acción, a través de ataques perfectamente sincronizados en Michoacán, Guerrero y Guanajuato?
¿Podrá tener razón un gobierno al que después le emboscan a 12 de sus agentes, entre ellos una mujer, y los ejecutan con todo lujo de la violencia a la que nos ha acostumbrado el narcotráfico?
¿Podrá tener razón un gobierno al que, encima de todo eso, le descubren a otro grupo de policías camuflado en un autobús turístico y le avientan una serie de explosivos?
¿Podrá tener razón un gobierno que utilizó semanas antes su batalla sin cuartel contra la delincuencia organizada como campaña electoral a favor del partido que representa, logrando con ello un escandalosos fracaso traducido en la pérdida de muchísimos votos?
Ahora analicemos la perspectiva del ciudadano, como tú y como yo. ¿Tendremos razón con nuestra postura si paulatinamente evitamos salir a las calles con nuestros hijos por el puro miedo de que nos toque una granada perdida?
No, quienes tenemos acceso a este espacio seguramente no vivimos en Michoacán.
Pero la organización criminal de La Familia, con quien ahora está en guerra el gobierno federal, se ha demostrado que opera también permanece en otras entidades, como el Estado de México, donde habitamos personas como tú y como yo, que salimos a trabajar, a divertirnos y a hacer nuestra vida, hasta ahora normal.
¿Tú con cuál de las dos visiones te quedas?Un dato. Hay especialistas como Edgardo Buscaglia, profesor en Derecho del ITAM, a quienes les queda claro que la administración de Calderón está jugándole al policía y al ladrón en lugar de solucionar el problema de fondo como podría ser atacar las estructuras financieras de estos grupos delictivos, quienes prácticamente sostienen la economía de poblaciones enteras.
Otro más. Servando Gómez Martínez, “El Tuta”, como llaman al líder de La Familia Michoacana, habló a un programa de televisión para ofrecer un pacto con el gobierno. Ahí dijo también que sí están en guerra con la Policía Federal pero no con el Ejército a quien respetan.
Al Ejército que efectivamente no ha sido blanco de las agresiones y que, por cierto, tampoco ha ayudado a la Policía Federal a aplicar los operativos, a patrullar o simplemente a hacer presencia en esta etapa de indefensión.
¿Y ahora?
La sociedad civil organizada recibió un infame golpe, uno de los peores que se recuerden, con el crimen de Benjamín Le Barón, el joven mormón que impulsó la medida de dejar de pagar rescate a los secuestradores, mucho más valiente y definitiva que cualquiera que hayan tomado las autoridades.
En el municipio de Galeana, Chihuahua, a LeBarón, de 31 años de edad, lo “levantó” un grupo armado, junto con su cuñado Luis Whitman. Los desconocidos, unos 20 vestidos de soldados, llegaron hasta su casa y se lo llevaron; Luis se asomó a ver qué ocurría y repitieron con él la operación.
Los dos cuerpos sin vida aparecerían horas después en un paraje con múltiples huellas de bala y con un mensaje firmado por quien se identificó como “El General”.
La primera pregunta, la fundamental, la básica es... ¿Quién nos podrá proteger hasta en nuestra propia casa?
Otra más será: ¿por qué tenemos que ser los ciudadanos los que tengamos que aplicar medidas desesperadas contra delitos que no terminan, que siguen vigentes a lo largo de los años sólo con algunas modalidades, como es el secuestro?
Ante un ejemplo como el anterior, ¿qué podremos proponer o hasta dónde podemos llegar los ciudadanos que no tenemos placa, armas ni recursos para utilizar tecnología contra el crimen?
Tú y yo, con esas limitaciones, quizá no tengamos la respuesta, pero por lo menos cada autoridad encargada de la seguridad y la justicia en las colonias, los municipios, pequeñas o grandes localidades, calles, estados y zonas del país nos debe una respuesta o al menos algún dato esperanzador que nos haga sentir tranquilidad.
