¿Quiénes son los ministros de la Corte?
Son los integrantes del máximo órgano del Poder Judicial de la Federación, muchos de ellos mayores de 60 años de edad, algunos son abogados y otros jueces, y perciben sueldos mensuales mayores a los 350 mil pesos.
El presidente de ellos, Guillermo Ortiz Mayagoitia, percibe además una compensación adicional por ser la cabeza de la Suprema Corte y otros más reciben ayudaditas adicionales por conceptos como “decanato”, por antigüedad o por jubilación.
Estos hombres sesionan unas dos horas diarias sobre controversias constitucionales, pleitos entre poderes y temas –varios de ellos de interés- para emitir sus resoluciones que son inapelables.
¿Qué si nos son útiles? Pues a veces sí, porque por ejemplo, resolvieron que el gobierno de Marcelo Ebrard no puede condicionar la verificación vehicular al pago de la tenencia. El gran problema es que nadie conoce esta resolución ni nadie sabe que se puede amparar para evitar esa medida.
La novedad con los ministros es que el presidente Felipe Calderón, en su propuesta de reforma política que dio a conocer el miércoles, propone que tengan facultades para generar sus propias iniciativas que permitan modificar al Poder Judicial.
Frente a tanto poder y tanta “manga ancha”, es bueno que los ciudadanos les exijamos, les digamos qué iniciativas pueden proponer a beneficio de todos y que pidamos una explicación de qué hicieron durante el año que podamos palpar en alguna mejoría a nuestro entorno.
De entrada, podemos ingresar a la página www.scjn.gob.mx donde la SCJN nos da más detalles de lo que hace y tenemos el chance de participar en algunos de sus foros.
Lo importante de los servidores públicos es que realmente nos sirvan. Pongamos entonces, en la medida de lo posible, a los ministros bajo la lupa.
El miedo
Un vecino del exclusivo fraccionamiento Altitude, reconoce que jamás habían vivido momentos tan terribles y de tanto miedo en Cuernavaca. Dice que ya se acabó la paz.
La pregunta sería: ¿en qué pedazo de territorio podremos estar exentos de vivir un operativo a balazos del Ejército, la Marina o la Policía Federal?
viernes, 18 de diciembre de 2009
martes, 8 de diciembre de 2009
Contra los malandros de Navidad
Hoy más allá del análisis quisimos acercarte consejos útiles para cuidar tu integridad, proteger los ingresos y no terminar el año con alguna mala noticia por culpa de la delincuencia o afectado económicamente.
Ya comenzaron a repartirse aguinaldos y cajas de ahorro, y los capitalinos estaremos con más dinero del acostumbrado circulando por las calles, consumiendo en lugares públicos, desde cenas, una copa en el antro y, por supuesto, adquiriendo regalos en los centros comerciales.
En realidad pocos somos precavidos frente al riesgo que corremos en estas fechas, y más que causar alarma innecesaria hay que esta conscientes de que la vía pública está en estas fechas más llena de carteristas y asaltantes en grupo que también buscan su “aguinaldo” a las costillas de los que trabajamos.
He aquí una serie de consejos para tomar en cuenta una vez que tengamos dinero y nos dispongamos a gastarlo.
En el centro comercial:
- Procura no llevar dinero en efectivo. Trata de pagar con tarjeta de débito o crédito pero intenta llevar sólo una.
- No utilices cajeros automáticos abandonados, oscuros o que sientas que no garantizan las condiciones de seguridad necesarias.
- Trata de hacer las compras acompañado, principalmente si adquiriste artículos caros.
- Cuando abordes tu vehículo con las compras, intenta observar para todos lados y detectar que no haya movimientos o personas sospechosos.
- Si no utilizas vehículo particular, procura pedir un taxi de sitio y no tomar transporte público, principalmente si llevas artículos recién adquiridos.
- Si te ves en la necesidad de comprar en tianguis o con los ambulantes, lleva tu dinero en efectivo en bolsas ocultas de tus prendas de vestir o en lugares en los que consideres no buscará el ladrón.
- Atento con los fraudes que intenten llevar a cabo los vendedores. Paga hasta que estés convencido del artículo y te lo hayan entregado.
En el antro:
- Haz lo posible por pagar con tarjeta pero en ningún momento, ni a la entrada ni a la salida del lugar, permanezcas solo cuando cargues con ella. Recuerda que los secuestros exprés para robarte suelen ser comunes cerca de los centros nocturnos.
- Evita al máximo utilizar cajeros automáticos.
- Deja tu chamarra u otras pertenencias en el guardarropa. No las pongas en las sillas y mucho menos si llevas objetos de valor.
- Si dejas tu auto en un estacionamiento público o si ocurre el caso extremo de que tengas que hacer uso de un valet parking, no dejes tu autoestéreo, lap top, dinero en efectivo u otros objetos valiosos.
En el restaurante o la cafetería:
- No lleves objetos ostentosos ni visiblemente caros.
- Deja en casa, por lo menos en esta temporada, tu computadora personal.
- En este caso aplica también la recomendación de pagar con tarjeta de débito o crédito.
- En caso de un asalto masivo en un restaurante, no opongas resistencia. Una vez ocurrido el hecho, denuncia y convence al resto de las víctimas de hacerlo en conjunto ante el Ministerio Público.
- Evita acudir a establecimientos poco iluminados o que a la entrada o la salida se encuentren solos.
La garantía de seguir las recomendaciones será tener unas fiestas sin contratiempos ni malos ratos.
miércoles, 2 de diciembre de 2009
Robos y narco: escenario, una cafetería
Los asaltos a establecimientos públicos del tipo de las cafeterías Starbucks, los restaurantes Italliani’s y las tiendas de conveniencia Oxxo parecen ser la moda delictiva en el Distrito Federal y su zona metropolitana.
Se habla de más de 60 en un año y medio tan sólo en el poniente. Hay distintos modus operandi. Unos con gritos a la gente o con ladrones encapuchados, otros más incluso con uso de petardos, casi todos ellos violentos.
Los delincuentes, jóvenes la mayoría, suelen llegar en grupos de cuatro a seis y han logrado ventajas que la autoridad debe ubicar para armar sus operativos: roban a comensales que sí llevan cantidades importantes de dinero, asaltan cajas que constantemente dejan jugosas ganancias y tienen la posibilidad de robar hasta computadoras portátiles de los clientes.
Que eso nos sirva a nosotros para tomar previsiones en tanto no nos garanticen las autoridades seguridad. No quiere decir que dejemos de hacer nuestra vida normal o abandonemos la costumbre de ir a tomar un café. Cuidémonos y no llevemos cosas ostentosas como medidas permanentes.
Que eso le sirva a la Policía para que refuerce sus patrullajes y aplique operativos más efectivos en estos lugares, sin que parezca que hay estado de sitio.
Que los delincuentes teman porque los vecinos de la Benito Juárez, la Miguel Hidalgo y los municipios de la zona poniente del Estado de México, donde han ocurrido los asaltos, no estarán tranquilos y sus autoridades tendrán que actuar. Eso quiero pensar.
Una vez conocida esta nueva realidad, pasemos a una situación más preocupante a partir del hecho violentísimo registrado ayer en el Starbucks de Pilares y Pestalozzi.
Frente a clientes y a plena luz del día –apenas poco después de las 12-, un grupo de desconocidos entró a ejecutar a una persona y lesionó a otras más que se encontraban en el lugar.
Para nosotros, los ciudadanos comunes, lo de menos es que el agredido haya sido un testigo protegido de la PGR, que fuera mando de la PFP, que se le imputen vínculos con el narcotráfico o que le hayan vaciado una pistola. Cierto, es un asunto de delincuencia organizada que las autoridades federales no han atendido en todo el país, que no solamente en nuestra ciudad. Pero esta es únicamente parte de la noticia que los medios destacaron.
El otro gran problema sería: ¡qué terrible que un asunto de delincuencia organizada se convierta en uno de inseguridad para la ciudadanía! Lo mencionamos en una de las primeras entregas de este blog.
Con todo y conciencia ciudadana para protegerse, con todo y nuevos y dinámicos operativos policíacos y con todo y medidas de seguridad instrumentadas por los establecimientos, ¿quién evitará que a unos metros de donde tomamos un café maten a quemarropa a otro cliente, bajo el riesgo de que nosotros mismos podamos perder la vida?
Se habla de más de 60 en un año y medio tan sólo en el poniente. Hay distintos modus operandi. Unos con gritos a la gente o con ladrones encapuchados, otros más incluso con uso de petardos, casi todos ellos violentos.
Los delincuentes, jóvenes la mayoría, suelen llegar en grupos de cuatro a seis y han logrado ventajas que la autoridad debe ubicar para armar sus operativos: roban a comensales que sí llevan cantidades importantes de dinero, asaltan cajas que constantemente dejan jugosas ganancias y tienen la posibilidad de robar hasta computadoras portátiles de los clientes.
Que eso nos sirva a nosotros para tomar previsiones en tanto no nos garanticen las autoridades seguridad. No quiere decir que dejemos de hacer nuestra vida normal o abandonemos la costumbre de ir a tomar un café. Cuidémonos y no llevemos cosas ostentosas como medidas permanentes.
Que eso le sirva a la Policía para que refuerce sus patrullajes y aplique operativos más efectivos en estos lugares, sin que parezca que hay estado de sitio.
Que los delincuentes teman porque los vecinos de la Benito Juárez, la Miguel Hidalgo y los municipios de la zona poniente del Estado de México, donde han ocurrido los asaltos, no estarán tranquilos y sus autoridades tendrán que actuar. Eso quiero pensar.
Una vez conocida esta nueva realidad, pasemos a una situación más preocupante a partir del hecho violentísimo registrado ayer en el Starbucks de Pilares y Pestalozzi.
Frente a clientes y a plena luz del día –apenas poco después de las 12-, un grupo de desconocidos entró a ejecutar a una persona y lesionó a otras más que se encontraban en el lugar.
Para nosotros, los ciudadanos comunes, lo de menos es que el agredido haya sido un testigo protegido de la PGR, que fuera mando de la PFP, que se le imputen vínculos con el narcotráfico o que le hayan vaciado una pistola. Cierto, es un asunto de delincuencia organizada que las autoridades federales no han atendido en todo el país, que no solamente en nuestra ciudad. Pero esta es únicamente parte de la noticia que los medios destacaron.
El otro gran problema sería: ¡qué terrible que un asunto de delincuencia organizada se convierta en uno de inseguridad para la ciudadanía! Lo mencionamos en una de las primeras entregas de este blog.
Con todo y conciencia ciudadana para protegerse, con todo y nuevos y dinámicos operativos policíacos y con todo y medidas de seguridad instrumentadas por los establecimientos, ¿quién evitará que a unos metros de donde tomamos un café maten a quemarropa a otro cliente, bajo el riesgo de que nosotros mismos podamos perder la vida?
jueves, 26 de noviembre de 2009
"Pentágono" en Constituyentes
Al poniente de nuestra ciudad, justo en avenida Constituyentes, nuestra policía tiene su “pentagonito”, un edificio de Inteligencia que pretende estar a la altura de aquellos instalados en cualquier país del primer mundo.
Subterráneo, blindadísimo y con bases de voz y datos de policías, reos, delincuentes libres, infractores y con suerte hasta del ciudadano común, este espacio alberga a investigadores de la Policía Federal para enfrentar al crimen organizado y también toda la estructura de Plataforma México, que tanto ha presumido nuestro gobierno.
En ese lugar se tomarán decisiones sobre temas importantes del país, entre ellos los de seguridad nacional como el narcotráfico, la guerrilla o el agua. Servirá para albergar al presidente Felipe Calderón en momentos de riesgo y para monitorear y controlar instalaciones estratégicas.
Llama la atención que este “juguetito” sea para la Secretaría de Seguridad Pública, que en teoría debe estar para prevenir, con su Policía Federal, los delitos federales, y no para la Procuraduría General de la República, que es la autoridad investigadora, o para el Ejército, que tiene su propia estructura de Inteligencia.
Tras esta reflexión, el paso siguiente será ir evaluando si la inversión en este edificio y la espectacularidad con que se presentó ayer a los medios –aunque hubo más descripción de lo que tenía que un recorrido detallado para conocerlo- es proporcional a los resultados que Seguridad Pública tenga en su batalla contra el crimen organizado, en especial el narcotráfico.
El siguiente paso es preguntarnos si como ciudadanos comunes veremos un cambio en la percepción de inseguridad en nuestras colonias, centros de trabajo, escuelas, transporte, la calle y en casa.
El proyecto es atractivo, habla de que hay herramientas para enfrentar a los criminales y no le quitamos al presidente sus buenas intenciones, pero hay otra más duda que queda en el aire:
Y estos policías federales que tienen que enfrentarse a narcos y secuestradores, ¿cuándo seguirán saliendo a la calle con inofensivas pistolas 9 milímetros mientras que sus enemigos hacen uso de los cada vez más decomisados antitanques M-72, lanzagranadas MGL y lanzacohetes RPG-7?
Subterráneo, blindadísimo y con bases de voz y datos de policías, reos, delincuentes libres, infractores y con suerte hasta del ciudadano común, este espacio alberga a investigadores de la Policía Federal para enfrentar al crimen organizado y también toda la estructura de Plataforma México, que tanto ha presumido nuestro gobierno.
En ese lugar se tomarán decisiones sobre temas importantes del país, entre ellos los de seguridad nacional como el narcotráfico, la guerrilla o el agua. Servirá para albergar al presidente Felipe Calderón en momentos de riesgo y para monitorear y controlar instalaciones estratégicas.
Llama la atención que este “juguetito” sea para la Secretaría de Seguridad Pública, que en teoría debe estar para prevenir, con su Policía Federal, los delitos federales, y no para la Procuraduría General de la República, que es la autoridad investigadora, o para el Ejército, que tiene su propia estructura de Inteligencia.
Tras esta reflexión, el paso siguiente será ir evaluando si la inversión en este edificio y la espectacularidad con que se presentó ayer a los medios –aunque hubo más descripción de lo que tenía que un recorrido detallado para conocerlo- es proporcional a los resultados que Seguridad Pública tenga en su batalla contra el crimen organizado, en especial el narcotráfico.
El siguiente paso es preguntarnos si como ciudadanos comunes veremos un cambio en la percepción de inseguridad en nuestras colonias, centros de trabajo, escuelas, transporte, la calle y en casa.
El proyecto es atractivo, habla de que hay herramientas para enfrentar a los criminales y no le quitamos al presidente sus buenas intenciones, pero hay otra más duda que queda en el aire:
Y estos policías federales que tienen que enfrentarse a narcos y secuestradores, ¿cuándo seguirán saliendo a la calle con inofensivas pistolas 9 milímetros mientras que sus enemigos hacen uso de los cada vez más decomisados antitanques M-72, lanzagranadas MGL y lanzacohetes RPG-7?
miércoles, 18 de noviembre de 2009
Mensaje para Sodi
Como vecino de la delegación Miguel Hidalgo, es un respiro saber que Demetrio Sodi tendrá un acercamiento constante con la comunidad para resolver los problemas más comunes.
Dejemos que el paso de las semanas nos permita comprobar si el experimentado panista efectivamente cumple o sus promesas son pura demagogia. Por lo menos los mensajes que ha dado parecen serios y comprometidos.
Aprovechemos este espacio, mientras tanto, para solicitar especial atención en algunos asuntos, fundamentalmente de seguridad, que nunca fueron atendidos por los anteriores jefes delegacionales, pese a las desesperadas peticiones de los vecinos.
- La zona de Tacuba sigue con los mismos ambulantes que además de dar pésimo aspecto a los alrededores de la iglesia, generan robos a transeúntes y a los automovilistas que circulan por la calzada México-Tacuba.
- En Polanquito, que comprende las calles de Alejandro Dumas, Emilio Castelar y Masaryk, hay ambulantes que abordan a los comensales; existen versiones de que incluso han llegado a asaltarlos.
- En Polanco y la colonia Anáhuac las grúas y los policías madrugan sin que haya prohibición explícita de estacionarse en las calles. Aunque aparentemente es un negocio del gobierno central, ¿no podrá hacer algo el delegado?
- En los alrededores del Bosque de Chapultepec no hay vigilancia. Los robos a peatón están a la orden del día.
- El incremento de transporte público (microbuses) en las calles de Anatole France, Emilio Castelar, Luis G. Urbina y Julio Verne ha provocado un importante incremento en el número de choques y atropellamientos.
- La corrupción en la colocación desmedida de anuncios espectaculares y en la discriminada violación de uso de suelo para vivienda y negocios en toda la delegación. Este problema fue denunciado constantemente a la anterior delegada Gabriela Cuevas y nunca hizo caso.
Para pensarse
¿Por qué será que los diputados esta vez aprobaron menos presupuesto para las dependencias de seguridad a nivel federal, incluso para el Ejército?
¿No se supone que el tema era prioritario?, ¿o es que no es tema de coyuntura?