Hoy por la mañana será importante escuchar el mensaje conjunto que darán esas organizaciones que trabajan en contra del delito. México Unido contra la Delincuencia, Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, México SOS, el ICESI, Convivencia sin Violencia, Iluminemos México y otras más harán su pronunciamiento.
Horas antes, Isabel Miranda de Wallace, una conocida madre de familia que realizó su propia investigación para dar con los secuestradores de su hijo, adelantó su postura ante el caso de Chihuahua.
“Yo creo que las denuncias públicas tienen mucho riesgo, la gente que nos atrevemos a hacerlo de alguna manera estamos expuestos a esto que vivió este hombre, yo misma lo he vivido; hacer denuncias entraña un grave riesgo”, enfatizó.
Después de estos pronunciamientos, lo que esperamos con mucho interés es aunque sea una respuesta oficial confortante, alentadora, inteligente. Aunque sea una sola.
El domingo 5
En medio de tantas campañas de descalificaciones, de guerras de spots, de partidos en los que la gente no cree y otros que buscan arrebatar gobiernos y curules, de detenciones masivas de alcaldes y otros funcionarios, del Ejército en las calles de algunos ciudades o incluso en medio del clima de violencia por delincuencia común o del crimen organizado que para nada ha cesado en el país… ¿la gente podrá ir a votar este domingo sin miedo?
En la ciudad de México y sus área metropolitana ya existen los respectivos operativos policiacos y las órdenes debidas para contener alguna contingencia en los focos rojos que se han detectado.
Las autoridades responsables –entre ellas la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal- se niegan a hablar de ese tipo de “focos”; mejor les llaman zonas de atención en las que más que violencia prevén jaloneos que se verán reflejados en la presentación de denuncias electorales. Por eso, dicen, se utilizaron dos criterios para catalogarlas: la reñida competencia entre los partidos que buscan liderar y la alta concentración de votantes.
De esta forma, en el Distrito Federal destacan como las zonas que requerirán mayor vigilancia Iztapalapa, en especial la zona de San Miguel Teotongo y donde la bronca Brugada-Oliva ha generado una bomba explosiva que hasta el próximo domingo sabremos si detonará y cómo lo hará, así como Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán y Gustavo A. Madero.
En el Estado de México, calculan sus autoridades estatales y algunas municipales, hay dos grandes zonas que no hay que perder de vista: una, el corredor azul que podría dejar de perder este color y que contempla a los municipios de Naucalpan y Tlalnepantla, y el oriente, donde vive parte de la población de esta entidad más marginada y aguerrida.
En el primero de los casos, más que esperar golpes y balazos, se prevén resultados de una votación que tendrán que resolverse en tribunales si las diferencias en los resultados son mínimas, mientras que en el segundo habría que aguardar una pequeña chispa que haga estallar a sectores de la población ya muy inconformes de gobiernos corruptos, pobreza y del abandono que tienen como parte de la metrópoli.
Ahí se tendrá que poner la lupa especialmente en Chimalhuacán, tierra de “La Loba”; Ixtapaluca, donde el edil perredista Mario Moreno fue detenido por secuestro y hoy busca un lugar en la Cámara de Diputados; Valle de Chalco, donde estos días el temor de sus habitantes vuelve a ser que por las lluvias se vuelvan a inundar con las aguas del Canal de la Compañía, e incluso el pequeño municipio de La Paz.
Pese a todas estas consideraciones y conociendo los focos de mayor cuidado, las policías preventivas y ministeriales del DF y de la entidad mexiquense garantizan que habrá la vigilancia y la protección necesarias. Ahora nos toca a nosotros decidir si este domingo acudiremos a la casilla que nos corresponde para plasmar nuestras preferencias políticas o bien anular nuestro voto.
Pensémoslo, pues.
En la ciudad de México y sus área metropolitana ya existen los respectivos operativos policiacos y las órdenes debidas para contener alguna contingencia en los focos rojos que se han detectado.
Las autoridades responsables –entre ellas la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal- se niegan a hablar de ese tipo de “focos”; mejor les llaman zonas de atención en las que más que violencia prevén jaloneos que se verán reflejados en la presentación de denuncias electorales. Por eso, dicen, se utilizaron dos criterios para catalogarlas: la reñida competencia entre los partidos que buscan liderar y la alta concentración de votantes.
De esta forma, en el Distrito Federal destacan como las zonas que requerirán mayor vigilancia Iztapalapa, en especial la zona de San Miguel Teotongo y donde la bronca Brugada-Oliva ha generado una bomba explosiva que hasta el próximo domingo sabremos si detonará y cómo lo hará, así como Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán y Gustavo A. Madero.
En el Estado de México, calculan sus autoridades estatales y algunas municipales, hay dos grandes zonas que no hay que perder de vista: una, el corredor azul que podría dejar de perder este color y que contempla a los municipios de Naucalpan y Tlalnepantla, y el oriente, donde vive parte de la población de esta entidad más marginada y aguerrida.
En el primero de los casos, más que esperar golpes y balazos, se prevén resultados de una votación que tendrán que resolverse en tribunales si las diferencias en los resultados son mínimas, mientras que en el segundo habría que aguardar una pequeña chispa que haga estallar a sectores de la población ya muy inconformes de gobiernos corruptos, pobreza y del abandono que tienen como parte de la metrópoli.
Ahí se tendrá que poner la lupa especialmente en Chimalhuacán, tierra de “La Loba”; Ixtapaluca, donde el edil perredista Mario Moreno fue detenido por secuestro y hoy busca un lugar en la Cámara de Diputados; Valle de Chalco, donde estos días el temor de sus habitantes vuelve a ser que por las lluvias se vuelvan a inundar con las aguas del Canal de la Compañía, e incluso el pequeño municipio de La Paz.
Pese a todas estas consideraciones y conociendo los focos de mayor cuidado, las policías preventivas y ministeriales del DF y de la entidad mexiquense garantizan que habrá la vigilancia y la protección necesarias. Ahora nos toca a nosotros decidir si este domingo acudiremos a la casilla que nos corresponde para plasmar nuestras preferencias políticas o bien anular nuestro voto.
Pensémoslo, pues.
Construyendo sueños
El tema de la seguridad, tan sensible y trascendente para cualquier ciudadano como tú o como yo, también es fundamental en las plataformas de campaña de cualquier candidato a algún cargo de elección.
Pero siendo la prioridad de cualquier gobierno de nuestro país, ¿una propuesta en esta materia será determinante para que decidamos por quién votar?
Si es así, analicemos lo que ofrecen algunos de los candidatos a jefes delegacionales o a presidentes municipales en cuestiones de seguridad pública y justicia para tratar de determinar si existe viabilidad, si son plataformas bien pensadas o si de plano son sueños guajiros que sólo suenan bonito.
El panista Édgar Olvera, quien pelea la presidencia municipal de Naucalpan, tiene como prioridad, como muchos otros candidatos, el tema de la seguridad, y por ello buscará tirar la casa por la ventana colocando cámaras de video en las colonias más conflictivas. Una gran propuesta, sólo que hay que recordarle que ni es novedosa y que otros gobiernos no han podido hacerlo ni con el paso de los años ni con toda la voluntad demostrada cuando hacen sus anuncios.
En el metro de la ciudad de México, por ejemplo, no han logrado instalar la totalidad de las cámaras que tenían pensadas desde hace 15 años –todavía con los priistas en el Departamento del Distrito Federal a cargo- que la entonces Gerencia de Vigilancia planteaba.
Y bueno, también se supone que las principales avenidas del DF cuentan con videovigilancia. Efectivamente ahí están las cámaras… lo malo es que no sirven. Me consta porque gracias a que estos aditamentos están de adorno no se pudo siquiera empezar a investigar la muerte de un amigo al que atropellaron en Insurgentes y San Luis Potosí, en plena colonia Roma.
Olvera también propone la creación de un manual de uso de la fuerza para policías. Bueno, digamos que este tema forma parte de protocolos internacionales que las corporaciones del mundo deberían seguir en automático, pero se agradece la gentileza.