La reducción para 2010 a las secretarías de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional, Marina y la PGR fue de nada menos que mil 811 millones de pesos con relación al presupuesto de 2009.
miércoles, 11 de noviembre de 2009
Un ombudsman para la gente
Después de la noticia de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos(CNDH) será la misma tras el nombramiento de Raúl PlascenciaVillanueva, quedan muchas inquietudes por despejar. El nuevo ombudsman era ya primer visitador, y por lo tanto, gente de José Luis Soberanes, su antecesor, quien manejó una Comisión sumamentecuestionada por su evidente debilidad frente a las violaciones degarantías individuales por parte del Estado.
Para muestra, no hay una sola recomendación que haya trascendido encontra del gobierno federal durante su gestión. Surgen entonces cuestionamientos; uno de ellos, si la decisión delSenado para hacer un nombramiento de este tipo –cuando había nombresde personajes calificados y con altísima calidad moral para encabezarla CNDH-, no obedece a intereses políticos o a conveniencias dequienes ya se ven en el gobierno a futuro.
Y uno como ciudadano se pregunta por qué dejar estas decisiones enmanos de políticos muy bien pagados que, se supone, son nuestrosrepresentantes. Ante este panorama, ¿qué tal nos vendría un ombudsman ciudadano, esdecir, nombrado por la gente y que emita posturas a las violaciones dederechos humanos simplemente para generar reacciones y cierta presiónal gobierno? Al fin que las recomendaciones de la CNDH también soneso, posiciones que sobre todo tienen peso moral.
Claro, no habría toda una estructura con gran presupuesto, visitadoresy personal que realice labores de campo e investigaciones a fondo,pero se contaría con una figura surgida totalmente de la sociedadcapaz de revisar los casos a través de los medios de comunicación, porejemplo, y con la posibilidad de emitir conferencias de prensa y boletines como lo hacen organismos del tipo de México Unido contra la Delincuencia o el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI).
¿Qué tal que se reúnan varios de los que fueron descartados de laselección para la CNDH con representantes sociales para hablar deltema?Organismos civiles hay muchos, pero aquí se trataría de uno con unacabeza para representarlo pero con la ventaja de la incuestionablehonorabilidad de su gente.
¿Podrá ser?
miércoles, 4 de noviembre de 2009
El martirio de ir al MP
Caso 1. Una mujer lleva media tarde en una agencia del Ministerio Público en Iztacalco denunciando a una señora que sacó dinero con su tarjeta de crédito olvidada en un cajero automático. En ese lapso sufre tratos despóticos e intentan convencerla de que negocie con la acusada.
Caso 2. Un hombre, víctima de una prostituta que le dio drogas para robarle, es sentado frente a un policía judicial de Miguel Hidalgo que le grita y lo inculpa por andar metiéndose donde no, como parte del interrogatorio.
Caso 3. Dos hermanos sufrieron secuestro exprés en Iztapalapa y tras denunciar el hecho y lograrse la detención de los sospechosos, terminaron acusados por el MP de secuestro exprés. Hoy duermen en el Reclusorio Oriente.
Caso 4. El sábado tiré la toalla cuando permanecí seis horas en la agencia ministerial de Cabeza de Juárez porque había mucha gente anotada y el personal hizo un receso para comer tortas.
¿Cuál de esto casos se parece a alguna experiencia que usted haya vivido? Hay escenas todavía peores de dilación de justicia y mal trabajo de los agentes del Ministerio Público pese a la presentación con bombo y platillo de programas en estos lugares desde varias administraciones anteriores, principalmente las perredistas.
Iban, por ejemplo, a instalar cámaras para monitorear el trabajo y a recabar datos de una línea telefónica roja de quejas que por cierto, dicen las autoridades que ni funciona porque es subutilizada.
El tema fue prioridad de los ex procuradores capitalinos Bernardo Bátiz y Rodolfo Félix, quienes nunca lograron convencer con resultados. ¿Pero Miguel Ángel Mancera lleva una continuidad a estos programas?
Con hacer un tour por las agencias del MP de la ciudad y platicar con la gente podemos evaluar si se está trabajando con eficiencia y eficacia, y cómo van esos planes de mejora.
Caso 2. Un hombre, víctima de una prostituta que le dio drogas para robarle, es sentado frente a un policía judicial de Miguel Hidalgo que le grita y lo inculpa por andar metiéndose donde no, como parte del interrogatorio.
Caso 3. Dos hermanos sufrieron secuestro exprés en Iztapalapa y tras denunciar el hecho y lograrse la detención de los sospechosos, terminaron acusados por el MP de secuestro exprés. Hoy duermen en el Reclusorio Oriente.
Caso 4. El sábado tiré la toalla cuando permanecí seis horas en la agencia ministerial de Cabeza de Juárez porque había mucha gente anotada y el personal hizo un receso para comer tortas.
¿Cuál de esto casos se parece a alguna experiencia que usted haya vivido? Hay escenas todavía peores de dilación de justicia y mal trabajo de los agentes del Ministerio Público pese a la presentación con bombo y platillo de programas en estos lugares desde varias administraciones anteriores, principalmente las perredistas.
Iban, por ejemplo, a instalar cámaras para monitorear el trabajo y a recabar datos de una línea telefónica roja de quejas que por cierto, dicen las autoridades que ni funciona porque es subutilizada.
El tema fue prioridad de los ex procuradores capitalinos Bernardo Bátiz y Rodolfo Félix, quienes nunca lograron convencer con resultados. ¿Pero Miguel Ángel Mancera lleva una continuidad a estos programas?
Con hacer un tour por las agencias del MP de la ciudad y platicar con la gente podemos evaluar si se está trabajando con eficiencia y eficacia, y cómo van esos planes de mejora.
miércoles, 28 de octubre de 2009
El sabotaje desatendido
Autoridades de una decena de municipios del Estado de México, entre ellos Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Toluca, insistieron ayer en que existe sabotaje detrás de los “apagones” que no cesan en sus colonias. Hace unos días el propio gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, hizo esta denuncia públicamente.
Mientras tanto, en el Distrito Federal, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se han reunido ya en varias ocasiones con el titular de la Secretaría de Protección Civil, Elías Moreno Brizuela, para verificar el estado del cableado eléctrico. Por supuesto, también van a revisar por qué se va la luz.
Es decir, 17 días después de que la Policía Federal tomó las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro tras decretarse su extinción, los ciudadanos somos hoy los más afectados por las fallas en la energía eléctrica.
Si revisamos legalmente a quién corresponde investigar el delito de sabotaje, podemos confirmar que es a la Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Arturo Chávez Chávez, por tratarse de un delito del orden federal.
No obstante, al solicitar informes a esta dependencia, sus funcionarios aseguran que no existe una denuncia formal y que este supuesto delito imputado a integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, no es motivo de indagatoria hasta este momento.
Con mucho trabajo –y eso, se vieron obligados a emitir un comunicado el lunes por la noche-, los de la PGR iniciaron una averiguación previa a petición de la CFE, porque los ex trabajadores no entregaron más de 40 vehículos que tenían en resguardo.
Esta averiguación previa ni nos va ni nos viene a los ciudadanos comunes. Nosotros queremos un mejor servicio de energía eléctrica y que terminen los extraños “apagones” posteriores a la extinción de LFC.
El chiste es difundir nuestras quejas a través de todos los medios posibles, por Internet, poniendo quejas en la CFE o ante autoridades delegacionales, estatales o municipales, para que el Ministerio Público Federal (es decir, la PGR), tome cartas en el asunto y se investigue para que el problema quede resuelto.
Muchos de nosotros estamos enterados de que los ex trabajadores que conocen los transformadores y parte del sistema operativo de Luz y Fuerza, “bajaron las cuchillas” de estos armatostes que vemos en las calles y simplemente han dejado sin luz a colonias completas.
Por cierto, la Policía Federal, que sigue custodiando instalaciones y cuidando que no haya violencia en los centros de liquidación de los ex empleados, no se han movido hacia esos transformadores.
¿Será lentitud de la autoridad federal o quizá esté actuando con cautela para evitar confrontaciones con el SME?
Mientras tanto, en el Distrito Federal, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se han reunido ya en varias ocasiones con el titular de la Secretaría de Protección Civil, Elías Moreno Brizuela, para verificar el estado del cableado eléctrico. Por supuesto, también van a revisar por qué se va la luz.
Es decir, 17 días después de que la Policía Federal tomó las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro tras decretarse su extinción, los ciudadanos somos hoy los más afectados por las fallas en la energía eléctrica.
Si revisamos legalmente a quién corresponde investigar el delito de sabotaje, podemos confirmar que es a la Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Arturo Chávez Chávez, por tratarse de un delito del orden federal.
No obstante, al solicitar informes a esta dependencia, sus funcionarios aseguran que no existe una denuncia formal y que este supuesto delito imputado a integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, no es motivo de indagatoria hasta este momento.
Con mucho trabajo –y eso, se vieron obligados a emitir un comunicado el lunes por la noche-, los de la PGR iniciaron una averiguación previa a petición de la CFE, porque los ex trabajadores no entregaron más de 40 vehículos que tenían en resguardo.
Esta averiguación previa ni nos va ni nos viene a los ciudadanos comunes. Nosotros queremos un mejor servicio de energía eléctrica y que terminen los extraños “apagones” posteriores a la extinción de LFC.
El chiste es difundir nuestras quejas a través de todos los medios posibles, por Internet, poniendo quejas en la CFE o ante autoridades delegacionales, estatales o municipales, para que el Ministerio Público Federal (es decir, la PGR), tome cartas en el asunto y se investigue para que el problema quede resuelto.
Muchos de nosotros estamos enterados de que los ex trabajadores que conocen los transformadores y parte del sistema operativo de Luz y Fuerza, “bajaron las cuchillas” de estos armatostes que vemos en las calles y simplemente han dejado sin luz a colonias completas.
Por cierto, la Policía Federal, que sigue custodiando instalaciones y cuidando que no haya violencia en los centros de liquidación de los ex empleados, no se han movido hacia esos transformadores.
¿Será lentitud de la autoridad federal o quizá esté actuando con cautela para evitar confrontaciones con el SME?
No lo sabemos, pero sí queremos luz en casa y un mejor sistema de cobro de quien nos cobra la energía eléctrica que consumimos.
miércoles, 21 de octubre de 2009
Una Comisión fortalecida
El respeto a los derechos humanos y en especial por parte de los cuerpos militares y de seguridad, es una de las grandes tareas en el país que para vergüenza nuestra, está en la lupa de organismos internacionales de manera negativa.
Este tema cobra mayor importancia en momentos en los que el Senado debe definir, de entre 27 candidatos, quién será el nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el organismo que fue creado para ser vigilante de que no se cometan abusos de la autoridad.
Para muestra sobre cómo ve el mundo el respeto a las garantías individuales en México basta conocer algunos pronunciamientos públicos de organismos como Amnistía Internacional, quien por ejemplo, el pasado mes de febrero, reveló que el gobierno de Felipe Calderón ha entregado a la Organización de las Naciones Unidas valoraciones incompletas sobre la situación de los derechos humanos en México.
Según Kerrie Howard, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para América, estos reportes para nada reflejan la realidad que se vive en el país.
“No hay información sobre el progreso en la prevención a las continuas violaciones a los derechos humanos y en el combate a la impunidad”, señaló la representante del organismo.
En los reportes de AI se incluye información como que los defensores de derechos humanos, principalmente los que trabajan en pequeñas comunidades mexicanas, sufren persecución, acoso y detenciones ilegales.
Otros documentos del mismo organismo detallan que durante varios años han existido múltiples muestras de que el Estado mexicano no ha cumplido a cabalidad sus obligaciones internacionales, contraídas a través de la firma de diversos tratados sobre el tema de los derechos humanos.
AI ejemplifica con el incumplimiento del Acuerdo Nacional por ola Seguridad, la Justicia y la Legalidad por parte de distintas autoridades mexicanas que no asumieron el compromiso de obedecer este documento.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció a México el pasado mes de abril ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la muerte, tortura, amenazas y privación de la libertad de 107 indígenas de Guerrero por parte de militares y policías.
En ese pronunciamiento se exige al gobierno mexicano adoptar medidas complementarias para proteger a las víctimas.
Como cereza en el pastel, el organismo no gubernamental Reporteros sin Fronteras califica en un reciente informe a México como el país de América más peligroso para los periodistas, pues no se respetan sus garantías y sufren agresiones de todo tipo, desde encarcelamientos y amenazas hasta homicidios con violencia extrema.
Según RSF, nuestro país padeció desde el año 2000 la muerte de 55 periodistas, de los cuales nueve han ocurrido en lo que va del presente año.
Este panorama, entonces, hace indispensable y urgente contar con una CNDH fuerte, eficaz y respetable. Nuestros senadores tienen la obligación de ser nuestra voz pensando concienzudamente y con toda responsabilidad en cuál de los candidatos a encabezar al organismo tiene la capacidad de fortalecer a la institución para que logre, con sus pronunciamientos y recomendaciones, que el gobierno mexicano corrija y combata toda la serie de violaciones que por hoy deben ser ventiladas por organismos internacionales.
Y entre los nombres que se tienen hay gente reconocida, con amplias y exitosas experiencias como defensores de derechos humanos, con valiosos respaldos de académicos y estudiosos del tema y algunos realmente comprometidos en hacer cumplir con las garantías individuales utilizando las armas que ofrece la propia comisión nacional.
Desafortunadamente, también están los que pretenden dar continuidad al débil y cuestionado trabajo de José Luis Soberanes frente a la CNDH y que formaron parte de su equipo, los que representan a la autoridad porque incluso renunciaron a cargos en el gobierno federal para contender a este cargo, o simplemente los que significan para los senadores el debilitamiento del organismo defensor de los derechos humanos. ¿Y por qué les interesaría esto? Quizá se ven en un futuro cercano en importantes cargos públicos y requieren de una comisión que no haga mucho ruido.
Este es el momento, pues, de tomar una decisión fundamental que si se mira como un beneficio personal o partidista, forzosamente tendrá costos muy altos.
Este tema cobra mayor importancia en momentos en los que el Senado debe definir, de entre 27 candidatos, quién será el nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el organismo que fue creado para ser vigilante de que no se cometan abusos de la autoridad.
Para muestra sobre cómo ve el mundo el respeto a las garantías individuales en México basta conocer algunos pronunciamientos públicos de organismos como Amnistía Internacional, quien por ejemplo, el pasado mes de febrero, reveló que el gobierno de Felipe Calderón ha entregado a la Organización de las Naciones Unidas valoraciones incompletas sobre la situación de los derechos humanos en México.
Según Kerrie Howard, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para América, estos reportes para nada reflejan la realidad que se vive en el país.
“No hay información sobre el progreso en la prevención a las continuas violaciones a los derechos humanos y en el combate a la impunidad”, señaló la representante del organismo.
En los reportes de AI se incluye información como que los defensores de derechos humanos, principalmente los que trabajan en pequeñas comunidades mexicanas, sufren persecución, acoso y detenciones ilegales.
Otros documentos del mismo organismo detallan que durante varios años han existido múltiples muestras de que el Estado mexicano no ha cumplido a cabalidad sus obligaciones internacionales, contraídas a través de la firma de diversos tratados sobre el tema de los derechos humanos.
AI ejemplifica con el incumplimiento del Acuerdo Nacional por ola Seguridad, la Justicia y la Legalidad por parte de distintas autoridades mexicanas que no asumieron el compromiso de obedecer este documento.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció a México el pasado mes de abril ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la muerte, tortura, amenazas y privación de la libertad de 107 indígenas de Guerrero por parte de militares y policías.
En ese pronunciamiento se exige al gobierno mexicano adoptar medidas complementarias para proteger a las víctimas.
Como cereza en el pastel, el organismo no gubernamental Reporteros sin Fronteras califica en un reciente informe a México como el país de América más peligroso para los periodistas, pues no se respetan sus garantías y sufren agresiones de todo tipo, desde encarcelamientos y amenazas hasta homicidios con violencia extrema.
Según RSF, nuestro país padeció desde el año 2000 la muerte de 55 periodistas, de los cuales nueve han ocurrido en lo que va del presente año.
Este panorama, entonces, hace indispensable y urgente contar con una CNDH fuerte, eficaz y respetable. Nuestros senadores tienen la obligación de ser nuestra voz pensando concienzudamente y con toda responsabilidad en cuál de los candidatos a encabezar al organismo tiene la capacidad de fortalecer a la institución para que logre, con sus pronunciamientos y recomendaciones, que el gobierno mexicano corrija y combata toda la serie de violaciones que por hoy deben ser ventiladas por organismos internacionales.
Y entre los nombres que se tienen hay gente reconocida, con amplias y exitosas experiencias como defensores de derechos humanos, con valiosos respaldos de académicos y estudiosos del tema y algunos realmente comprometidos en hacer cumplir con las garantías individuales utilizando las armas que ofrece la propia comisión nacional.