Si este hombre gana, en una de esas se adelanta al gobierno de Enrique Peña Nieto que no logra avanzar en este tema, después de los penosos cuestionamientos por el caso Atenco que mancharon a dos que tres autoridades de distintos niveles, y entre ellas, por supuesto, las del Estado de México.
Vayamos con la contrincante del panista, la representante del PRI Azucena Olivares, a quien solamente le dedicaremos este párrafo porque entre sus tres principales ejes de gobierno no está el tema de la seguridad pública. ¿Será que esto le beneficia por el hecho de no comprometerse tanto con un tema tan complicado?
En Miguel Hidalgo, la corredora Ana Gabriela Guevara, del PRD, por supuesto que incluyó dentro de sus prioridades el tema.
Por eso lo desmenuzó de la siguiente manera y nosotros habremos de analizar rápidamente los subtemas.“Vamos a trabajar en coordinación con el gobierno central para una mayor prevención del delito”. Claro, antes que comprometerse con algo, tenía que dar el espaldarazo al jefe Marcelo Ebrard.
“Mas tecnología”. ¿Máaaaas?, ¿a poco ya hay tecnología? Y si la hay, ¿realmente les servirá? Digamos que hay cosas que sí sirven; por ejemplo, los radios de comunicación de los policías del DF son útiles para que los reporteros lleguen a cubrir sus notas policiacas al lugar de los hechos, antes que los propios uniformados.
“Nuevas patrullas”. Antes eran Tsuru, luego Topaz, después Cavalier, hoy hay modelos Tiida; es decir, siempre llegan nuevas patrullas, ¿cuál sería la novedad ahora?, ¿sólo la marca?
“Un programa de policía de barrio”. Va un premio a quien dé el mayor número de nombres de autoridades capitalinas –entre ellas jefes de policía- que hicieron esta propuesta cuando llegaron.
En fin, quien compite con la medallista olímpica es el panista Demetrio Sodi, que más que tocar en lo general el tema de la seguridad, consideró más útil incluir algunas de sus vertientes en sus tres principales ejes de trabajo.
La primera es crear un consejo ciudadano para poner orden en la policía y otra más es impulsar un programa de “cero corrupción” a partir de la transparencia total. Tampoco suenan nuevos pero habrá que conocer los pormenores.
La lista puede seguir pero podemos hacer un alto para reflexionar qué nos parecen estos propósitos de los candidatos.
Pero siendo la prioridad de cualquier gobierno de nuestro país, ¿una propuesta en esta materia será determinante para que decidamos por quién votar?
Si es así, analicemos lo que ofrecen algunos de los candidatos a jefes delegacionales o a presidentes municipales en cuestiones de seguridad pública y justicia para tratar de determinar si existe viabilidad, si son plataformas bien pensadas o si de plano son sueños guajiros que sólo suenan bonito.
El panista Édgar Olvera, quien pelea la presidencia municipal de Naucalpan, tiene como prioridad, como muchos otros candidatos, el tema de la seguridad, y por ello buscará tirar la casa por la ventana colocando cámaras de video en las colonias más conflictivas. Una gran propuesta, sólo que hay que recordarle que ni es novedosa y que otros gobiernos no han podido hacerlo ni con el paso de los años ni con toda la voluntad demostrada cuando hacen sus anuncios.
En el metro de la ciudad de México, por ejemplo, no han logrado instalar la totalidad de las cámaras que tenían pensadas desde hace 15 años –todavía con los priistas en el Departamento del Distrito Federal a cargo- que la entonces Gerencia de Vigilancia planteaba.
Y bueno, también se supone que las principales avenidas del DF cuentan con videovigilancia. Efectivamente ahí están las cámaras… lo malo es que no sirven. Me consta porque gracias a que estos aditamentos están de adorno no se pudo siquiera empezar a investigar la muerte de un amigo al que atropellaron en Insurgentes y San Luis Potosí, en plena colonia Roma.
Olvera también propone la creación de un manual de uso de la fuerza para policías. Bueno, digamos que este tema forma parte de protocolos internacionales que las corporaciones del mundo deberían seguir en automático, pero se agradece la gentileza.
Si este hombre gana, en una de esas se adelanta al gobierno de Enrique Peña Nieto que no logra avanzar en este tema, después de los penosos cuestionamientos por el caso Atenco que mancharon a dos que tres autoridades de distintos niveles, y entre ellas, por supuesto, las del Estado de México.
Vayamos con la contrincante del panista, la representante del PRI Azucena Olivares, a quien solamente le dedicaremos este párrafo porque entre sus tres principales ejes de gobierno no está el tema de la seguridad pública. ¿Será que esto le beneficia por el hecho de no comprometerse tanto con un tema tan complicado?
En Miguel Hidalgo, la corredora Ana Gabriela Guevara, del PRD, por supuesto que incluyó dentro de sus prioridades el tema.
Por eso lo desmenuzó de la siguiente manera y nosotros habremos de analizar rápidamente los subtemas.“Vamos a trabajar en coordinación con el gobierno central para una mayor prevención del delito”. Claro, antes que comprometerse con algo, tenía que dar el espaldarazo al jefe Marcelo Ebrard.
“Mas tecnología”. ¿Máaaaas?, ¿a poco ya hay tecnología? Y si la hay, ¿realmente les servirá? Digamos que hay cosas que sí sirven; por ejemplo, los radios de comunicación de los policías del DF son útiles para que los reporteros lleguen a cubrir sus notas policiacas al lugar de los hechos, antes que los propios uniformados.
“Nuevas patrullas”. Antes eran Tsuru, luego Topaz, después Cavalier, hoy hay modelos Tiida; es decir, siempre llegan nuevas patrullas, ¿cuál sería la novedad ahora?, ¿sólo la marca?
“Un programa de policía de barrio”. Va un premio a quien dé el mayor número de nombres de autoridades capitalinas –entre ellas jefes de policía- que hicieron esta propuesta cuando llegaron.
En fin, quien compite con la medallista olímpica es el panista Demetrio Sodi, que más que tocar en lo general el tema de la seguridad, consideró más útil incluir algunas de sus vertientes en sus tres principales ejes de trabajo.
La primera es crear un consejo ciudadano para poner orden en la policía y otra más es impulsar un programa de “cero corrupción” a partir de la transparencia total. Tampoco suenan nuevos pero habrá que conocer los pormenores.
La lista puede seguir pero podemos hacer un alto para reflexionar qué nos parecen estos propósitos de los candidatos.
Un grupo para dar confianza
Un año después de que el secuestro volviera a ser una preocupación para las autoridades a partir de los plagios y asesinatos de los jóvenes Fernando Martí y Silvia Vargas, ya la ciudad de México cuenta con su Fuerza Antisecuestros (o FAS, como decidieron llamarle), un grupo especializado con una concepción diferente a las corporaciones que antes se supone también se habían creado para perseguir, investigar y evitar este delito.
Con 87 agentes certificados, la nueva unidad investigadora, dependiente de la Procuraduría capitalina, es la primera en el país que cubre varios protocolos que deberán seguir el resto de las que serán creadas –por exigencias de la Procuraduría General de la República- para poder operar. La certificación respondió a pruebas de control de confianza, toxicológicas y de manejo de crisis.
Asimismo, la FAS opera a partir de cuatro subgrupos especializados en tareas muy específicas. Es decir, hay agentes que solamente negocian, otros son especialistas en tiro y participan en los rescates, otros más hacen investigación de campo y el resto realizan labores de inteligencia. Esto permite, dicen, mejores resultados en menos tiempo.Todos ellos son los argumentos que da Miguel Ángel Mancera y su gente para anunciar con bombo y platillo el inicio de operaciones de su unidad especial, cuyas instalaciones con tecnología de punta se localizan en Azcapotzalco.
La pregunta que surge ahora es ¿verdaderamente todos nosotros podremos confiar en la flamante FAS y a partir de hoy denunciar este tipo de delitos con toda libertad? No olvidemos que invariablemente todas las organizaciones dedicadas a secuestrar que han sido desmembradas, eran solapadas y hasta encabezadas por agentes policiacos.