Desafortunadamente, también están los que pretenden dar continuidad al débil y cuestionado trabajo de José Luis Soberanes frente a la CNDH y que formaron parte de su equipo, los que representan a la autoridad porque incluso renunciaron a cargos en el gobierno federal para contender a este cargo, o simplemente los que significan para los senadores el debilitamiento del organismo defensor de los derechos humanos. ¿Y por qué les interesaría esto? Quizá se ven en un futuro cercano en importantes cargos públicos y requieren de una comisión que no haga mucho ruido.
Este es el momento, pues, de tomar una decisión fundamental que si se mira como un beneficio personal o partidista, forzosamente tendrá costos muy altos.
miércoles, 14 de octubre de 2009
Hogares seguros
Los vecinos de Valle Dorado poco a poco han regresado a la cotidianeidad después de los insuficientes pagos por indemnización que les otorgó el gobierno, la crisis de miedo por probables infecciones provocadas por las aguas negras y la difícil recuperación de pertenencias.
Para muchos, la parte de esta recuperación más complicada ha sido tener las viviendas en buen estado, así como realizar gastos en reparaciones, pintura y trabajos de mantenimiento.
Y justo cuando hace poco más de un mes hablábamos en este espacio del tema, hoy hay cifras oficiales que refuerzan la realidad a la que se enfrentaron las familias de Valle Dorado y que muestran que el problema de la falta de seguridad en las viviendas es un problema generalizado.
Según los números de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), poco más del 2 por ciento de casas habitación que hay en la capital del país carecen de un seguro de protección contra fenómenos naturales o siniestros.
Una de las causas, señalan los representantes de esta organización, es la falta de cultura de previsión de la población, situación que fue reconocida por los vecinos damnificados en Tlalnepantla los días posteriores a la ruptura y desbordamiento del Emisor Poniente.
Asimismo, en general la gente ignora que con sólo pagar de 3 mil a 10 mil pesos al año, dependiendo de la zona donde se ubique su vivienda, puede contar con una póliza para casa habitación cuyo costo sea de alrededor de un millón de pesos.
La AMIS informa también que la cobertura de las pólizas “de hogar y familia” tienen diversas coberturas y no solamente la de fenómenos hidrometereológicos, que es aplicable para protegerse de incidentes como el de Valle Dorado.
Por ejemplo, existe la cobertura de responsabilidad civil familiar, que se refiere a cualquier daño involuntario que algún miembro de la familia o su servidumbre le cause a terceros o la de robo con violencia o asalto de contenidos del hogar.
Con esta información podemos reflexionar un poco sobre qué tan seguros nos sentimos de que nuestro patrimonio realmente esté protegido ante contingencias de distintos tipos, no sólo los estragos de una fuerte lluvia.
Para muchos, la parte de esta recuperación más complicada ha sido tener las viviendas en buen estado, así como realizar gastos en reparaciones, pintura y trabajos de mantenimiento.
Y justo cuando hace poco más de un mes hablábamos en este espacio del tema, hoy hay cifras oficiales que refuerzan la realidad a la que se enfrentaron las familias de Valle Dorado y que muestran que el problema de la falta de seguridad en las viviendas es un problema generalizado.
Según los números de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), poco más del 2 por ciento de casas habitación que hay en la capital del país carecen de un seguro de protección contra fenómenos naturales o siniestros.
Una de las causas, señalan los representantes de esta organización, es la falta de cultura de previsión de la población, situación que fue reconocida por los vecinos damnificados en Tlalnepantla los días posteriores a la ruptura y desbordamiento del Emisor Poniente.
Asimismo, en general la gente ignora que con sólo pagar de 3 mil a 10 mil pesos al año, dependiendo de la zona donde se ubique su vivienda, puede contar con una póliza para casa habitación cuyo costo sea de alrededor de un millón de pesos.
La AMIS informa también que la cobertura de las pólizas “de hogar y familia” tienen diversas coberturas y no solamente la de fenómenos hidrometereológicos, que es aplicable para protegerse de incidentes como el de Valle Dorado.
Por ejemplo, existe la cobertura de responsabilidad civil familiar, que se refiere a cualquier daño involuntario que algún miembro de la familia o su servidumbre le cause a terceros o la de robo con violencia o asalto de contenidos del hogar.
Con esta información podemos reflexionar un poco sobre qué tan seguros nos sentimos de que nuestro patrimonio realmente esté protegido ante contingencias de distintos tipos, no sólo los estragos de una fuerte lluvia.
miércoles, 7 de octubre de 2009
La realidad que no cuadra
El informe que presentó el procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, ante la Asamblea Legislativa, y los datos que proporcionó ayer en una mesa de trabajo a senadores, son harto optimistas.
Ahí van unos ejemplos: Las cifras del funcionario hablan de que en esta ciudad los delitos cayeron 2.3 por ciento entre 2000 y 2008, pese a que a nivel nacional las conductas ilícitas se incrementaron 9.3 por ciento.
También dijo que en cuestión delictiva, el Distrito Federal ocupa el lugar número siete, en homicidios el 22 y en violación el casillero número 13.
No explicó qué lugar ocupa la capital en robo de autos pero dejó bien claro que este delito “ha disminuido” a pesar de la realidad económica y a que se ha incrementado el parque vehicular.
Con otras cifras que no son muy claras, trató de explicar también que la eficiencia en consignaciones y procesos de presuntos delincuentes ante juzgados penales, hay una eficiencia de 86.74 por ciento.
Estos datos son alentadores pero contrastan o pueden ser mirados de manera diferente con otra información de contexto o con cifras interpretadas desde puntos de vista distintos.
Revisemos ahora las cifras que el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) dio en agosto pasado como parte de su Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad, referente al DF y el Estado de México.
El organismo civil señala que la mayor prevalencia delictiva en zonas urbanas, se encuentra justo en el Distrito Federal y en Chihuahua, donde la violencia por narcotráfico se desbordó desde hace ya varios meses.
En la entidad mexiquense, mientras tanto, 44 por ciento de los delitos se cometen a mano armada, por lo que ha desplazado del primer lugar a Guerrero.
Aquí podemos cruzar datos y quedarnos con las cifras que se acerquen más a nuestra realidad y a nuestra percepción.
Como dato para añadir a estos reportes, el especialista en temas penitenciarios, Alejandro Carmona Prantl, quien hoy es subprocurador de Toluca, reconoció a El Universal que los delitos cometidos por jóvenes no se ha incrementado en los últimos años; no obstante, hoy los adolescentes cometen actos “más agresivos y sanguinarios”, al punto de que “pueden rayar en la crueldad”.
Entonces a estos muchachos que roban a mano armada las situaciones se les salen de control y llegan hasta a matar.
Como parte de nuestro contexto para agregar a ese baile de de números, consideremos también que delitos aislados pero de muy alto impacto social como las ejecuciones –muy frecuentes a últimas fechas sobre todo en el Estado de México- o casos como el del asesino del metro Balderas, no pueden percibirse en las estadísticas.
Ahí van unos ejemplos: Las cifras del funcionario hablan de que en esta ciudad los delitos cayeron 2.3 por ciento entre 2000 y 2008, pese a que a nivel nacional las conductas ilícitas se incrementaron 9.3 por ciento.
También dijo que en cuestión delictiva, el Distrito Federal ocupa el lugar número siete, en homicidios el 22 y en violación el casillero número 13.
No explicó qué lugar ocupa la capital en robo de autos pero dejó bien claro que este delito “ha disminuido” a pesar de la realidad económica y a que se ha incrementado el parque vehicular.
Con otras cifras que no son muy claras, trató de explicar también que la eficiencia en consignaciones y procesos de presuntos delincuentes ante juzgados penales, hay una eficiencia de 86.74 por ciento.
Estos datos son alentadores pero contrastan o pueden ser mirados de manera diferente con otra información de contexto o con cifras interpretadas desde puntos de vista distintos.
Revisemos ahora las cifras que el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) dio en agosto pasado como parte de su Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad, referente al DF y el Estado de México.
El organismo civil señala que la mayor prevalencia delictiva en zonas urbanas, se encuentra justo en el Distrito Federal y en Chihuahua, donde la violencia por narcotráfico se desbordó desde hace ya varios meses.
En la entidad mexiquense, mientras tanto, 44 por ciento de los delitos se cometen a mano armada, por lo que ha desplazado del primer lugar a Guerrero.
Aquí podemos cruzar datos y quedarnos con las cifras que se acerquen más a nuestra realidad y a nuestra percepción.
Como dato para añadir a estos reportes, el especialista en temas penitenciarios, Alejandro Carmona Prantl, quien hoy es subprocurador de Toluca, reconoció a El Universal que los delitos cometidos por jóvenes no se ha incrementado en los últimos años; no obstante, hoy los adolescentes cometen actos “más agresivos y sanguinarios”, al punto de que “pueden rayar en la crueldad”.
Entonces a estos muchachos que roban a mano armada las situaciones se les salen de control y llegan hasta a matar.
Como parte de nuestro contexto para agregar a ese baile de de números, consideremos también que delitos aislados pero de muy alto impacto social como las ejecuciones –muy frecuentes a últimas fechas sobre todo en el Estado de México- o casos como el del asesino del metro Balderas, no pueden percibirse en las estadísticas.
miércoles, 30 de septiembre de 2009
Los pendientes del procurador
Arturo Chávez Chávez, el nuevo titular de la Procuraduría General de la República (PGR), tiene una larga lista de pendientes y cuentas que deberá ir entregando durante su gestión, los cuales son en su mayoría heredados.
Si bien los señalamientos iniciales que hubo en su contra fueron por su actitud y mediocres resultados frente a los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, hoy debe voltear hacia los nuevos retos y tratar de por lo menos quitarse de encima aquel pesado estigma entregando acciones favorables. Entre esos pendientes consideremos como prioridad aquellos que nos deben entregar de manera directa a los ciudadanos comunes, como el fortalecimiento del área de Prevención del Delito de la dependencia a su cargo, que prácticamente nadie conoce ni sabe para qué sirve.
Paralelamente, Chávez debe trabajar en la difusión de sus programas de denuncia anónima, pues la gente sigue con miedo de proporcionar datos de delincuentes y delitos e ignora que la PGR cuenta con áreas especiales de recepción de denuncias, o bueno, hasta ahí nos habíamos quedados. ¿Y por qué de entre las instituciones dedicadas a la seguridad y a la justicia es importante el trabajo ciudadano de esta dependencia federal? La respuesta es que ellos, los servidores públicos de la PGR, son los responsables,por ejemplo, de investigar los secuestros cometidos por grupos organizados y la infiltración del narcotráfico en todas las esferas sociales.
El DF y el Estado de México, en especial esta segunda entidad, presentan altos índices en la comisión de esas dos conductas, fundamentalmente por lo recurrente de ajustes de cuentas con violencia extrema, presencia de casas de seguridad, operaciones financieras en las que se comete lavado de dinero o el riesgo del secuestro de cualquier vecino de Tecamachalco, Polanco, Satélite o cualquiera de nuestras comunidades.
Otro gran pendiente de Chávez Chávez, para que vaya midiendo cómo lo aborda, es la consolidación de su nueva Policía Federal Ministerial, que viene siendo lo que antes se conocía como la AFI, creada y destruida por el actual secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La nueva corporación deberá demostrar que no es corrupta ni está infiltrada por el narco, que sabe negociar en secuestros con éxito, que es capaz de realizar investigaciones efectivas para atrapar y desmembrar a los grupos del crimen organizado, que es capaz de elaborar verdaderas investigaciones ministeriales para adelantarse a las acciones de los criminales y que no cuenta con las flaquezas de otras corporaciones federales.
Un pendiente más es por el que mañana un grupo de civiles protestará frente a las oficinas del nuevo e impugnadísimo procurador, en Reforma 211. Es un asunto serio: los homicidios contra periodistas que la Fiscalía Especial (dependiente de la PGR) no ha resuelto y ni siquiera sabe cómo abordar. Entre las excusas recurrentes en esta fiscalía para excusarse y no intervenir están el hecho de que, por ejemplo, entre 2007 y 2008, de los 25 crímenes contra los profesionales de la comunicación, sólo tres fueron en el ejercicio de su trabajo. Un fácil deslinde, ¿no?
Y por supuesto, la lista de asesinatos contra periodistas que la PGR debe investigar y resolver se sigue engrosando con el ataque de Norberto Miranda Madrid en plena redacción del periódico digital Radio Visión en Casas Grandes, Chihuahua. Pongamos la lupa en este tema durante las próximas semanas. Vaya trabajo el del nuevo procurador, pero será interesante revisarlo.
Si bien los señalamientos iniciales que hubo en su contra fueron por su actitud y mediocres resultados frente a los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, hoy debe voltear hacia los nuevos retos y tratar de por lo menos quitarse de encima aquel pesado estigma entregando acciones favorables. Entre esos pendientes consideremos como prioridad aquellos que nos deben entregar de manera directa a los ciudadanos comunes, como el fortalecimiento del área de Prevención del Delito de la dependencia a su cargo, que prácticamente nadie conoce ni sabe para qué sirve.
Paralelamente, Chávez debe trabajar en la difusión de sus programas de denuncia anónima, pues la gente sigue con miedo de proporcionar datos de delincuentes y delitos e ignora que la PGR cuenta con áreas especiales de recepción de denuncias, o bueno, hasta ahí nos habíamos quedados. ¿Y por qué de entre las instituciones dedicadas a la seguridad y a la justicia es importante el trabajo ciudadano de esta dependencia federal? La respuesta es que ellos, los servidores públicos de la PGR, son los responsables,por ejemplo, de investigar los secuestros cometidos por grupos organizados y la infiltración del narcotráfico en todas las esferas sociales.
El DF y el Estado de México, en especial esta segunda entidad, presentan altos índices en la comisión de esas dos conductas, fundamentalmente por lo recurrente de ajustes de cuentas con violencia extrema, presencia de casas de seguridad, operaciones financieras en las que se comete lavado de dinero o el riesgo del secuestro de cualquier vecino de Tecamachalco, Polanco, Satélite o cualquiera de nuestras comunidades.
Otro gran pendiente de Chávez Chávez, para que vaya midiendo cómo lo aborda, es la consolidación de su nueva Policía Federal Ministerial, que viene siendo lo que antes se conocía como la AFI, creada y destruida por el actual secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La nueva corporación deberá demostrar que no es corrupta ni está infiltrada por el narco, que sabe negociar en secuestros con éxito, que es capaz de realizar investigaciones efectivas para atrapar y desmembrar a los grupos del crimen organizado, que es capaz de elaborar verdaderas investigaciones ministeriales para adelantarse a las acciones de los criminales y que no cuenta con las flaquezas de otras corporaciones federales.
Un pendiente más es por el que mañana un grupo de civiles protestará frente a las oficinas del nuevo e impugnadísimo procurador, en Reforma 211. Es un asunto serio: los homicidios contra periodistas que la Fiscalía Especial (dependiente de la PGR) no ha resuelto y ni siquiera sabe cómo abordar. Entre las excusas recurrentes en esta fiscalía para excusarse y no intervenir están el hecho de que, por ejemplo, entre 2007 y 2008, de los 25 crímenes contra los profesionales de la comunicación, sólo tres fueron en el ejercicio de su trabajo. Un fácil deslinde, ¿no?
Y por supuesto, la lista de asesinatos contra periodistas que la PGR debe investigar y resolver se sigue engrosando con el ataque de Norberto Miranda Madrid en plena redacción del periódico digital Radio Visión en Casas Grandes, Chihuahua. Pongamos la lupa en este tema durante las próximas semanas. Vaya trabajo el del nuevo procurador, pero será interesante revisarlo.
miércoles, 23 de septiembre de 2009
La línea entre la solidaridad y el miedo
Las opiniones en la calle y los comentarios en los blogs a la noticia de Luis Felipe Hernández Castillo, asesino del metro, son como muchos temas, polarizados.
Ellos se refieren principalmente a la parte que más se difundió y sobre la que los medios de comunicación hicieron más comentarios para enaltecer la figura de un “héroe” ciudadano: el momento en el que un civil, Esteban Cervantes Barrera, se enfrentó con el “loco” armado y en su intento por contenerlo, murió a balazos.
Tras un despliegue informativo en el que se mostró incluso el video en el que detalladamente se pudo observar cómo ocurrió el crimen, las voces del teleadutorio, de vecinos, de oficinistas, de amas de casa y de estudiantes fue de coraje, pues cómo es posible que nadie de entre los cientos de pasajeros de un convoy del metro lleno, se haya acercado para también someter al criminal.
Los blogs dan cuenta de ello. Comentarios como “qué poca sensibilidad”, “¿por qué nadie se acercó a ayudar a este pobre señor?” o “¿en qué nos hemos convertido?” pulularon en las páginas electrónicas de diarios como Reforma y El Universal, en las que la crítica a la pasividad ciudadana fue enorme.