Por ejemplo, para la organización conocida como “La Flor”, señalada como la responsable de plagiar y matar al joven Martí, trabajaba la policía Lorena González, integrante de un área especial supuestamente creada para combatir el secuestro dentro de la Agencia Federal de Investigación (AFI). También en su momento, por cierto, las tareas de la dependencia federal también fueron dadas a conocer con bombo y platillo.
Y con esquemas similares –con el apoyo de policías locales, federales, preventivos, judiciales, de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y todos lo que se nos ocurran- trabajaron los hermanos Arizmendi , los violentos pupilos de Andrés Caletri o nuevas bandas que se siguen reproduciendo como “Los Chiconcuac”, en el Estado de México.
Con la creación de la FAS, que irá multiplicándose en el resto de las entidades a partir de la formación de otras fuerzas antisecuestros idénticas al parecer, las autoridades de los diferentes niveles de gobierno tratan de fortalecer sus campañas en pro de la denuncia e intentarán desprestigiar a abogados y grupos de negociadores particulares bajo el argumento de que a estos les interesa más el dinero que la integridad de las víctimas.
¿Les hacemos caso?
Soldados a escena
¿Qué pensaría usted si al abrir la puerta de su casa descubre que las calles de su colonia están sitiadas por elementos del Ejército mexicano?
¿Y si al ir al súper las entradas y los pasillos tienen presencia de soldados haciendo guardia?
¿O qué tal si de camino a la escuela de sus hijos aparecen, a medio camino, varios retenes militares cuyos elementos le marcan el alto para revisar su vehículo, pedirle identificación y hacer anotaciones de lo que encuentren?
Hoy es cada vez más frecuente que las distintas ciudades, poblados y comunidades vivan en carne propia escenas, no siempre afortunadas, en las que el Ejército es protagonista, siempre en pos de la seguridad, si nos vamos con las explicaciones oficiales.
El más reciente ejemplo le tocó al turístico puerto de Acapulco cuando en la tradicional zona de Caleta, elementos del Ejército llegaron a hacer detenciones y se enfrentaron por varias horas a presuntos narcotraficantes.
Los vecinos vivieron el terror durante varias horas. Balazos aislados, luego ráfagas de fuego provocadas con lo que presumen fueron cuernos de chivo y después granadas, según supieron después por la prensa, unas 20.
Entre el reguero de muertos había dos civiles; es decir, ciudadanos comunes como usted o como yo que ni están del lado de las fuerzas de seguridad ni del de los delincuentes.
La noche del sábado pasado, cuando ocurrieron esos hechos, no terminó la pesadilla. Todo el día siguiente los soldados sitiaron calles e hicieron cateos de manera indiscriminada. Revisaron hoteles con todo y turistas, desvistieron a trabajadores de un taller mecánico, entraron a casas a punta de pistola.
La gente optó por esconderse en sus viviendas y cerrar sus negocios. Aseguran que nunca antes había ocurrido algo así en el corazón de este centro turístico.
Otro de los más recientes golpes de nuestro Ejército ocurrió hace unos días cuando sus integrantes tomaron el palacio de gobierno de Morelia, oficinas públicas, domicilios y calles de Michoacán, para dar el mayor golpe contra el narcotráfico ligado con alcaldes y comandantes que se recuerde.
El gobierno federal presume resultados positivos; el estatal lamenta la ilegal irrupción y decenas de ciudadanos hasta hicieron concentraciones y manifestaciones para condenar este operativo.
El caso extremo de estas intervenciones militares en la vida cotidiana se registró justo hace dos años, el 1 de junio de 2007, en una ranchería de la sierra de Sinaloa.
Fue un aparentemente inofensivo retén el que, tras una cuestionable revisión, provocó la muerte de toda una familia, incluyendo a tres niños de 2, 4 y 7 años.
Ni los hechos se han esclarecido ni hay castigo para los culpables. Sólo se dijo en su momento que las víctimas eran narcos.