La escena tomada por las cámaras del metro es clara. Los vagones del tren estacionado en la estación Balderas estaban repletos, era hora pico, pero absolutamente nadie salió a “poner orden” y echarle la mano a quien más tarde se supo que era soldador y que vivía en una de las zonas más pobres de la metrópoli: Valle de Chalco.
Ese trabajador, Esteban Cervantes, cual policía, fue el único que trató de contener al hombre que acababa de matar a un agente policiaco real tras llamarle la atención por realizar unas pintas de protesta en las instalaciones del transporte público.
“No hubo solidaridad”, fue el comentario en las calles, haciendo eco a los mensajes de los blogs.
Pero en corto, platicando en casa o con los amigos, y de pronto tímidamente a través de esos mismos espacios por Internet, comenzó a surgir otra postura diferente de los ciudadanos. ¿Quizá más razonada?
“Este hombre se quiso hacer héroe, ¿para qué?”, comentó Leticia R. “¿Estaríamos dispuestos a perder la vida por un asunto de solidaridad?”, completó en un espacio digital la misma persona.
Por ahí apareció un “qué tonto es este señor, ¿nunca pensó en sus hijos?”, o la pregunta de “¿un héroe para qué, para defender a quién?”
Total, nadie está contento.
Pero lo cierto es que este ejemplo debe trasladarse a cualquier otro caso en el que nosotros, que hemos insistido en la acción ciudadana en el tema de seguridad, nos enfrentemos en la vida real.
¿Hasta qué punto seremos capaces de ayudar si vemos un asalto o una agresión a golpes?
¿Es nuestra obligación intervenir físicamente para tratar de someter a quien agrede a otro ciudadano?
¿Se ve mal que demos la vuelta a la esquina cuando observemos que hay una víctima de la delincuencia?
¿Somos malos ciudadanos si nos hacemos los desentendidos ante situaciones de este tipo?
¿Y si en lugar de intervenir directamente buscamos alguna opción como llamar a la Policía?
Nuestro deber y responsabilidad civiles son muy grandes, pero un tema tan brutal como el del asesino del metro nos debe hacer pensar qué papel podemos jugar si nos toca ser testigos.
¿Tú qué hubieras hecho en el lugar del señor Esteban Cervantes?
Ellos se refieren principalmente a la parte que más se difundió y sobre la que los medios de comunicación hicieron más comentarios para enaltecer la figura de un “héroe” ciudadano: el momento en el que un civil, Esteban Cervantes Barrera, se enfrentó con el “loco” armado y en su intento por contenerlo, murió a balazos.
Tras un despliegue informativo en el que se mostró incluso el video en el que detalladamente se pudo observar cómo ocurrió el crimen, las voces del teleadutorio, de vecinos, de oficinistas, de amas de casa y de estudiantes fue de coraje, pues cómo es posible que nadie de entre los cientos de pasajeros de un convoy del metro lleno, se haya acercado para también someter al criminal.
Los blogs dan cuenta de ello. Comentarios como “qué poca sensibilidad”, “¿por qué nadie se acercó a ayudar a este pobre señor?” o “¿en qué nos hemos convertido?” pulularon en las páginas electrónicas de diarios como Reforma y El Universal, en las que la crítica a la pasividad ciudadana fue enorme.
La escena tomada por las cámaras del metro es clara. Los vagones del tren estacionado en la estación Balderas estaban repletos, era hora pico, pero absolutamente nadie salió a “poner orden” y echarle la mano a quien más tarde se supo que era soldador y que vivía en una de las zonas más pobres de la metrópoli: Valle de Chalco.
Ese trabajador, Esteban Cervantes, cual policía, fue el único que trató de contener al hombre que acababa de matar a un agente policiaco real tras llamarle la atención por realizar unas pintas de protesta en las instalaciones del transporte público.
“No hubo solidaridad”, fue el comentario en las calles, haciendo eco a los mensajes de los blogs.
Pero en corto, platicando en casa o con los amigos, y de pronto tímidamente a través de esos mismos espacios por Internet, comenzó a surgir otra postura diferente de los ciudadanos. ¿Quizá más razonada?
“Este hombre se quiso hacer héroe, ¿para qué?”, comentó Leticia R. “¿Estaríamos dispuestos a perder la vida por un asunto de solidaridad?”, completó en un espacio digital la misma persona.
Por ahí apareció un “qué tonto es este señor, ¿nunca pensó en sus hijos?”, o la pregunta de “¿un héroe para qué, para defender a quién?”
Total, nadie está contento.
Pero lo cierto es que este ejemplo debe trasladarse a cualquier otro caso en el que nosotros, que hemos insistido en la acción ciudadana en el tema de seguridad, nos enfrentemos en la vida real.
¿Hasta qué punto seremos capaces de ayudar si vemos un asalto o una agresión a golpes?
¿Es nuestra obligación intervenir físicamente para tratar de someter a quien agrede a otro ciudadano?
¿Se ve mal que demos la vuelta a la esquina cuando observemos que hay una víctima de la delincuencia?
¿Somos malos ciudadanos si nos hacemos los desentendidos ante situaciones de este tipo?
¿Y si en lugar de intervenir directamente buscamos alguna opción como llamar a la Policía?
Nuestro deber y responsabilidad civiles son muy grandes, pero un tema tan brutal como el del asesino del metro nos debe hacer pensar qué papel podemos jugar si nos toca ser testigos.
¿Tú qué hubieras hecho en el lugar del señor Esteban Cervantes?
jueves, 17 de septiembre de 2009
Mujeres, ¿un respiro?
En medio de las historias de policías corruptos, de la vinculación de servidores públicos con el narco y de los cada vez más frecuentes ajustes de cuentas contra elementos del orden, la noticia de que las mujeres hoy estén más involucradas en asuntos de seguridad pública, justicia y Fuerzas Armadas puede resultar un respiro.
De entrada, hoy tienen más responsabilidades, algunas inéditas, lo que permitirá que empiecen a trabajar desde cero y que traten de ser un ejemplo para cada día ganar más espacios o por lo menos afianzar los ya conseguidos.
Si detectamos entonces que una comandante de vialidad no recibe dinero de un infractor, que una jefa antisecuestros logra coordinar bien un operativo y que una mujer de la Policía Federal se mantiene lejos de las tentaciones del narcotráfico, los ciudadanos comprobaremos que más que avanzar en cuestiones de cuota de género, contaremos con una pequeña esperanza de que sí se puede trabajar contra todos esos males de las corporaciones y las instituciones.
Dejando a un lado el vergonzoso caso de la comandante de la Policía Federal, Lorena González –aparentemente más atribuible a la podredumbre generalizada que existe en la dependencia federal-, acusada de coordinar el secuestro del joven Fernando Martí, podemos revisar los más recientes anuncios de la participación femenina, que con bombo y platillo se han realizado en recientes fechas.
Tomando esos ejemplos puede ser el momento de empezar a evaluar el trabajo de estas mujeres mexicanas en las distintas áreas. Pongamos la lupa en dos de estos sectores de gobierno donde se dieron las últimas noticias.
En las Fuerzas Armadas. El hecho simbólico es que por primera vez en la historia, el desfile militar del 16 de Septiembre fue abierto por mujeres, pero la acción real es que ellas ya pueden presentar exámenes para ingresar a algunos cuerpos como la Infantería de Marina o la Escuela Naval de Aviación.
En la conmemoración de ayer en el Zócalo se pudo ya observar a las primeras militares enroladas, quienes deberán mostrar resultados en estas corporaciones que a partir del gobierno de Felipe Calderón fueron revaloradas en el combate al crimen organizado.
Paralelamente, la cadete Andrea Cruz se convirtió en la primera mujer piloto aviador del Ejército en nuestro país.
Y en la Policía Judicial del DF. María del Carmen Núñez Pérez será quien encabece el proceso de depuración de la Judicial capitalina, en plena transformación a Policía Investigadora, al ser designada directora del Estado Mayor de esta corporación.
Tomado estos importantes ejemplos, vayamos tomando nota y comentemos, será interesante.
De entrada, hoy tienen más responsabilidades, algunas inéditas, lo que permitirá que empiecen a trabajar desde cero y que traten de ser un ejemplo para cada día ganar más espacios o por lo menos afianzar los ya conseguidos.
Si detectamos entonces que una comandante de vialidad no recibe dinero de un infractor, que una jefa antisecuestros logra coordinar bien un operativo y que una mujer de la Policía Federal se mantiene lejos de las tentaciones del narcotráfico, los ciudadanos comprobaremos que más que avanzar en cuestiones de cuota de género, contaremos con una pequeña esperanza de que sí se puede trabajar contra todos esos males de las corporaciones y las instituciones.
Dejando a un lado el vergonzoso caso de la comandante de la Policía Federal, Lorena González –aparentemente más atribuible a la podredumbre generalizada que existe en la dependencia federal-, acusada de coordinar el secuestro del joven Fernando Martí, podemos revisar los más recientes anuncios de la participación femenina, que con bombo y platillo se han realizado en recientes fechas.
Tomando esos ejemplos puede ser el momento de empezar a evaluar el trabajo de estas mujeres mexicanas en las distintas áreas. Pongamos la lupa en dos de estos sectores de gobierno donde se dieron las últimas noticias.
En las Fuerzas Armadas. El hecho simbólico es que por primera vez en la historia, el desfile militar del 16 de Septiembre fue abierto por mujeres, pero la acción real es que ellas ya pueden presentar exámenes para ingresar a algunos cuerpos como la Infantería de Marina o la Escuela Naval de Aviación.
En la conmemoración de ayer en el Zócalo se pudo ya observar a las primeras militares enroladas, quienes deberán mostrar resultados en estas corporaciones que a partir del gobierno de Felipe Calderón fueron revaloradas en el combate al crimen organizado.
Paralelamente, la cadete Andrea Cruz se convirtió en la primera mujer piloto aviador del Ejército en nuestro país.
Y en la Policía Judicial del DF. María del Carmen Núñez Pérez será quien encabece el proceso de depuración de la Judicial capitalina, en plena transformación a Policía Investigadora, al ser designada directora del Estado Mayor de esta corporación.
Tomado estos importantes ejemplos, vayamos tomando nota y comentemos, será interesante.
miércoles, 9 de septiembre de 2009
Valle Dorado
Hemos hablado en este espacio de diversos y algunos muy graves problemas de seguridad pública. Del secuestro, de la peligrosidad que sufre nuestro entorno por el combate al narcotráfico, de lo responsables que son las autoridades de cuidarnos o de las acciones que podemos emprender como ciudadanos para sentirnos más seguros en la calle y en la casa.
Sin embargo, hay otro tema vinculado con la seguridad y que no está relacionado con la actuación de delincuentes e infractores de la ley que nos acechan. Es el problema de un enemigo también inesperado, a veces cruento, implacable: la naturaleza y los siniestros que a veces ocurren por causas distintas, como los incendios, y que de pronto nos toman de sorpresa, vulnerables y sin haber tomado las medidas de prevención que posteriormente descubrimos que eran fundamentales.
Hoy los vecinos de Valle Dorado, en Tlalnepantla, ven con alivio que después de la tromba, la ruptura del canal de aguas negras y la pesadilla de observar flotando muebles y pertenencias muy queridas, la emergencia casi ya pasó.
No ha quedado superada del todo porque hay que invertir en recuperación de bienes, en reparaciones, en compra de aditamentos para reinstalar negocios, en compostura de vehículos. Para algunos el alivio está más lejos porque perdieron a un ser querido o porque ahora tienen miedo a enfrentarse a alguna enfermedad infecciosa.
Estos vecinos de Valle Dorado también lo reconocen en las calles: hoy se dan de topes porque independientemente del desastre natural, de la negligencia de sus autoridades y constructoras durante años y de lo que puede ocasionar un brusco cambio climático en una metrópoli con tantos puntos flacos, ellos como responsables de su patrimonio pudieron llevar a cabo alguna acción preventiva.
Después de la limpieza que realizan con cloro, mucha agua limpia y escobas que se están acabando por el uso, los colonos en las calles de San Juan o Caracas y en el Bulevard de los Continentes, hacen una lista de lo que en adelante harán y que recomiendan a cualquier otro vecino en la ciudad, pues ya se vio que nadie está exento de sufrir la pérdida de las cosas que más quiere, ni los fraccionamientos de clase media:
1. Asegurar sus viviendas contra desastres naturales –y otras cosas-, pues hace 40 años que se entregaron estas casas, nadie pensó en una contingencia de este tipo.
2. Tomar conciencia, en la próxima compra de una vivienda, del tipo de uso de suelo y probables riesgos al escoger un lugar permanente para vivir. Algunos habitantes caminaban diario por los camellones cubiertos de pasto y no tuvieron presente que debajo de uno de ellos había un gran tubo que podía explotar durante un aguacero.
3. Mantener siempre vigente el seguro del auto y ya se vio que no sólo ante la probabilidad de un robo o de un accidente vehicular.
4. Mantener frecuente contacto entre los familiares que están en casa y los que están en la calle, así como mantener contacto con el mayor número de vecinos para ayudarse entre sí.
5. Asegurar cada máquina, cada mueble y cada instrumento de un negocio. La zona comercial de Valle Dorado padeció inundaciones de aguas negras de casi dos metros y uno de los casos más lamentables es el de una conocida panadería que tenía sus hornos en el sótano.
6. Mantener un contacto permanente con el mayor número de autoridades de seguridad e incluso apoyarse en vigilantes. Después de la tormenta, los colonos pidieron ayuda ante el miedo de actos de rapiña.
7. No confiarse y exigir constantemente a las autoridades que mantengan lo mejor posible la infraestructura del drenaje, la reparación de las calles y el monitoreo de los colectores.
Sin embargo, hay otro tema vinculado con la seguridad y que no está relacionado con la actuación de delincuentes e infractores de la ley que nos acechan. Es el problema de un enemigo también inesperado, a veces cruento, implacable: la naturaleza y los siniestros que a veces ocurren por causas distintas, como los incendios, y que de pronto nos toman de sorpresa, vulnerables y sin haber tomado las medidas de prevención que posteriormente descubrimos que eran fundamentales.
Hoy los vecinos de Valle Dorado, en Tlalnepantla, ven con alivio que después de la tromba, la ruptura del canal de aguas negras y la pesadilla de observar flotando muebles y pertenencias muy queridas, la emergencia casi ya pasó.
No ha quedado superada del todo porque hay que invertir en recuperación de bienes, en reparaciones, en compra de aditamentos para reinstalar negocios, en compostura de vehículos. Para algunos el alivio está más lejos porque perdieron a un ser querido o porque ahora tienen miedo a enfrentarse a alguna enfermedad infecciosa.
Estos vecinos de Valle Dorado también lo reconocen en las calles: hoy se dan de topes porque independientemente del desastre natural, de la negligencia de sus autoridades y constructoras durante años y de lo que puede ocasionar un brusco cambio climático en una metrópoli con tantos puntos flacos, ellos como responsables de su patrimonio pudieron llevar a cabo alguna acción preventiva.
Después de la limpieza que realizan con cloro, mucha agua limpia y escobas que se están acabando por el uso, los colonos en las calles de San Juan o Caracas y en el Bulevard de los Continentes, hacen una lista de lo que en adelante harán y que recomiendan a cualquier otro vecino en la ciudad, pues ya se vio que nadie está exento de sufrir la pérdida de las cosas que más quiere, ni los fraccionamientos de clase media:
1. Asegurar sus viviendas contra desastres naturales –y otras cosas-, pues hace 40 años que se entregaron estas casas, nadie pensó en una contingencia de este tipo.
2. Tomar conciencia, en la próxima compra de una vivienda, del tipo de uso de suelo y probables riesgos al escoger un lugar permanente para vivir. Algunos habitantes caminaban diario por los camellones cubiertos de pasto y no tuvieron presente que debajo de uno de ellos había un gran tubo que podía explotar durante un aguacero.
3. Mantener siempre vigente el seguro del auto y ya se vio que no sólo ante la probabilidad de un robo o de un accidente vehicular.
4. Mantener frecuente contacto entre los familiares que están en casa y los que están en la calle, así como mantener contacto con el mayor número de vecinos para ayudarse entre sí.
5. Asegurar cada máquina, cada mueble y cada instrumento de un negocio. La zona comercial de Valle Dorado padeció inundaciones de aguas negras de casi dos metros y uno de los casos más lamentables es el de una conocida panadería que tenía sus hornos en el sótano.
6. Mantener un contacto permanente con el mayor número de autoridades de seguridad e incluso apoyarse en vigilantes. Después de la tormenta, los colonos pidieron ayuda ante el miedo de actos de rapiña.
7. No confiarse y exigir constantemente a las autoridades que mantengan lo mejor posible la infraestructura del drenaje, la reparación de las calles y el monitoreo de los colectores.
miércoles, 2 de septiembre de 2009
A recomponer
A pocos días de asumir cargos, los nuevos presidentes en el Estado de México se han dado cuenta de las calamidades heredadas de sus antecesores, principalmente en materia de corrupción, seguridad pública y justicia.
Echemos un vistazo a lo que los nuevos ediles y sus gabinetes se están enfrentando, asuntos que muy seguramente deberán recomponer.
En Naucalpan, por ejemplo, más de mil policías municipales tienen sus licencias de portación de arma de fuego vencidas o simplemente no las tienen; el municipio viene arrastrando una inexplicable deuda que asciende a mil millones de pesos, y para colmo, el Cuerpo de Bomberos opera con pésimo equipo, salarios irrisorios y cn vehículos descompuestos y viejos.
Cuautitlán Izcalli debe subsanar un adeudo de 2 mil millones de pesos que se ha visto reflejado en la falta de pago a empleados municipales, quienes ya comenzaron a realizar actos públicos de protesta.
Huixquilucan enfrenta serios rezagos en programas de seguridad impulsados por las autoridades. Digamos que los vecinos prácticamente se han visto orillados a pagarse y garantizarse un clima de seguridad adecuado.
Esto no es privativo de nuestras colonias de la zona poniente. En el oriente, el gobierno municipal de Nezahualcóyotl está trabajando a marchas forzadas en la revisión de plazas de policías pues se detectó que el anterior gobierno perredista otorgó ascensos a amigos y compadres. Como cereza en el pastel, los uniformados trabajan con chalecos antibalas agujerados y semidestruidos, con patrullas a las que todo les falla y con armas obsoletas y descompuestas.
Más al norte, en Ecatepec, el municipio más poblado del país, se detecgtó un verdadero caos en los niveles y tabuladores de las estructuras de gobierno, al grado de que existen 87 distintos tipos de plazas para secretarias, quienes lógicamente cuentan con sueldos que difieren diariamente unos de otros.
Si le rascamos un poco a Tlalnepantla, Atizapán o Toluca, podremos observar casos similares.
Mientras tanto, tendremos que hacer seguimientos a los primeros casos documentados, como los ya expuestos, para verificar que haya sanciones y se deslinden responsabilidades. ¿Será esto posible? Quizá sí, y esa podrá ser una ventaja de que varias localidades hayan cambiado de partido.
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Echemos un vistazo a lo que los nuevos ediles y sus gabinetes se están enfrentando, asuntos que muy seguramente deberán recomponer.
En Naucalpan, por ejemplo, más de mil policías municipales tienen sus licencias de portación de arma de fuego vencidas o simplemente no las tienen; el municipio viene arrastrando una inexplicable deuda que asciende a mil millones de pesos, y para colmo, el Cuerpo de Bomberos opera con pésimo equipo, salarios irrisorios y cn vehículos descompuestos y viejos.
Cuautitlán Izcalli debe subsanar un adeudo de 2 mil millones de pesos que se ha visto reflejado en la falta de pago a empleados municipales, quienes ya comenzaron a realizar actos públicos de protesta.
Huixquilucan enfrenta serios rezagos en programas de seguridad impulsados por las autoridades. Digamos que los vecinos prácticamente se han visto orillados a pagarse y garantizarse un clima de seguridad adecuado.
Esto no es privativo de nuestras colonias de la zona poniente. En el oriente, el gobierno municipal de Nezahualcóyotl está trabajando a marchas forzadas en la revisión de plazas de policías pues se detectó que el anterior gobierno perredista otorgó ascensos a amigos y compadres. Como cereza en el pastel, los uniformados trabajan con chalecos antibalas agujerados y semidestruidos, con patrullas a las que todo les falla y con armas obsoletas y descompuestas.
Más al norte, en Ecatepec, el municipio más poblado del país, se detecgtó un verdadero caos en los niveles y tabuladores de las estructuras de gobierno, al grado de que existen 87 distintos tipos de plazas para secretarias, quienes lógicamente cuentan con sueldos que difieren diariamente unos de otros.
Si le rascamos un poco a Tlalnepantla, Atizapán o Toluca, podremos observar casos similares.
Mientras tanto, tendremos que hacer seguimientos a los primeros casos documentados, como los ya expuestos, para verificar que haya sanciones y se deslinden responsabilidades. ¿Será esto posible? Quizá sí, y esa podrá ser una ventaja de que varias localidades hayan cambiado de partido.
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miércoles, 26 de agosto de 2009
Para hacer cumplir el acuerdo
El trabajo de las instituciones de los diferentes niveles de gobierno y de los tres Poderes de la Unión fue meticulosamente revisado y calificado por la organización México Unido contra la Delincuencia y Consulta Mitofsky, con relación al tema del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que ya cumplió un año.
Casi todos reprobaron, pero a los gobiernos locales y a los estatales les fue peor que a nadie. Su calificación fue de 0.9 y 3, respectivamente, en una escala del 0 al 10, con base en los puntos del Acuerdo que les correspondía cumplir.
A estas autoridades les corresponde prevenir e investigar los delitos del fuero común, que son los que afectan a nuestra integridad y a nuestro patrimonio, como el robo, el homicidio y el secuestro. Por cierto, en el combate a este último delito –y por el que surgió este gran Acuerdo- tenían ya que presentar avances en el arranque de sus unidades antiplagio.
Lo peor es que los resultados ya se veían venir considerando que en las revisiones a 100 y 200 días no había todavía resultados optimistas.
Tras este panorama y frente a los escandalosos tropiezos que algunas instituciones siguen teniendo en el tema de la seguridad, fundamentalmente el secuestro (léase la Procuraduría de Justicia capitalina con el Caso Coppel y el “fuego amigo”), los ciudadanos tenemos la posibilidad de hacer evaluaciones y servir como observatorio de lo que hacen nuestros policías, nuestros ministerios públicos y algunas otras autoridades.
El Acuerdo Nacional nos incluye como vecinos y habitantes del territorio mexicano y también contempla el trabajo de los medios de comunicación en la difusión de noticias de seguridad y de justicia.
Como parte de este gran documento, podemos ser la parte que sí sirva, que sí impulse y que orille a nuestras autoridades, desde las del más bajo nivel en las estructuras, a irnos dando resultados.
Por eso, no olvidemos incluir este tema y revisar lo que podemos hacer como parte que somos de ese Acuerdo en nuestra próxima reunión de vecinos. Leamos el documento, tomemos en serio que podemos ejercer una gran presión y actuemos.
Quizá para los próximos 100 días logremos impulsar algún buen cambio.
Casi todos reprobaron, pero a los gobiernos locales y a los estatales les fue peor que a nadie. Su calificación fue de 0.9 y 3, respectivamente, en una escala del 0 al 10, con base en los puntos del Acuerdo que les correspondía cumplir.
A estas autoridades les corresponde prevenir e investigar los delitos del fuero común, que son los que afectan a nuestra integridad y a nuestro patrimonio, como el robo, el homicidio y el secuestro. Por cierto, en el combate a este último delito –y por el que surgió este gran Acuerdo- tenían ya que presentar avances en el arranque de sus unidades antiplagio.
Lo peor es que los resultados ya se veían venir considerando que en las revisiones a 100 y 200 días no había todavía resultados optimistas.
Tras este panorama y frente a los escandalosos tropiezos que algunas instituciones siguen teniendo en el tema de la seguridad, fundamentalmente el secuestro (léase la Procuraduría de Justicia capitalina con el Caso Coppel y el “fuego amigo”), los ciudadanos tenemos la posibilidad de hacer evaluaciones y servir como observatorio de lo que hacen nuestros policías, nuestros ministerios públicos y algunas otras autoridades.
El Acuerdo Nacional nos incluye como vecinos y habitantes del territorio mexicano y también contempla el trabajo de los medios de comunicación en la difusión de noticias de seguridad y de justicia.
Como parte de este gran documento, podemos ser la parte que sí sirva, que sí impulse y que orille a nuestras autoridades, desde las del más bajo nivel en las estructuras, a irnos dando resultados.
Por eso, no olvidemos incluir este tema y revisar lo que podemos hacer como parte que somos de ese Acuerdo en nuestra próxima reunión de vecinos. Leamos el documento, tomemos en serio que podemos ejercer una gran presión y actuemos.
Quizá para los próximos 100 días logremos impulsar algún buen cambio.
miércoles, 19 de agosto de 2009
Partiendo de Cero
Esta semana los municipios del Estado de México estrenaron ediles y hoy es la mejor oportunidad para que los vecinos, desde el primer momento, exijan que se cumplan las promesas de campaña, principalmente las relativas al tema de seguridad pública, el más sensible y prioritario en muchas de nuestras comunidades.
A través de organizaciones civiles, con cartas o e-mails o utilizando los canales que tienen disponibles los ayuntamientos, tenemos el derecho de hacerles esos recordatorios.
Por ejemplo, a la priista Azucena Olivares, de Naucalpan, le debemos recordar su compromiso de fortalecer a su Policía Municipal y a modernizar las paupérrimas instalaciones de su cuerpo de bomberos.
Arturo Ugalde, de Tlalnepantla, se aventó a formular 11 estrategias contra la inseguridad y que hoy está obligado a cumplir, entre las que destacan la creación de un nuevo modelo para el registro de policías y un plan de cero tolerancia contra la corrupción.
En Huixquilucan, Alfredo del Mazo también utilizó el tema de seguridad pública para ganar varios de los votos que lo llevaron al triunfo y hoy debe cumplir con la creación del Consejo Municipal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y en colocar una red de videovigilancia en su municipio, plan que le saldría demasiado caro sobre todo si se considera la crisis económica que le está comenzando a pegar a los ayuntamientos de todo el país.
Si bien el apoyo y la unión vecinal han sido fundamentales para que se avance en temas como este y si el trabajo en nuestras comunidades deberá seguir, no dejemos de exigir a los presidentes municipales, además de esas promesas que hicieron, que también cumplan con los requerimientos básicos para por lo menos sentirnos más seguros en las calles, en la casa y en las escuelas.
Es decir, los municipos por default tienen que contar con policías adecuadamente equipados con patrullas nuevas y en buen estado, con armamento a la altura para enfrentar a los delincuentes y, sobre todo, con sueldos que los alejen de la corrupción y que les permitan amar su trabajo.
lunes, 17 de agosto de 2009
Balas perdidas
Las ejecuciones, los enfrentamientos policías-narcos y en general la violencia generada por el crimen organizado pueden ser todavía más graves cuando se convierten, además, en un problema de inseguridad pública. Es decir, cuando el ciudadano común es más vulnerable por el riesgo que estos hechos generan en el entorno.
En términos llanos, este tipo de violencia crece en dimensiones si a cualquiera de nosotros le toca presenciarlo, escucharlo o peor aún, si se sufre alguna agresión –por bala perdida, puede ser- tras encontrarnos cerca de donde ocurre.
El tema viene al caso por las imágenes posteriores a la ejecución, el domingo pasado, de la abogada Silvia Raquenel Villanueva en Monterrey. La ya de por sí terrible escena del cuerpo sin vida de la litigante, nos acerca más a nuestra realidad cuando se añaden datos de contexto. Uno de ellos, el rápido cierre de negocios aledaños observados en un segundo plano, y otro más, la joven testigo que en medio de un aparatoso ataque de histeria es trasladada en camilla hacia una ambulancia.
Situaciones como esta, para desgracia de todos nosotros, se han presentado en nuestras diferentes comunidades de la Zona Metropolitana. O sea, no se trata de episodios de una película policiaca o no necesariamente de una ciudad lejana. Son hechos peligrosamente cercanos a nuestras comunidades.
Tecamachalco padeció uno de estos ejemplos en junio de 2008, cuando un hombre de aproximadamente 30 años apareció decapitado y en el asiento trasero de una camioneta Mitsubishi, modelo Montero. La cabeza se encontraba a un lado, envuelta en una cartulina blanca en la que se podía leer “a todos los que se metan al Estado, así quedarán”, como dedicatoria escrita. Los vecinos pudieron presenciar el hallazgo.
En el DF, la delegación Miguel Hidalgo fue territorio para otro caso, muy sonado, de ejecución a un mando policiaco y otros dos subalternos en el interior de un negocio con varios clientes como testigos y frente la mirada atónita de habitantes de la colonia Argentina que iban pasando. Se trata del caso registrado el 26 de junio del año pasado, del comandante de la entonces Policía Federal Preventiva, Igor Labastida, muerto por una ráfaga de balas.
Y en Polanco, zona concurrida por sus negocios, oficinas y viviendas, no es la excepción. Los clientes que comían en el restaurante “El rincón argentino”, de Presidente Masaryk, el 28 de agosto de 2007, ya tienen una desagradable historia que contar. Resulta que les tocó atestiguar el “levantón” de por lo menos cuatro personas efectuado por 15 sujetos que llegaron en dos camionetas de lujo.
Los ejemplos se pueden ir enumerando y de persistir estos ajustes de cuentas y política del garrote para supuestamente abatir al narco, cada vez más de nosotros estaremos cerca, de manera circunstancial, a estos actos extremos.
Los delitos olvidados
Las autoridades que tenemos, según podemos interpretar a partir de lo que transmiten los medios de comunicación, son altamente eficaces porque detienen a peligrosos secuestradores, arman aparatosos operativos para capturar a narcotraficantes e invierten en tecnología para impulsar rimbombantes proyectos que nos harán sentir más seguros como la gran base de datos que se llama Plataforma México.
Sí, esas son noticias que nos recetan a diario y quizá tras apagar el televisor nos quedamos con un peso menos encima.
Sabemos que ya hasta encontraron y desarticularon a dos bandas que secuestraron al joven Fernando Martí o que varios policías se metieron a una iglesia a atrapar a dos integrantes más de La Familia Michoacana. ¿Y eso qué significa? ¿Nosotros nos sentimos mejor, más protegidos?
Horas después de conocer estas noticias, al salir a trabajar, a hacer compras o simplemente a enfrentarnos a nuestra vida diaria, ¿realmente nos sentimos ligeramente más seguros?
Frente al combate feroz a los delitos de alto impacto –así les dicen las autoridades- nos siguen robando el coche con pistola en mano, se siguen metiendo violentamente a nuestra casa, nos continúan quitando la quincena en el microbús, a nuestros hijos les ofrecen droga en la escuela.
¿De esos aparentemente pequeños delitos quién nos protege?
El gobierno federal contestará que no son de su competencia, sino de la de las autoridades del fuero común. Y las autoridades del fuero común responderán que el gobierno federal no ha apoyado con recursos y que además aquellos la tienen bien fácil porque combaten sólo el 7 por ciento de las conductas ilícitas, cifra correspondiente a las del orden federal.
Lo cierto es que a los ciudadanos como tú o como yo, las competencias nos importan muy poco. Nosotros queremos salir a las calles y permanecer en nuestra casa con tranquilidad.
Hay un muy buen ejemplo que ilustra que la inseguridad se sigue incrementando: el robo a casa habitación. Tomemos dos municipios del Estado de México que lo padecen de manera alarmante: Tlalnepantla y Hixquilucan.
En el primero de los casos, la comunidad de Valle Dorado se encuentra alarmadísima porque el fin de semana pasado hubo por lo menos tres asaltos de este tipo, con lo que calculan que van alrededor de 20 durante los últimos tres meses.
Por ello, ayer mismo los vecinos colocaron una manta de dos metros de largo y uno de ancho en Boulevard de las Naciones y Río de Janeiro, en donde piden al presidente municipal Marco Antonio Rodríguez que atienda este problema.
En varios fraccionamientos de Huixquilucan, en tanto, los vecinos gastan miles de pesos contratando patrullas de seguridad privada, colocando alarmas con sensores o cerrando cada vez más calles con plumas y casetas de vigilancia.
Reacciones ciudadanas similares siguen surgiendo en nuestras comunidades por otros delitos como la extorsión telefónica, el robo de infantes, el robo de vehículos, la violación y desaparición de jovencitas y hasta los sobornos que cometen los policías.
Del combate a esos delitos que según las corporaciones policiacas no son de alto impacto, que son los más cercanos a la mayoría de nosotros, que son los más frecuentes y que nos vulneran más, queremos una explicación.
Sí, esas son noticias que nos recetan a diario y quizá tras apagar el televisor nos quedamos con un peso menos encima.
Sabemos que ya hasta encontraron y desarticularon a dos bandas que secuestraron al joven Fernando Martí o que varios policías se metieron a una iglesia a atrapar a dos integrantes más de La Familia Michoacana. ¿Y eso qué significa? ¿Nosotros nos sentimos mejor, más protegidos?
Horas después de conocer estas noticias, al salir a trabajar, a hacer compras o simplemente a enfrentarnos a nuestra vida diaria, ¿realmente nos sentimos ligeramente más seguros?
Frente al combate feroz a los delitos de alto impacto –así les dicen las autoridades- nos siguen robando el coche con pistola en mano, se siguen metiendo violentamente a nuestra casa, nos continúan quitando la quincena en el microbús, a nuestros hijos les ofrecen droga en la escuela.