Ante estas y otras situaciones habrá que pensar si el Ejército está logrando contener al crimen –a decir del constante agradecimiento presidencial a sus fuerzas castrenses- o si los resultados de esta contención más bien están contribuyendo a desquiciar la tranquilidad de la población.
¿Y si al ir al súper las entradas y los pasillos tienen presencia de soldados haciendo guardia?
¿O qué tal si de camino a la escuela de sus hijos aparecen, a medio camino, varios retenes militares cuyos elementos le marcan el alto para revisar su vehículo, pedirle identificación y hacer anotaciones de lo que encuentren?
Hoy es cada vez más frecuente que las distintas ciudades, poblados y comunidades vivan en carne propia escenas, no siempre afortunadas, en las que el Ejército es protagonista, siempre en pos de la seguridad, si nos vamos con las explicaciones oficiales.
El más reciente ejemplo le tocó al turístico puerto de Acapulco cuando en la tradicional zona de Caleta, elementos del Ejército llegaron a hacer detenciones y se enfrentaron por varias horas a presuntos narcotraficantes.
Los vecinos vivieron el terror durante varias horas. Balazos aislados, luego ráfagas de fuego provocadas con lo que presumen fueron cuernos de chivo y después granadas, según supieron después por la prensa, unas 20.
Entre el reguero de muertos había dos civiles; es decir, ciudadanos comunes como usted o como yo que ni están del lado de las fuerzas de seguridad ni del de los delincuentes.
La noche del sábado pasado, cuando ocurrieron esos hechos, no terminó la pesadilla. Todo el día siguiente los soldados sitiaron calles e hicieron cateos de manera indiscriminada. Revisaron hoteles con todo y turistas, desvistieron a trabajadores de un taller mecánico, entraron a casas a punta de pistola.
La gente optó por esconderse en sus viviendas y cerrar sus negocios. Aseguran que nunca antes había ocurrido algo así en el corazón de este centro turístico.
Otro de los más recientes golpes de nuestro Ejército ocurrió hace unos días cuando sus integrantes tomaron el palacio de gobierno de Morelia, oficinas públicas, domicilios y calles de Michoacán, para dar el mayor golpe contra el narcotráfico ligado con alcaldes y comandantes que se recuerde.
El gobierno federal presume resultados positivos; el estatal lamenta la ilegal irrupción y decenas de ciudadanos hasta hicieron concentraciones y manifestaciones para condenar este operativo.
El caso extremo de estas intervenciones militares en la vida cotidiana se registró justo hace dos años, el 1 de junio de 2007, en una ranchería de la sierra de Sinaloa.
Fue un aparentemente inofensivo retén el que, tras una cuestionable revisión, provocó la muerte de toda una familia, incluyendo a tres niños de 2, 4 y 7 años.
Ni los hechos se han esclarecido ni hay castigo para los culpables. Sólo se dijo en su momento que las víctimas eran narcos.
Ante estas y otras situaciones habrá que pensar si el Ejército está logrando contener al crimen –a decir del constante agradecimiento presidencial a sus fuerzas castrenses- o si los resultados de esta contención más bien están contribuyendo a desquiciar la tranquilidad de la población.
Martí, a un año
A punto de cumplirse un año del secuestro y muerte del joven Fernando Martí, hay tres imágenes que muestran lo que está ocurriendo en el país meses después del fuerte repudio social y de la espectacular respuesta que en su momento tuvo la autoridad para demostrar que actuaría contra ese crimen.
Primera escena. El presidente Felipe Calderón encabeza por primera vez –antes era el secretario de Gobernación- el Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional con la presencia de gobernadores, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el gabinete de seguridad.
El mandatario hizo un balance a lo que se supone tendría que ser secuela a las reuniones tras el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, signado entre prácticamente todos los sectores como respuesta al caso Martí. Entre otras cosas dijo que descubrió, como para justificar sus recientes operativos en Michoacán y Nuevo León, que existe redes de protección al crimen organizado y que es claro el alcance y poder corruptor de las organizaciones delictivas.