¿De esos aparentemente pequeños delitos quién nos protege?
El gobierno federal contestará que no son de su competencia, sino de la de las autoridades del fuero común. Y las autoridades del fuero común responderán que el gobierno federal no ha apoyado con recursos y que además aquellos la tienen bien fácil porque combaten sólo el 7 por ciento de las conductas ilícitas, cifra correspondiente a las del orden federal.
Lo cierto es que a los ciudadanos como tú o como yo, las competencias nos importan muy poco. Nosotros queremos salir a las calles y permanecer en nuestra casa con tranquilidad.
Hay un muy buen ejemplo que ilustra que la inseguridad se sigue incrementando: el robo a casa habitación. Tomemos dos municipios del Estado de México que lo padecen de manera alarmante: Tlalnepantla y Hixquilucan.
En el primero de los casos, la comunidad de Valle Dorado se encuentra alarmadísima porque el fin de semana pasado hubo por lo menos tres asaltos de este tipo, con lo que calculan que van alrededor de 20 durante los últimos tres meses.
Por ello, ayer mismo los vecinos colocaron una manta de dos metros de largo y uno de ancho en Boulevard de las Naciones y Río de Janeiro, en donde piden al presidente municipal Marco Antonio Rodríguez que atienda este problema.
En varios fraccionamientos de Huixquilucan, en tanto, los vecinos gastan miles de pesos contratando patrullas de seguridad privada, colocando alarmas con sensores o cerrando cada vez más calles con plumas y casetas de vigilancia.
Reacciones ciudadanas similares siguen surgiendo en nuestras comunidades por otros delitos como la extorsión telefónica, el robo de infantes, el robo de vehículos, la violación y desaparición de jovencitas y hasta los sobornos que cometen los policías.
Del combate a esos delitos que según las corporaciones policiacas no son de alto impacto, que son los más cercanos a la mayoría de nosotros, que son los más frecuentes y que nos vulneran más, queremos una explicación.
La super policía
Nuestro gobierno federal podrá vivir uno de sus peores momentos al tener que enfrentar lo que es ya una fuerte crisis económica, al permanecer a la expectativa ante un siguiente brote de influenza A H1N1, al no poder contener la violencia del narcotráfico traducida en ejecuciones violentas y con la mayor saña, e incluso al tener que trabajar en todos los temas para ganar la confianza de un electorado que amenaza con tirar al partido político en el poder.
Pero hay algo que salva a nuestro gobierno federal o más bien que nuestras autoridades federales están presumiendo en los medios de comunicación como un respiro en medio del desierto: su flamante, eficaz, certera y salvadora Policía Federal.
¿Es cierto este mensaje mediático? ¿Verdaderamente es el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a cargo de esa corporación, el super policía que resuelve los secuestros que más han conmovido a la población y el que dio ya con la estructura y modus operandi del violento grupo de narcos de La Familia Michoacana para desarticularlo?
Esa respuesta no la tenemos ahora pero sí podemos, como ciudadanos, hacer un listado de dudas relacionadas con la rendición de cuentas que por lo menos el gobierno de Felipe Calderón debe contestar para que no nos quede duda de la transparencia y buen trabajo de sus dependencias, entre ellas la Policía Federal. Vaya, para que estemos convencidos por lo menos de la eficacia y sobresaliente trabajo de este cuerpo policiaco frente al resto de instituciones. Entre nuestro listado, podemos sugerir lo siguiente:
1. ¿Cuáles son las pruebas contundentes que nos demuestren que efectivamente quedaron resueltos los secuestros y homicidios de Fernando Martí y Silvia Vargas? Claro, estas pruebas deben dejar claro que entre los detenidos están los que deben de estar.
2. ¿Qué evidencias tiene la Policía Federal (o la Secretaría de Seguridad Pública, que es la dependencia a la que pertenece) para asegurar que la indagatoria que hizo la Procuraduría de Justicia del DF –esta sí, institución dedicada por ley y por tradición a la investigación- contra la banda de “La Flor”, quien se presumía había plagiado y matado a Martí, llevaron a la detención de una organización equivocada?
3. ¿Dónde está la intervención de la PGR, que es la autoridad investigadora federal, en los casos Martí y Vargas? ¿Por qué no salió para la foto en las diversas conferencias de prensa de la Policía Federal?
4. ¿Por qué las nuevas modificaciones legales impulsadas por el gobierno federal se empeñan en darle cada vez más facultades para investigar a la Policía Federal, que con esos cambios perdió su nombre de “Preventiva”?
5. ¿Por qué están dando tanto apoyo, legal, monetario y mediático, a la corporación a cargo de García Luna, quien entre otras cosas ha sido amenazado por el narcotráfico a través de mantas colocadas en puentes peatonales y en voz de un supuesto capo que hizo una llamada telefónica a un canal local de televisión en Michoacán?
6. ¿Por qué de pronto le dan tanto juego a este funcionario a quien en la actual administración de gobierno le mataron a por lo menos tres mandos claves –entre ellos Édgar Millán, en algún momento comisionado de la Policía Federal antes Preventiva- y a quien meses después también le asesinaron en varios ataques a uniformados de tropa que hacían labores de inteligencia en Michoacán?
7. ¿Por qué el principal tema de la agenda nacional el martes 28 de julio fue la detención ce cuatro secuestradores de una banda bautizada como “Los Rojos”? Paralelamente, por cierto, están los temas del dinero que cada vez alcanza menos en México, la espera de una gripe enorme que puede provocar más muertos de los que ya hubo y el incendio en una guardería en Sonora por el que nadie, ni mandatarios, ni autoridades del Seguro, ni los ministros de la Corte, han dicho “esta boca es mía”.
8. ¿Por qué el principal tema de la agenda nacional el miércoles 29 de julio también se encargará de marcarlo justo esa fecha a primera hora (para entonces ya estarás leyendo este blog) la Policía Federal?
9. ¿Y de verdad es esta corporación la super policía? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Por decisión de quién?
Pero hay algo que salva a nuestro gobierno federal o más bien que nuestras autoridades federales están presumiendo en los medios de comunicación como un respiro en medio del desierto: su flamante, eficaz, certera y salvadora Policía Federal.
¿Es cierto este mensaje mediático? ¿Verdaderamente es el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a cargo de esa corporación, el super policía que resuelve los secuestros que más han conmovido a la población y el que dio ya con la estructura y modus operandi del violento grupo de narcos de La Familia Michoacana para desarticularlo?
Esa respuesta no la tenemos ahora pero sí podemos, como ciudadanos, hacer un listado de dudas relacionadas con la rendición de cuentas que por lo menos el gobierno de Felipe Calderón debe contestar para que no nos quede duda de la transparencia y buen trabajo de sus dependencias, entre ellas la Policía Federal. Vaya, para que estemos convencidos por lo menos de la eficacia y sobresaliente trabajo de este cuerpo policiaco frente al resto de instituciones. Entre nuestro listado, podemos sugerir lo siguiente:
1. ¿Cuáles son las pruebas contundentes que nos demuestren que efectivamente quedaron resueltos los secuestros y homicidios de Fernando Martí y Silvia Vargas? Claro, estas pruebas deben dejar claro que entre los detenidos están los que deben de estar.
2. ¿Qué evidencias tiene la Policía Federal (o la Secretaría de Seguridad Pública, que es la dependencia a la que pertenece) para asegurar que la indagatoria que hizo la Procuraduría de Justicia del DF –esta sí, institución dedicada por ley y por tradición a la investigación- contra la banda de “La Flor”, quien se presumía había plagiado y matado a Martí, llevaron a la detención de una organización equivocada?
3. ¿Dónde está la intervención de la PGR, que es la autoridad investigadora federal, en los casos Martí y Vargas? ¿Por qué no salió para la foto en las diversas conferencias de prensa de la Policía Federal?
4. ¿Por qué las nuevas modificaciones legales impulsadas por el gobierno federal se empeñan en darle cada vez más facultades para investigar a la Policía Federal, que con esos cambios perdió su nombre de “Preventiva”?
5. ¿Por qué están dando tanto apoyo, legal, monetario y mediático, a la corporación a cargo de García Luna, quien entre otras cosas ha sido amenazado por el narcotráfico a través de mantas colocadas en puentes peatonales y en voz de un supuesto capo que hizo una llamada telefónica a un canal local de televisión en Michoacán?
6. ¿Por qué de pronto le dan tanto juego a este funcionario a quien en la actual administración de gobierno le mataron a por lo menos tres mandos claves –entre ellos Édgar Millán, en algún momento comisionado de la Policía Federal antes Preventiva- y a quien meses después también le asesinaron en varios ataques a uniformados de tropa que hacían labores de inteligencia en Michoacán?
7. ¿Por qué el principal tema de la agenda nacional el martes 28 de julio fue la detención ce cuatro secuestradores de una banda bautizada como “Los Rojos”? Paralelamente, por cierto, están los temas del dinero que cada vez alcanza menos en México, la espera de una gripe enorme que puede provocar más muertos de los que ya hubo y el incendio en una guardería en Sonora por el que nadie, ni mandatarios, ni autoridades del Seguro, ni los ministros de la Corte, han dicho “esta boca es mía”.
8. ¿Por qué el principal tema de la agenda nacional el miércoles 29 de julio también se encargará de marcarlo justo esa fecha a primera hora (para entonces ya estarás leyendo este blog) la Policía Federal?
9. ¿Y de verdad es esta corporación la super policía? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Por decisión de quién?
¿Quién está mintiendo?
A la una de la mañana del viernes 17 de julio, los empleados de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública federal hicieron contacto con los reporteros de la fuente para informarles que seis horas después les harían un anuncio importante.
La dependencia, urgida por dar un buen golpe después de tantas bajas de policías provocadas por el cártel de La Familia apenas unas horas antes, entre ellas 12 muertos de un jalón, tenía que mostrar algo espectacular. Así lo hizo, presentó a los ahora sí verdaderos secuestradores del joven Fernando Martí.
Es decir, el mensaje fue hacer borrón y cuenta nueva con ese caso.¿Y entonces qué pasó con el camino supuestamente andado de la investigación primera que se hizo? ¿Qué pasó con la banda de “La Flor”? ¿Y “El Apá”? ¿Y “La Lore”, que por cierto trabajaba en Seguridad Pública federal? ¿Y lo que ya avalaron los jueces de la presunta responsabilidad de todos esos detenidos en el crimen de Martí?
Miguel Ángel Mancera, el procurador capitalino, responsable de esa primera investigación, se quedó mudo y tardó varias horas en reaccionar y salir a dar una respuesta mientras que su jefe Marcelo Ebrard estaba de gira por Bolivia.
Es decir, la coordinación que días después recalcaran las autoridades federales y del Distrito Federal que existía, en los hechos brilló por su ausencia en las indagatorias del caso Martí. Los del DF fueron reaccionando como pudieron y empezaron a declarar cosas como que tomarían las declaraciones de “Los Petriciolet” –los ahora verdaderos responsables-, que las dos organizaciones delictivas tenían sus nexos –o sea que todos, los nuevos y los viejos, estaban involucrados en el crimen- y que para nada hay discordancias entre autoridades.
Los federales insistieron en un primer momento en que “sus” detenidos estaban ya confesos del crimen de Martí y que no parecía existir culpabilidad de la banda de “La Flor” en el secuestro y asesinato cometidos hace más de un año.
Es decir, se fueron con todo a descalificar un primer trabajo de investigación ya de por sí cuestionado al principio.
La SSP aparentemente logró un primer objetivo y para este fin de semana ya nadie se acordaba de las agresiones de La Familia Michoacana, con granadas y balas de por medio, a sus policías federales. El tema de conversación era la torpeza y el ridículo de la Procuraduría capitalina y su tal vez inventada banda de “La Flor”.
Una vez cambiado el tema de prioridad nacional, la autoridad federal fue paulatinamente matizando su anuncio y hasta el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, y otros funcionarios federales, salieron a suavizar el asunto al decir que existe una amplia coordinación de las autoridades de diferentes niveles de gobierno y que sí, tal como lo asegurara Mancera, se juntarían ambas investigaciones pues había puntos de coincidencia.
Nosotros, como ciudadanos comunes, tratamos de entender este juego pero no nos quedan claras muchas cosas. La primera pregunta que tenemos muchos de nosotros, por supuesto, es quién nos está mintiendo.
A través de nuevos anuncios y datos que se han ido revelando, podremos ir conociendo el rompecabezas que seguramente ninguna autoridad ha terminado de armar.
Entre otras cosas, aún falta esperar que el Tribunal Superior de Justicia del DF regrese de vacaciones y dé a conocer su postura. Porque también está en entredicho el trabajo de los jueces locales en el caso.
La dependencia, urgida por dar un buen golpe después de tantas bajas de policías provocadas por el cártel de La Familia apenas unas horas antes, entre ellas 12 muertos de un jalón, tenía que mostrar algo espectacular. Así lo hizo, presentó a los ahora sí verdaderos secuestradores del joven Fernando Martí.
Es decir, el mensaje fue hacer borrón y cuenta nueva con ese caso.¿Y entonces qué pasó con el camino supuestamente andado de la investigación primera que se hizo? ¿Qué pasó con la banda de “La Flor”? ¿Y “El Apá”? ¿Y “La Lore”, que por cierto trabajaba en Seguridad Pública federal? ¿Y lo que ya avalaron los jueces de la presunta responsabilidad de todos esos detenidos en el crimen de Martí?
Miguel Ángel Mancera, el procurador capitalino, responsable de esa primera investigación, se quedó mudo y tardó varias horas en reaccionar y salir a dar una respuesta mientras que su jefe Marcelo Ebrard estaba de gira por Bolivia.
Es decir, la coordinación que días después recalcaran las autoridades federales y del Distrito Federal que existía, en los hechos brilló por su ausencia en las indagatorias del caso Martí. Los del DF fueron reaccionando como pudieron y empezaron a declarar cosas como que tomarían las declaraciones de “Los Petriciolet” –los ahora verdaderos responsables-, que las dos organizaciones delictivas tenían sus nexos –o sea que todos, los nuevos y los viejos, estaban involucrados en el crimen- y que para nada hay discordancias entre autoridades.
Los federales insistieron en un primer momento en que “sus” detenidos estaban ya confesos del crimen de Martí y que no parecía existir culpabilidad de la banda de “La Flor” en el secuestro y asesinato cometidos hace más de un año.
Es decir, se fueron con todo a descalificar un primer trabajo de investigación ya de por sí cuestionado al principio.
La SSP aparentemente logró un primer objetivo y para este fin de semana ya nadie se acordaba de las agresiones de La Familia Michoacana, con granadas y balas de por medio, a sus policías federales. El tema de conversación era la torpeza y el ridículo de la Procuraduría capitalina y su tal vez inventada banda de “La Flor”.
Una vez cambiado el tema de prioridad nacional, la autoridad federal fue paulatinamente matizando su anuncio y hasta el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, y otros funcionarios federales, salieron a suavizar el asunto al decir que existe una amplia coordinación de las autoridades de diferentes niveles de gobierno y que sí, tal como lo asegurara Mancera, se juntarían ambas investigaciones pues había puntos de coincidencia.
Nosotros, como ciudadanos comunes, tratamos de entender este juego pero no nos quedan claras muchas cosas. La primera pregunta que tenemos muchos de nosotros, por supuesto, es quién nos está mintiendo.
A través de nuevos anuncios y datos que se han ido revelando, podremos ir conociendo el rompecabezas que seguramente ninguna autoridad ha terminado de armar.
Entre otras cosas, aún falta esperar que el Tribunal Superior de Justicia del DF regrese de vacaciones y dé a conocer su postura. Porque también está en entredicho el trabajo de los jueces locales en el caso.
Indefensión
Balas, granadas, ráfagas y fuego de todo tipo son utilizados indiscriminadamente por el crimen organizado contra un objetivo muy claro: la Policía Federal.
Frente a este escenario de guerra que ha vivido nuestro país en los últimos días hay dos visiones totalmente distintas. La del gobierno de Felipe Calderón, que asegura que los narcos están desesperados y que continuará la respuesta oficial –también con balas, claro- hasta sus últimas consecuencias, y la de los ciudadanos, quienes entrevistados en las calles se dicen preocupados y seguros de que las cosas no están bien.
¿Podrá tener razón un gobierno al que le matan a sus agentes mejor preparados, incluso amparados por una ley nuevecita que les da mayores facultades de acción, a través de ataques perfectamente sincronizados en Michoacán, Guerrero y Guanajuato?
¿Podrá tener razón un gobierno al que después le emboscan a 12 de sus agentes, entre ellos una mujer, y los ejecutan con todo lujo de la violencia a la que nos ha acostumbrado el narcotráfico?
¿Podrá tener razón un gobierno al que, encima de todo eso, le descubren a otro grupo de policías camuflado en un autobús turístico y le avientan una serie de explosivos?
¿Podrá tener razón un gobierno que utilizó semanas antes su batalla sin cuartel contra la delincuencia organizada como campaña electoral a favor del partido que representa, logrando con ello un escandalosos fracaso traducido en la pérdida de muchísimos votos?
Ahora analicemos la perspectiva del ciudadano, como tú y como yo. ¿Tendremos razón con nuestra postura si paulatinamente evitamos salir a las calles con nuestros hijos por el puro miedo de que nos toque una granada perdida?
No, quienes tenemos acceso a este espacio seguramente no vivimos en Michoacán.
Pero la organización criminal de La Familia, con quien ahora está en guerra el gobierno federal, se ha demostrado que opera también permanece en otras entidades, como el Estado de México, donde habitamos personas como tú y como yo, que salimos a trabajar, a divertirnos y a hacer nuestra vida, hasta ahora normal.
¿Tú con cuál de las dos visiones te quedas?Un dato. Hay especialistas como Edgardo Buscaglia, profesor en Derecho del ITAM, a quienes les queda claro que la administración de Calderón está jugándole al policía y al ladrón en lugar de solucionar el problema de fondo como podría ser atacar las estructuras financieras de estos grupos delictivos, quienes prácticamente sostienen la economía de poblaciones enteras.
Otro más. Servando Gómez Martínez, “El Tuta”, como llaman al líder de La Familia Michoacana, habló a un programa de televisión para ofrecer un pacto con el gobierno. Ahí dijo también que sí están en guerra con la Policía Federal pero no con el Ejército a quien respetan.
Al Ejército que efectivamente no ha sido blanco de las agresiones y que, por cierto, tampoco ha ayudado a la Policía Federal a aplicar los operativos, a patrullar o simplemente a hacer presencia en esta etapa de indefensión.
Frente a este escenario de guerra que ha vivido nuestro país en los últimos días hay dos visiones totalmente distintas. La del gobierno de Felipe Calderón, que asegura que los narcos están desesperados y que continuará la respuesta oficial –también con balas, claro- hasta sus últimas consecuencias, y la de los ciudadanos, quienes entrevistados en las calles se dicen preocupados y seguros de que las cosas no están bien.
¿Podrá tener razón un gobierno al que le matan a sus agentes mejor preparados, incluso amparados por una ley nuevecita que les da mayores facultades de acción, a través de ataques perfectamente sincronizados en Michoacán, Guerrero y Guanajuato?
¿Podrá tener razón un gobierno al que después le emboscan a 12 de sus agentes, entre ellos una mujer, y los ejecutan con todo lujo de la violencia a la que nos ha acostumbrado el narcotráfico?
¿Podrá tener razón un gobierno al que, encima de todo eso, le descubren a otro grupo de policías camuflado en un autobús turístico y le avientan una serie de explosivos?
¿Podrá tener razón un gobierno que utilizó semanas antes su batalla sin cuartel contra la delincuencia organizada como campaña electoral a favor del partido que representa, logrando con ello un escandalosos fracaso traducido en la pérdida de muchísimos votos?
Ahora analicemos la perspectiva del ciudadano, como tú y como yo. ¿Tendremos razón con nuestra postura si paulatinamente evitamos salir a las calles con nuestros hijos por el puro miedo de que nos toque una granada perdida?
No, quienes tenemos acceso a este espacio seguramente no vivimos en Michoacán.
Pero la organización criminal de La Familia, con quien ahora está en guerra el gobierno federal, se ha demostrado que opera también permanece en otras entidades, como el Estado de México, donde habitamos personas como tú y como yo, que salimos a trabajar, a divertirnos y a hacer nuestra vida, hasta ahora normal.
¿Tú con cuál de las dos visiones te quedas?Un dato. Hay especialistas como Edgardo Buscaglia, profesor en Derecho del ITAM, a quienes les queda claro que la administración de Calderón está jugándole al policía y al ladrón en lugar de solucionar el problema de fondo como podría ser atacar las estructuras financieras de estos grupos delictivos, quienes prácticamente sostienen la economía de poblaciones enteras.
Otro más. Servando Gómez Martínez, “El Tuta”, como llaman al líder de La Familia Michoacana, habló a un programa de televisión para ofrecer un pacto con el gobierno. Ahí dijo también que sí están en guerra con la Policía Federal pero no con el Ejército a quien respetan.
Al Ejército que efectivamente no ha sido blanco de las agresiones y que, por cierto, tampoco ha ayudado a la Policía Federal a aplicar los operativos, a patrullar o simplemente a hacer presencia en esta etapa de indefensión.
¿Y ahora?
La sociedad civil organizada recibió un infame golpe, uno de los peores que se recuerden, con el crimen de Benjamín Le Barón, el joven mormón que impulsó la medida de dejar de pagar rescate a los secuestradores, mucho más valiente y definitiva que cualquiera que hayan tomado las autoridades.
En el municipio de Galeana, Chihuahua, a LeBarón, de 31 años de edad, lo “levantó” un grupo armado, junto con su cuñado Luis Whitman. Los desconocidos, unos 20 vestidos de soldados, llegaron hasta su casa y se lo llevaron; Luis se asomó a ver qué ocurría y repitieron con él la operación.
Los dos cuerpos sin vida aparecerían horas después en un paraje con múltiples huellas de bala y con un mensaje firmado por quien se identificó como “El General”.
La primera pregunta, la fundamental, la básica es... ¿Quién nos podrá proteger hasta en nuestra propia casa?
Otra más será: ¿por qué tenemos que ser los ciudadanos los que tengamos que aplicar medidas desesperadas contra delitos que no terminan, que siguen vigentes a lo largo de los años sólo con algunas modalidades, como es el secuestro?
Ante un ejemplo como el anterior, ¿qué podremos proponer o hasta dónde podemos llegar los ciudadanos que no tenemos placa, armas ni recursos para utilizar tecnología contra el crimen?
Tú y yo, con esas limitaciones, quizá no tengamos la respuesta, pero por lo menos cada autoridad encargada de la seguridad y la justicia en las colonias, los municipios, pequeñas o grandes localidades, calles, estados y zonas del país nos debe una respuesta o al menos algún dato esperanzador que nos haga sentir tranquilidad.
Hoy por la mañana será importante escuchar el mensaje conjunto que darán esas organizaciones que trabajan en contra del delito. México Unido contra la Delincuencia, Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, México SOS, el ICESI, Convivencia sin Violencia, Iluminemos México y otras más harán su pronunciamiento.
Horas antes, Isabel Miranda de Wallace, una conocida madre de familia que realizó su propia investigación para dar con los secuestradores de su hijo, adelantó su postura ante el caso de Chihuahua.
“Yo creo que las denuncias públicas tienen mucho riesgo, la gente que nos atrevemos a hacerlo de alguna manera estamos expuestos a esto que vivió este hombre, yo misma lo he vivido; hacer denuncias entraña un grave riesgo”, enfatizó.
Después de estos pronunciamientos, lo que esperamos con mucho interés es aunque sea una respuesta oficial confortante, alentadora, inteligente. Aunque sea una sola.
El domingo 5
En medio de tantas campañas de descalificaciones, de guerras de spots, de partidos en los que la gente no cree y otros que buscan arrebatar gobiernos y curules, de detenciones masivas de alcaldes y otros funcionarios, del Ejército en las calles de algunos ciudades o incluso en medio del clima de violencia por delincuencia común o del crimen organizado que para nada ha cesado en el país… ¿la gente podrá ir a votar este domingo sin miedo?
En la ciudad de México y sus área metropolitana ya existen los respectivos operativos policiacos y las órdenes debidas para contener alguna contingencia en los focos rojos que se han detectado.
Las autoridades responsables –entre ellas la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal- se niegan a hablar de ese tipo de “focos”; mejor les llaman zonas de atención en las que más que violencia prevén jaloneos que se verán reflejados en la presentación de denuncias electorales. Por eso, dicen, se utilizaron dos criterios para catalogarlas: la reñida competencia entre los partidos que buscan liderar y la alta concentración de votantes.
De esta forma, en el Distrito Federal destacan como las zonas que requerirán mayor vigilancia Iztapalapa, en especial la zona de San Miguel Teotongo y donde la bronca Brugada-Oliva ha generado una bomba explosiva que hasta el próximo domingo sabremos si detonará y cómo lo hará, así como Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán y Gustavo A. Madero.
En el Estado de México, calculan sus autoridades estatales y algunas municipales, hay dos grandes zonas que no hay que perder de vista: una, el corredor azul que podría dejar de perder este color y que contempla a los municipios de Naucalpan y Tlalnepantla, y el oriente, donde vive parte de la población de esta entidad más marginada y aguerrida.
En el primero de los casos, más que esperar golpes y balazos, se prevén resultados de una votación que tendrán que resolverse en tribunales si las diferencias en los resultados son mínimas, mientras que en el segundo habría que aguardar una pequeña chispa que haga estallar a sectores de la población ya muy inconformes de gobiernos corruptos, pobreza y del abandono que tienen como parte de la metrópoli.
Ahí se tendrá que poner la lupa especialmente en Chimalhuacán, tierra de “La Loba”; Ixtapaluca, donde el edil perredista Mario Moreno fue detenido por secuestro y hoy busca un lugar en la Cámara de Diputados; Valle de Chalco, donde estos días el temor de sus habitantes vuelve a ser que por las lluvias se vuelvan a inundar con las aguas del Canal de la Compañía, e incluso el pequeño municipio de La Paz.
Pese a todas estas consideraciones y conociendo los focos de mayor cuidado, las policías preventivas y ministeriales del DF y de la entidad mexiquense garantizan que habrá la vigilancia y la protección necesarias. Ahora nos toca a nosotros decidir si este domingo acudiremos a la casilla que nos corresponde para plasmar nuestras preferencias políticas o bien anular nuestro voto.
Pensémoslo, pues.
En la ciudad de México y sus área metropolitana ya existen los respectivos operativos policiacos y las órdenes debidas para contener alguna contingencia en los focos rojos que se han detectado.
Las autoridades responsables –entre ellas la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal- se niegan a hablar de ese tipo de “focos”; mejor les llaman zonas de atención en las que más que violencia prevén jaloneos que se verán reflejados en la presentación de denuncias electorales. Por eso, dicen, se utilizaron dos criterios para catalogarlas: la reñida competencia entre los partidos que buscan liderar y la alta concentración de votantes.
De esta forma, en el Distrito Federal destacan como las zonas que requerirán mayor vigilancia Iztapalapa, en especial la zona de San Miguel Teotongo y donde la bronca Brugada-Oliva ha generado una bomba explosiva que hasta el próximo domingo sabremos si detonará y cómo lo hará, así como Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán y Gustavo A. Madero.
En el Estado de México, calculan sus autoridades estatales y algunas municipales, hay dos grandes zonas que no hay que perder de vista: una, el corredor azul que podría dejar de perder este color y que contempla a los municipios de Naucalpan y Tlalnepantla, y el oriente, donde vive parte de la población de esta entidad más marginada y aguerrida.
En el primero de los casos, más que esperar golpes y balazos, se prevén resultados de una votación que tendrán que resolverse en tribunales si las diferencias en los resultados son mínimas, mientras que en el segundo habría que aguardar una pequeña chispa que haga estallar a sectores de la población ya muy inconformes de gobiernos corruptos, pobreza y del abandono que tienen como parte de la metrópoli.
Ahí se tendrá que poner la lupa especialmente en Chimalhuacán, tierra de “La Loba”; Ixtapaluca, donde el edil perredista Mario Moreno fue detenido por secuestro y hoy busca un lugar en la Cámara de Diputados; Valle de Chalco, donde estos días el temor de sus habitantes vuelve a ser que por las lluvias se vuelvan a inundar con las aguas del Canal de la Compañía, e incluso el pequeño municipio de La Paz.
Pese a todas estas consideraciones y conociendo los focos de mayor cuidado, las policías preventivas y ministeriales del DF y de la entidad mexiquense garantizan que habrá la vigilancia y la protección necesarias. Ahora nos toca a nosotros decidir si este domingo acudiremos a la casilla que nos corresponde para plasmar nuestras preferencias políticas o bien anular nuestro voto.
Pensémoslo, pues.
Construyendo sueños
El tema de la seguridad, tan sensible y trascendente para cualquier ciudadano como tú o como yo, también es fundamental en las plataformas de campaña de cualquier candidato a algún cargo de elección.
Pero siendo la prioridad de cualquier gobierno de nuestro país, ¿una propuesta en esta materia será determinante para que decidamos por quién votar?
Si es así, analicemos lo que ofrecen algunos de los candidatos a jefes delegacionales o a presidentes municipales en cuestiones de seguridad pública y justicia para tratar de determinar si existe viabilidad, si son plataformas bien pensadas o si de plano son sueños guajiros que sólo suenan bonito.
El panista Édgar Olvera, quien pelea la presidencia municipal de Naucalpan, tiene como prioridad, como muchos otros candidatos, el tema de la seguridad, y por ello buscará tirar la casa por la ventana colocando cámaras de video en las colonias más conflictivas. Una gran propuesta, sólo que hay que recordarle que ni es novedosa y que otros gobiernos no han podido hacerlo ni con el paso de los años ni con toda la voluntad demostrada cuando hacen sus anuncios.
En el metro de la ciudad de México, por ejemplo, no han logrado instalar la totalidad de las cámaras que tenían pensadas desde hace 15 años –todavía con los priistas en el Departamento del Distrito Federal a cargo- que la entonces Gerencia de Vigilancia planteaba.
Y bueno, también se supone que las principales avenidas del DF cuentan con videovigilancia. Efectivamente ahí están las cámaras… lo malo es que no sirven. Me consta porque gracias a que estos aditamentos están de adorno no se pudo siquiera empezar a investigar la muerte de un amigo al que atropellaron en Insurgentes y San Luis Potosí, en plena colonia Roma.
Olvera también propone la creación de un manual de uso de la fuerza para policías. Bueno, digamos que este tema forma parte de protocolos internacionales que las corporaciones del mundo deberían seguir en automático, pero se agradece la gentileza.
Si este hombre gana, en una de esas se adelanta al gobierno de Enrique Peña Nieto que no logra avanzar en este tema, después de los penosos cuestionamientos por el caso Atenco que mancharon a dos que tres autoridades de distintos niveles, y entre ellas, por supuesto, las del Estado de México.
Vayamos con la contrincante del panista, la representante del PRI Azucena Olivares, a quien solamente le dedicaremos este párrafo porque entre sus tres principales ejes de gobierno no está el tema de la seguridad pública. ¿Será que esto le beneficia por el hecho de no comprometerse tanto con un tema tan complicado?
En Miguel Hidalgo, la corredora Ana Gabriela Guevara, del PRD, por supuesto que incluyó dentro de sus prioridades el tema.
Por eso lo desmenuzó de la siguiente manera y nosotros habremos de analizar rápidamente los subtemas.“Vamos a trabajar en coordinación con el gobierno central para una mayor prevención del delito”. Claro, antes que comprometerse con algo, tenía que dar el espaldarazo al jefe Marcelo Ebrard.
“Mas tecnología”. ¿Máaaaas?, ¿a poco ya hay tecnología? Y si la hay, ¿realmente les servirá? Digamos que hay cosas que sí sirven; por ejemplo, los radios de comunicación de los policías del DF son útiles para que los reporteros lleguen a cubrir sus notas policiacas al lugar de los hechos, antes que los propios uniformados.
“Nuevas patrullas”. Antes eran Tsuru, luego Topaz, después Cavalier, hoy hay modelos Tiida; es decir, siempre llegan nuevas patrullas, ¿cuál sería la novedad ahora?, ¿sólo la marca?
“Un programa de policía de barrio”. Va un premio a quien dé el mayor número de nombres de autoridades capitalinas –entre ellas jefes de policía- que hicieron esta propuesta cuando llegaron.
En fin, quien compite con la medallista olímpica es el panista Demetrio Sodi, que más que tocar en lo general el tema de la seguridad, consideró más útil incluir algunas de sus vertientes en sus tres principales ejes de trabajo.
La primera es crear un consejo ciudadano para poner orden en la policía y otra más es impulsar un programa de “cero corrupción” a partir de la transparencia total. Tampoco suenan nuevos pero habrá que conocer los pormenores.
La lista puede seguir pero podemos hacer un alto para reflexionar qué nos parecen estos propósitos de los candidatos.
Pero siendo la prioridad de cualquier gobierno de nuestro país, ¿una propuesta en esta materia será determinante para que decidamos por quién votar?
Si es así, analicemos lo que ofrecen algunos de los candidatos a jefes delegacionales o a presidentes municipales en cuestiones de seguridad pública y justicia para tratar de determinar si existe viabilidad, si son plataformas bien pensadas o si de plano son sueños guajiros que sólo suenan bonito.