Que ya hay nuevas leyes para que los diferentes niveles de gobierno se coordinen mejor. Que las Fuerzas Armadas no van a seguir en las calles toda la vida. Que su gobierno detuvo a personajes importantes del narco que eran conocidos con alias como “El Napo”, “Vicentillo”, “El Canicón”, “La Burra”, “El Ingeniero”, “El Tatanka” o “El Doctor”… Después se acordó del tema del secuestro y en un escueto informe dijo cosas como que su administración logró liberar a más de 600 víctimas y que la mitad de los estados de la República están en proceso de fortalecer sus nuevas unidades antisecuestro.
Segunda escena. Alejandro Martí, el padre del muchacho plagiado el 4 de junio del año pasado y cuyo cuerpo apareció días después sin vida y encajuelado por la zona sur de la ciudad de México, firmó un convenio con la Coparmex y no estuvo presente como representante de la sociedad civil en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El empresario comentó que el trabajo de las autoridades en las investigaciones tras la muerte de su hijo, no ha sido tan veloz como la sociedad quisiera.
Tercera escena. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) trabaja en el esclarecimiento de un nuevo crimen muy parecido al del joven Martí. Esta vez la víctima es Antonio Equihua, un muchacho de 16 años, hijo de una familia de comerciantes pero con perfil social y económico diferente al de Fernando.
A Antonio lo plagiaron 322 días después del secuestro de Martí; 244 días después de suscribirse el tan difundido Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y 227 días más tarde de que atraparan a los operadores de la banda de “La Flor”, presunta responsable de secuestrar y matar a Fernando.
Hoy el procurador capitalino Miguel Ángel Mancera dice que los responsables de este nuevo caso no son de la misma organización delictiva. Más bien cree que son imitadores.
Después de estas imágenes, ¿cuál será el balance un año después?
Primera escena. El presidente Felipe Calderón encabeza por primera vez –antes era el secretario de Gobernación- el Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional con la presencia de gobernadores, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el gabinete de seguridad.
El mandatario hizo un balance a lo que se supone tendría que ser secuela a las reuniones tras el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, signado entre prácticamente todos los sectores como respuesta al caso Martí. Entre otras cosas dijo que descubrió, como para justificar sus recientes operativos en Michoacán y Nuevo León, que existe redes de protección al crimen organizado y que es claro el alcance y poder corruptor de las organizaciones delictivas.
Que ya hay nuevas leyes para que los diferentes niveles de gobierno se coordinen mejor. Que las Fuerzas Armadas no van a seguir en las calles toda la vida. Que su gobierno detuvo a personajes importantes del narco que eran conocidos con alias como “El Napo”, “Vicentillo”, “El Canicón”, “La Burra”, “El Ingeniero”, “El Tatanka” o “El Doctor”… Después se acordó del tema del secuestro y en un escueto informe dijo cosas como que su administración logró liberar a más de 600 víctimas y que la mitad de los estados de la República están en proceso de fortalecer sus nuevas unidades antisecuestro.
Segunda escena. Alejandro Martí, el padre del muchacho plagiado el 4 de junio del año pasado y cuyo cuerpo apareció días después sin vida y encajuelado por la zona sur de la ciudad de México, firmó un convenio con la Coparmex y no estuvo presente como representante de la sociedad civil en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El empresario comentó que el trabajo de las autoridades en las investigaciones tras la muerte de su hijo, no ha sido tan veloz como la sociedad quisiera.
Tercera escena. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) trabaja en el esclarecimiento de un nuevo crimen muy parecido al del joven Martí. Esta vez la víctima es Antonio Equihua, un muchacho de 16 años, hijo de una familia de comerciantes pero con perfil social y económico diferente al de Fernando.
A Antonio lo plagiaron 322 días después del secuestro de Martí; 244 días después de suscribirse el tan difundido Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y 227 días más tarde de que atraparan a los operadores de la banda de “La Flor”, presunta responsable de secuestrar y matar a Fernando.
Hoy el procurador capitalino Miguel Ángel Mancera dice que los responsables de este nuevo caso no son de la misma organización delictiva. Más bien cree que son imitadores.
Después de estas imágenes, ¿cuál será el balance un año después?
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