El panista Édgar Olvera, quien pelea la presidencia municipal de Naucalpan, tiene como prioridad, como muchos otros candidatos, el tema de la seguridad, y por ello buscará tirar la casa por la ventana colocando cámaras de video en las colonias más conflictivas. Una gran propuesta, sólo que hay que recordarle que ni es novedosa y que otros gobiernos no han podido hacerlo ni con el paso de los años ni con toda la voluntad demostrada cuando hacen sus anuncios.
En el metro de la ciudad de México, por ejemplo, no han logrado instalar la totalidad de las cámaras que tenían pensadas desde hace 15 años –todavía con los priistas en el Departamento del Distrito Federal a cargo- que la entonces Gerencia de Vigilancia planteaba.
Y bueno, también se supone que las principales avenidas del DF cuentan con videovigilancia. Efectivamente ahí están las cámaras… lo malo es que no sirven. Me consta porque gracias a que estos aditamentos están de adorno no se pudo siquiera empezar a investigar la muerte de un amigo al que atropellaron en Insurgentes y San Luis Potosí, en plena colonia Roma.
Olvera también propone la creación de un manual de uso de la fuerza para policías. Bueno, digamos que este tema forma parte de protocolos internacionales que las corporaciones del mundo deberían seguir en automático, pero se agradece la gentileza.
Si este hombre gana, en una de esas se adelanta al gobierno de Enrique Peña Nieto que no logra avanzar en este tema, después de los penosos cuestionamientos por el caso Atenco que mancharon a dos que tres autoridades de distintos niveles, y entre ellas, por supuesto, las del Estado de México.
Vayamos con la contrincante del panista, la representante del PRI Azucena Olivares, a quien solamente le dedicaremos este párrafo porque entre sus tres principales ejes de gobierno no está el tema de la seguridad pública. ¿Será que esto le beneficia por el hecho de no comprometerse tanto con un tema tan complicado?
En Miguel Hidalgo, la corredora Ana Gabriela Guevara, del PRD, por supuesto que incluyó dentro de sus prioridades el tema.
Por eso lo desmenuzó de la siguiente manera y nosotros habremos de analizar rápidamente los subtemas.“Vamos a trabajar en coordinación con el gobierno central para una mayor prevención del delito”. Claro, antes que comprometerse con algo, tenía que dar el espaldarazo al jefe Marcelo Ebrard.
“Mas tecnología”. ¿Máaaaas?, ¿a poco ya hay tecnología? Y si la hay, ¿realmente les servirá? Digamos que hay cosas que sí sirven; por ejemplo, los radios de comunicación de los policías del DF son útiles para que los reporteros lleguen a cubrir sus notas policiacas al lugar de los hechos, antes que los propios uniformados.
“Nuevas patrullas”. Antes eran Tsuru, luego Topaz, después Cavalier, hoy hay modelos Tiida; es decir, siempre llegan nuevas patrullas, ¿cuál sería la novedad ahora?, ¿sólo la marca?
“Un programa de policía de barrio”. Va un premio a quien dé el mayor número de nombres de autoridades capitalinas –entre ellas jefes de policía- que hicieron esta propuesta cuando llegaron.
En fin, quien compite con la medallista olímpica es el panista Demetrio Sodi, que más que tocar en lo general el tema de la seguridad, consideró más útil incluir algunas de sus vertientes en sus tres principales ejes de trabajo.
La primera es crear un consejo ciudadano para poner orden en la policía y otra más es impulsar un programa de “cero corrupción” a partir de la transparencia total. Tampoco suenan nuevos pero habrá que conocer los pormenores.
La lista puede seguir pero podemos hacer un alto para reflexionar qué nos parecen estos propósitos de los candidatos.
Un grupo para dar confianza
Un año después de que el secuestro volviera a ser una preocupación para las autoridades a partir de los plagios y asesinatos de los jóvenes Fernando Martí y Silvia Vargas, ya la ciudad de México cuenta con su Fuerza Antisecuestros (o FAS, como decidieron llamarle), un grupo especializado con una concepción diferente a las corporaciones que antes se supone también se habían creado para perseguir, investigar y evitar este delito.
Con 87 agentes certificados, la nueva unidad investigadora, dependiente de la Procuraduría capitalina, es la primera en el país que cubre varios protocolos que deberán seguir el resto de las que serán creadas –por exigencias de la Procuraduría General de la República- para poder operar. La certificación respondió a pruebas de control de confianza, toxicológicas y de manejo de crisis.
Asimismo, la FAS opera a partir de cuatro subgrupos especializados en tareas muy específicas. Es decir, hay agentes que solamente negocian, otros son especialistas en tiro y participan en los rescates, otros más hacen investigación de campo y el resto realizan labores de inteligencia. Esto permite, dicen, mejores resultados en menos tiempo.Todos ellos son los argumentos que da Miguel Ángel Mancera y su gente para anunciar con bombo y platillo el inicio de operaciones de su unidad especial, cuyas instalaciones con tecnología de punta se localizan en Azcapotzalco.
La pregunta que surge ahora es ¿verdaderamente todos nosotros podremos confiar en la flamante FAS y a partir de hoy denunciar este tipo de delitos con toda libertad? No olvidemos que invariablemente todas las organizaciones dedicadas a secuestrar que han sido desmembradas, eran solapadas y hasta encabezadas por agentes policiacos.
Por ejemplo, para la organización conocida como “La Flor”, señalada como la responsable de plagiar y matar al joven Martí, trabajaba la policía Lorena González, integrante de un área especial supuestamente creada para combatir el secuestro dentro de la Agencia Federal de Investigación (AFI). También en su momento, por cierto, las tareas de la dependencia federal también fueron dadas a conocer con bombo y platillo.
Y con esquemas similares –con el apoyo de policías locales, federales, preventivos, judiciales, de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y todos lo que se nos ocurran- trabajaron los hermanos Arizmendi , los violentos pupilos de Andrés Caletri o nuevas bandas que se siguen reproduciendo como “Los Chiconcuac”, en el Estado de México.
Con la creación de la FAS, que irá multiplicándose en el resto de las entidades a partir de la formación de otras fuerzas antisecuestros idénticas al parecer, las autoridades de los diferentes niveles de gobierno tratan de fortalecer sus campañas en pro de la denuncia e intentarán desprestigiar a abogados y grupos de negociadores particulares bajo el argumento de que a estos les interesa más el dinero que la integridad de las víctimas.
¿Les hacemos caso?
Soldados a escena
¿Qué pensaría usted si al abrir la puerta de su casa descubre que las calles de su colonia están sitiadas por elementos del Ejército mexicano?
¿Y si al ir al súper las entradas y los pasillos tienen presencia de soldados haciendo guardia?
¿O qué tal si de camino a la escuela de sus hijos aparecen, a medio camino, varios retenes militares cuyos elementos le marcan el alto para revisar su vehículo, pedirle identificación y hacer anotaciones de lo que encuentren?
Hoy es cada vez más frecuente que las distintas ciudades, poblados y comunidades vivan en carne propia escenas, no siempre afortunadas, en las que el Ejército es protagonista, siempre en pos de la seguridad, si nos vamos con las explicaciones oficiales.
El más reciente ejemplo le tocó al turístico puerto de Acapulco cuando en la tradicional zona de Caleta, elementos del Ejército llegaron a hacer detenciones y se enfrentaron por varias horas a presuntos narcotraficantes.
Los vecinos vivieron el terror durante varias horas. Balazos aislados, luego ráfagas de fuego provocadas con lo que presumen fueron cuernos de chivo y después granadas, según supieron después por la prensa, unas 20.
Entre el reguero de muertos había dos civiles; es decir, ciudadanos comunes como usted o como yo que ni están del lado de las fuerzas de seguridad ni del de los delincuentes.
La noche del sábado pasado, cuando ocurrieron esos hechos, no terminó la pesadilla. Todo el día siguiente los soldados sitiaron calles e hicieron cateos de manera indiscriminada. Revisaron hoteles con todo y turistas, desvistieron a trabajadores de un taller mecánico, entraron a casas a punta de pistola.
La gente optó por esconderse en sus viviendas y cerrar sus negocios. Aseguran que nunca antes había ocurrido algo así en el corazón de este centro turístico.
Otro de los más recientes golpes de nuestro Ejército ocurrió hace unos días cuando sus integrantes tomaron el palacio de gobierno de Morelia, oficinas públicas, domicilios y calles de Michoacán, para dar el mayor golpe contra el narcotráfico ligado con alcaldes y comandantes que se recuerde.
El gobierno federal presume resultados positivos; el estatal lamenta la ilegal irrupción y decenas de ciudadanos hasta hicieron concentraciones y manifestaciones para condenar este operativo.
El caso extremo de estas intervenciones militares en la vida cotidiana se registró justo hace dos años, el 1 de junio de 2007, en una ranchería de la sierra de Sinaloa.
Fue un aparentemente inofensivo retén el que, tras una cuestionable revisión, provocó la muerte de toda una familia, incluyendo a tres niños de 2, 4 y 7 años.
Ni los hechos se han esclarecido ni hay castigo para los culpables. Sólo se dijo en su momento que las víctimas eran narcos.
Ante estas y otras situaciones habrá que pensar si el Ejército está logrando contener al crimen –a decir del constante agradecimiento presidencial a sus fuerzas castrenses- o si los resultados de esta contención más bien están contribuyendo a desquiciar la tranquilidad de la población.
¿Y si al ir al súper las entradas y los pasillos tienen presencia de soldados haciendo guardia?
¿O qué tal si de camino a la escuela de sus hijos aparecen, a medio camino, varios retenes militares cuyos elementos le marcan el alto para revisar su vehículo, pedirle identificación y hacer anotaciones de lo que encuentren?
Hoy es cada vez más frecuente que las distintas ciudades, poblados y comunidades vivan en carne propia escenas, no siempre afortunadas, en las que el Ejército es protagonista, siempre en pos de la seguridad, si nos vamos con las explicaciones oficiales.
El más reciente ejemplo le tocó al turístico puerto de Acapulco cuando en la tradicional zona de Caleta, elementos del Ejército llegaron a hacer detenciones y se enfrentaron por varias horas a presuntos narcotraficantes.
Los vecinos vivieron el terror durante varias horas. Balazos aislados, luego ráfagas de fuego provocadas con lo que presumen fueron cuernos de chivo y después granadas, según supieron después por la prensa, unas 20.
Entre el reguero de muertos había dos civiles; es decir, ciudadanos comunes como usted o como yo que ni están del lado de las fuerzas de seguridad ni del de los delincuentes.
La noche del sábado pasado, cuando ocurrieron esos hechos, no terminó la pesadilla. Todo el día siguiente los soldados sitiaron calles e hicieron cateos de manera indiscriminada. Revisaron hoteles con todo y turistas, desvistieron a trabajadores de un taller mecánico, entraron a casas a punta de pistola.
La gente optó por esconderse en sus viviendas y cerrar sus negocios. Aseguran que nunca antes había ocurrido algo así en el corazón de este centro turístico.
Otro de los más recientes golpes de nuestro Ejército ocurrió hace unos días cuando sus integrantes tomaron el palacio de gobierno de Morelia, oficinas públicas, domicilios y calles de Michoacán, para dar el mayor golpe contra el narcotráfico ligado con alcaldes y comandantes que se recuerde.
El gobierno federal presume resultados positivos; el estatal lamenta la ilegal irrupción y decenas de ciudadanos hasta hicieron concentraciones y manifestaciones para condenar este operativo.
El caso extremo de estas intervenciones militares en la vida cotidiana se registró justo hace dos años, el 1 de junio de 2007, en una ranchería de la sierra de Sinaloa.
Fue un aparentemente inofensivo retén el que, tras una cuestionable revisión, provocó la muerte de toda una familia, incluyendo a tres niños de 2, 4 y 7 años.
Ni los hechos se han esclarecido ni hay castigo para los culpables. Sólo se dijo en su momento que las víctimas eran narcos.
Ante estas y otras situaciones habrá que pensar si el Ejército está logrando contener al crimen –a decir del constante agradecimiento presidencial a sus fuerzas castrenses- o si los resultados de esta contención más bien están contribuyendo a desquiciar la tranquilidad de la población.
Martí, a un año
A punto de cumplirse un año del secuestro y muerte del joven Fernando Martí, hay tres imágenes que muestran lo que está ocurriendo en el país meses después del fuerte repudio social y de la espectacular respuesta que en su momento tuvo la autoridad para demostrar que actuaría contra ese crimen.
Primera escena. El presidente Felipe Calderón encabeza por primera vez –antes era el secretario de Gobernación- el Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional con la presencia de gobernadores, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el gabinete de seguridad.
El mandatario hizo un balance a lo que se supone tendría que ser secuela a las reuniones tras el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, signado entre prácticamente todos los sectores como respuesta al caso Martí. Entre otras cosas dijo que descubrió, como para justificar sus recientes operativos en Michoacán y Nuevo León, que existe redes de protección al crimen organizado y que es claro el alcance y poder corruptor de las organizaciones delictivas.
Que ya hay nuevas leyes para que los diferentes niveles de gobierno se coordinen mejor. Que las Fuerzas Armadas no van a seguir en las calles toda la vida. Que su gobierno detuvo a personajes importantes del narco que eran conocidos con alias como “El Napo”, “Vicentillo”, “El Canicón”, “La Burra”, “El Ingeniero”, “El Tatanka” o “El Doctor”… Después se acordó del tema del secuestro y en un escueto informe dijo cosas como que su administración logró liberar a más de 600 víctimas y que la mitad de los estados de la República están en proceso de fortalecer sus nuevas unidades antisecuestro.
Segunda escena. Alejandro Martí, el padre del muchacho plagiado el 4 de junio del año pasado y cuyo cuerpo apareció días después sin vida y encajuelado por la zona sur de la ciudad de México, firmó un convenio con la Coparmex y no estuvo presente como representante de la sociedad civil en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El empresario comentó que el trabajo de las autoridades en las investigaciones tras la muerte de su hijo, no ha sido tan veloz como la sociedad quisiera.
Tercera escena. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) trabaja en el esclarecimiento de un nuevo crimen muy parecido al del joven Martí. Esta vez la víctima es Antonio Equihua, un muchacho de 16 años, hijo de una familia de comerciantes pero con perfil social y económico diferente al de Fernando.
A Antonio lo plagiaron 322 días después del secuestro de Martí; 244 días después de suscribirse el tan difundido Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y 227 días más tarde de que atraparan a los operadores de la banda de “La Flor”, presunta responsable de secuestrar y matar a Fernando.
Hoy el procurador capitalino Miguel Ángel Mancera dice que los responsables de este nuevo caso no son de la misma organización delictiva. Más bien cree que son imitadores.
Después de estas imágenes, ¿cuál será el balance un año después?
Primera escena. El presidente Felipe Calderón encabeza por primera vez –antes era el secretario de Gobernación- el Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional con la presencia de gobernadores, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el gabinete de seguridad.
El mandatario hizo un balance a lo que se supone tendría que ser secuela a las reuniones tras el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, signado entre prácticamente todos los sectores como respuesta al caso Martí. Entre otras cosas dijo que descubrió, como para justificar sus recientes operativos en Michoacán y Nuevo León, que existe redes de protección al crimen organizado y que es claro el alcance y poder corruptor de las organizaciones delictivas.
Que ya hay nuevas leyes para que los diferentes niveles de gobierno se coordinen mejor. Que las Fuerzas Armadas no van a seguir en las calles toda la vida. Que su gobierno detuvo a personajes importantes del narco que eran conocidos con alias como “El Napo”, “Vicentillo”, “El Canicón”, “La Burra”, “El Ingeniero”, “El Tatanka” o “El Doctor”… Después se acordó del tema del secuestro y en un escueto informe dijo cosas como que su administración logró liberar a más de 600 víctimas y que la mitad de los estados de la República están en proceso de fortalecer sus nuevas unidades antisecuestro.
Segunda escena. Alejandro Martí, el padre del muchacho plagiado el 4 de junio del año pasado y cuyo cuerpo apareció días después sin vida y encajuelado por la zona sur de la ciudad de México, firmó un convenio con la Coparmex y no estuvo presente como representante de la sociedad civil en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El empresario comentó que el trabajo de las autoridades en las investigaciones tras la muerte de su hijo, no ha sido tan veloz como la sociedad quisiera.
Tercera escena. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) trabaja en el esclarecimiento de un nuevo crimen muy parecido al del joven Martí. Esta vez la víctima es Antonio Equihua, un muchacho de 16 años, hijo de una familia de comerciantes pero con perfil social y económico diferente al de Fernando.
A Antonio lo plagiaron 322 días después del secuestro de Martí; 244 días después de suscribirse el tan difundido Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y 227 días más tarde de que atraparan a los operadores de la banda de “La Flor”, presunta responsable de secuestrar y matar a Fernando.
Hoy el procurador capitalino Miguel Ángel Mancera dice que los responsables de este nuevo caso no son de la misma organización delictiva. Más bien cree que son imitadores.
Después de estas imágenes, ¿cuál será el balance un año después?
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